Por L. Minguez
¡Por fin!. Ya se está celebrando el macrojuicio. Podemos hacer la siguiente reflexión sencilla que explica lo sucedido: al amparo de la locura inmobiliaria hay un grupo de gente que ha ganado mucha pasta en el municipio de La Muela, unos legalmente y otros no. Como consecuencia de las irregularidades cometidas han sido imputadas más de cuarenta personas. Unos se las han llevado a manos llenas, otros, menos y, bastantes, pasaban por allí y los han metido en el mismo saco.
Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y se entiende perfectamente su significado. Pero la presunción de inocencia no se aplica en España. A todos nos llena de satisfacción poder presumir de que en nuestro país ese sea un derecho del que, en teoría, disfrutamos.
Sin embargo, todos los imputados de este juicio, sin excepción, ya están condenados por la opinión pública y por la opinión publicada. A todos se les ha quebrado la vida personal, profesional y empresarial, pero sólo unos pocos se han llevado el dinero de verdad. Algunos ya no levantarán cabeza en toda su vida.
El juicio ha sufrido retrasos continuados provocados por la estrategia de defensa de los imputados “estrella”, sin duda, con el interés de retrasar el proceso en su propio beneficio. El intento más reciente lo ha protagonizado la excaldesa al renunciar a su último abogado el Sr. Visús.
Ese enorme retraso ha perjudicado aún más a los imputados irrelevantes, a los que, una razonable rapidez en el proceso, les hubiera amortiguado el gran daño que están sufriendo, aunque sea en parte merecido.
En este proceso hay imputados e imputados. Todos tienen el mismo derecho de presunción de inocencia, pero es evidente que algunos no se librarán de una condena importante. La mayoría tendrán sentencia de culpabilidad con penas relativamente leves y otros resultarán absueltos. Muchos, los que realmente han tenido un papel secundario o de figurantes, deberían estar ya juzgados hace años y habrían podido reorganizar su vida personal y profesional. La justicia habría sido más justa y el proceso podría haberse desarrollado con menos lastre.
El que la haga que la pague, pero en su justa medida y devolviendo lo robado.
¿A nadie se le ha ocurrido trocear el proceso para juzgar al grupo de imputados irrelevantes, que son muchos, por separado?
Todo este proceso se ha llevado con cierta falta de lógica. El gran número de imputados hace que la instrucción haya sido difícil de gestionar. Y menos mal que alguien decidió cerrar la operación de las escuchas policiales, porque, de haber continuado, cada conversación mantenida por un nuevo interviniente con alguno de los investigados con el teléfono pinchado, con gran probabilidad, habría constituido un delito nuevo y engordado la lista de los procesados.
Son más de cuarenta los procesados pero, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Posiblemente no vayan a la cárcel ni la cuarta parte. Hay muchos de ellos que serán declarados inocentes: han sido atropelladas por la locura del momento, por la actuación de una alcaldesa prepotente y por un grupo de aprovechados sin escrúpulos, que es el que se ha llevado el dinero.
Está claro que todos los imputados estaban cerca del avispero y todos querían obtener beneficio. Pero a muchos de ellos les ha ocurrido una situación como la del peatón que sufre un atropello por caminar cerca del bordillo provocado por un conductor borracho que se sube a la acera.
A muchos imputados se les pide una pena de menos de dos años de cárcel con una multa relativamente baja. El enorme daño que les causa este largísimo proceso de siete años, que aún no ha terminado y que beneficia claramente a los abogados de los dos lados, el defensor y el acusador, es muy superior a la pena solicitada. Por lo tanto, en caso de ser declarados culpables: ¿no creen que está sobradamente cumplida la pena y que están sufriendo un exceso de condena? Y en el caso de resultar inocentes: ¿quién repara el daño causado?
Los funcionarios de policía y de justicia que intervinieron en la instrucción de este proceso en masa, deberían haber tenido más cuidado en separar el trigo de la paja. Aunque este trigo pueda dar sensación de no ser de primera calidad, también sirve para hacer pan. No todos los que han sido encausados tienen la misma responsabilidad y, algunos, seguro que no tendrán ninguna.
Ha tenido que comenzar la vista después de siete años, para que el presidente del tribunal imponga algo de sentido común. Entre otras actuaciones, éste ha permitido que los imputados que hayan declarado tengan la posibilidad de ausentarse del tormento diario que supone asistir a la vista y puedan realizar sus obligaciones cotidianas.
Mientras tanto el circo sigue con las funciones diarias: la prensa con sus cámaras da vida al espectáculo, los abogados estrella, y los aspirantes a serlo, cumpliendo con su papel y el ciudadano en su creencia de que se impartirá justicia.
No hay duda de que este proceso servirá de ejemplo y de escarmiento para muchos, aunque la muela del juicio no abunda en el juicio de La Muela.
Al final esto será el parto de los montes.
