Por Guillermo Fatás
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza
Asesor editorial de Heraldo de Aragón
Respóndase el lector. En una sociedad democrática, ¿cómo hay que calificar al gobernante que se dice dispuesto a violar las leyes para conseguir su voluntad? ¿Al político decidido a jugar al todo vale, con reglas a su gusto y medida?
El tamaño real de Artur Mas se obtiene al comprobar que baila irritado al son que le toca la Asamblea Nacional Catalana, entidad separatista presidida por un activista de Esquerra Republicana. Ya hubo de faltar a la manifestación del 11 de septiembre, a la que dijo que hubiera ido de haber sido un particular. Y ese es su problema, que Mas no es un particular.
En España y, por ende, en Cataluña, la convocatoria de referendos está reglada. La Constitución (art. 92) los prevé para “decisiones políticas de especial trascendencia”, a impulso del Congreso de los Diputados, con aquiescencia del presidente del Gobierno y, en fin, convocado por el rey. Sus votantes han de ser “todos los ciudadanos” españoles. Sin esos requisitos no puede ser convocado. El resultado, por lo demás, no es vinculante para las instituciones. Esa es la ley, vigente y legítima. No es una anomalía española.
Otra norma de alto rango, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, asigna (art. 122) al gobierno catalán la regulación de “consultas populares” para asuntos de su competencia. Quedan fuera treinta y dos ámbitos, que se enumeran en la Constitución (artículo 149.1), uno de los cuales es la nacionalidad. Y otro, precisamente, la autorización para convocar referendos. De forma que Mas no puede legalmente preguntar si la población catalana le autoriza a convocar un referendo. Una situación que la ley internacional admite cuando existe de los derechos sustantivos de un pueblo por un opresor colonial, ficción inaceptable.
Mas ha usado un tono altanero con sus críticos: ¿les parezco ambiguo?, vino a decir, pues lo aclaro ahora mismo. Y el representante del Estado en Cataluña, garante del Estado de Derecho y del imperio de la ley, aseguró que no se sentía vinculado a la legalidad. Es un paso imprudente, que ya hemos empezado a pagar, los catalanes como el resto de los españoles, en términos de imagen internacional y de deseducación política.
Ha habido gobernantes que despreciaban la ley y las “libertades formales”. “Me ne frego”, decía uno en Roma. “Para hacer qué, para librarse de quién?”, inquiría otro en Moscú. Afectos a la legalidad si les conviene y dispuestos a conculcarla si no se acomoda a sus deseos.
Mas no se atrevió a pedir la independencia, o sea, que mantuvo su ambigüedad de fondo, a pesar de su desplante. Dijo que convoca elecciones para averiguar lo que ya se sabe: si Cataluña es una comunidad autónoma o una nación. Ley en mano, es una comunidad autónoma, una nacionalidad y, por añadidura, una nación según decisión del parlamento catalán que está recogida en el preámbulo del “Estatut” vigente. Para averiguar eso ¿es preciso apelar al derecho de autodeterminación (al que, por cierto, las Naciones Unidas no reconocen validez salvo en situaciones de opresión colonial).
Fue ambiguo con el fondo, no con la forma: hará un referéndum como sea. “Si no pot ser d’acord amb les lleis, fer-ho igualment”. Legal o ilegal. Eso dijo exactamente, aunque ahora lo niegue. Vaya lección.
El discurso del independentismo tiene de demagógico que omite el desgobierno y la corrupción que padece Cataluña hace decenios: la reciente del Tripartito, que tanto avergonzaba a Pujol hasta hace nada, y la de CiU que, antes como ahora, sonrojaba a todo el mundo. Mas se ha contaminado a la vez de esa amnesia selectiva que está en la atmósfera de la política española y del mesianismo esquerrista. Ha llegado a decir que no estaba dispuesto a pedir perdón por hablar catalán, como si alguien se lo hubiera exigido.
Al espantajo de la España ladrona, hijo del abandono de la inteligencia crítica (“Espanya ens roba”, qué síntesis tan sutil y matizada), Mas ha sumado el desprecio a la ley. Es lo más torpe de cuanto ha dicho desde que empezó su deriva, gobernado por sucesos que le vienen grandes. No nos lo merecemos, ni en Cataluña ni en el resto del país.
