Por José Luis Bermejo
Profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza
El “síndrome del piso vacío” es una manifestación de ambición sobre lo ajeno que algunos políticos sienten cuando algunos ciudadanos encuentran dificultades para acceder a la vivienda.
En concreto, los políticos empatizan con los demandantes de vivienda y se conmueven de la carestía de los precios de la vivienda y de las rentas arrendaticias, abominando de los propietarios, a quienes consideran sujetos insolidarios y defraudadores de la llamada “función social de la propiedad”, cuando no inmisericordes especuladores. Aunque es más común entre la izquierda radical, la izquierda moderada puede llegar a sentir este síndrome hasta el punto de adherirse al discurso de aquélla, secundando las soluciones propuestas (aumentos de la carga fiscal o expropiación temporal del uso para destinarlo al alquiler forzoso) y dedicando sus energías a perfilarlas y hacerlas realidad. El ejercicio de una libertad económica tal como el arrendamiento de uno o más pisos (activo, el “poner en alquiler”) puede provocar sentimientos parecidos, en el entendido (bastante sesgado) de que las rentas arrendaticias que perciben los propietarios deben ser abonadas por personas que carecen de una vivienda propia y que, por lo tanto, han de reputarse desfavorecidas frente a las que cuentan con viviendas desocupadas. En opinión de muchos, la vivienda debería ser asequible (o sea, barata) e incluso gratuita, en los casos de menesterosidad extrema. En este marco de pensamiento, el término “vivienda” podría ser reemplazado con cualquier otro objeto de consumo, tal como “alimento”, “vestimenta”, “vehículo”, “educación”, “sanidad”, “turismo”, “deporte”, “entretenimiento”, “cultura”, “joya”, “financiación”, “I+D+i”, sin importar la posición de cuantas personas se hallan comprometidas en la maquinaria dedicada a la provisión de dichos objetos tanto como la de sus potenciales destinatarios.
Otros síndromes causados por la misma inspiración justicialista y totalitarista han cundido en el pasado y se hallan en estado de latencia, cuando no erradicados (por ejemplo, el de la “finca manifiestamente mejorable”). El “síndrome del piso vacío” es proteico y multiforme, con el tiempo podría llegar a transmutarse en otros síndromes con la misma potencia expoliadora como el del “saldo bancario yacente” o el del “vehículo infrautilizado”. Estos síndromes emergerían en el mismo momento en que los políticos populistas advirtieran la legítima apetencia de los citados objetos por parte de una cantidad de personas carentes de ellos, ante la posesión –probablemente ilegítima- de los mismos por parte de otras personas.
Hay una natural inclinación de nuestro sistema institucional hacia el “síndrome del piso vacío”: la afirmación absoluta y literalista de un derecho constitucional a la vivienda digna y adecuada, la libérrima interpretación de la cláusula de la “función social de la propiedad”, el rotundo sometimiento de la libertad de empresa a las exigencias de la economía general y, llegado el caso, de la planificación, la plena subordinación de toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad al interés general, la innegable inspiración de nuestro sistema tributario en los principios de igualdad y/pero progresividad… en este marco de propensión al síndrome, no es de extrañar que cualquier instancia pública pueda emprender una o varias terapias concurrentes, más o menos agresivas, para paliarlo.
La incógnita acerca de qué deba entenderse por “piso vacío” a los efectos del síndrome queda siempre sin despejar, así como tampoco se suele explicar el cuándo, el dónde, el cuánto y el quién del remedio.
José Luis Bermejo Latre, profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza
