Javier Úbeda y Jorge Cervera
El juez, en cuanto funcionario público, tendría que aplicar la ley.
Pero en su esencia como juez, como defensor de los derechos de las personas, también tendría que ayudar a los débiles contra el abuso de los fuertes; es decir, tendría que condenar a las personas y al sistema que pisotean los derechos de otras personas consideradas, injustamente, como esclavos.
Un juez tiene la función de defender lo justo, lo bueno, lo que merece todo ser humano simplemente por ser humano. No puede, por lo mismo, doblegarse a decisiones de los grupos de poder (sean dictadores, sean parlamentos democráticos o gobiernos) que permiten como derecho lo que es un delito.
Los jueces tienen una función básica en la vida social. Su tarea es enorme, es difícil, es comprometedora. Con jueces honestos y amantes de la verdad, con jueces serios en su trabajo diario y en el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano, es posible construir un mundo mejor. También cuando llega la hora de enfrentarse a presiones que pueden implicar el sacrificio de la propia vida, o cuando el Estado impone leyes injustas que ningún juez fiel a lo que su nombre indica puede avalar.
Será entonces cuando encontremos jueces que aceptarán sufrir ante amenazas, chantajes o agresiones de diverso tipo, o que perderán su cargo por no someterse a los poderes públicos que imponen leyes y disposiciones con las que se daña a los débiles.
Los jueces están llamados a desempeñar una tarea difícil pero necesaria en la vida social: defender la justicia, castigar los delitos, reparar daños, ayudar a las víctimas.
Pensar que los jueces son seres inmaculados, insobornables, perfectos, objetivos, es casi lo mismo que suponer que no son humanos.
El mal de los corazones, la ambición, los odios, la arbitrariedad, afectan a todas las carreras y a todos los seres humanos. El título universitario, el nombramiento público, los diplomas en las paredes, no garantizan la honestidad de las personas que trabajan en los juzgados.
Los jueces actúan y desarrollan sus actividades según las leyes vigentes en los Estados, y no todas esas leyes son justas.
Ha ocurrido, ocurre, y por desgracia ocurrirá en el futuro (si nadie lo remedia), que algunas leyes son claramente inicuas y promueven un sistema político injusto, opresivo, liberticida, hasta el punto de promover el «delito legal» (una especie de contradicción jurídica por desgracia no imposible).
Es hermoso encontrar jueces valientes, dispuestos a mantener en alto el ideal de justicia por el que un día comprometieron la propia existencia para trabajar por la defensa de los derechos de todos, sin discriminaciones arbitrarias, porque su vocación social les lleva a defender a las víctimas en los muchos delitos.
Se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es más, podríamos añadir que muchas actuaciones judiciales no tienen sentido.
Pero menos mal, que existen excepciones que confirman la regla y son un soplo de aire fresco para los que esperamos tener la satisfacción de que la justicia aporte algo al acervo común.
El principio de autoridad es un elemento fundamental en un estado democrático y de derecho.
