Por Manuel Medrano
Manuel Medrano
Desde hace algunos años comprobamos que el valor de la rapidez se ha multiplicado, así en política como en lo demás.
Una de las características de las acciones de Pedro Sánchez y su entorno es la velocidad con la que se emprenden, no sin perspectiva previa, arriesgando pero mucho menos de lo que airean sus adversarios.
Por ejemplo, parece olvidarse que los tribunales de Justicia aplican las leyes, pero que es el legislativo, Congreso de los Diputados esencialmente, quien aprueba esas leyes que jueces y magistrados deben aplicar. Por ejemplo, se olvida que las capacidades ejecutivas de la monarquía en España son nulas, así que su carácter es simbólico, no determinante. Por ejemplo, también se olvida que el ejército está formado por trabajadores públicos, no mucho más especiales que los inspectores de la Agencia Tributaria o los jueces y magistrados y que, en consecuencia, cumplen su función y no la de vigilar a los representantes públicos ni la de torcer sus decisiones en modo alguno.
Lo que entiendo como cambio principal en la acción política es, precisamente, la aceleración en la toma de decisiones, tras el análisis correspondiente y la proyección de consecuencias, al margen de que esas decisiones gusten más o menos. Pero esa velocidad, que no se veía desde los tiempos de Adolfo Suárez, es la que deja desconcertados a los oponentes, que todavía viven en las décadas previas en que todo se hacía con demasiada lentitud, con calma bipartidista, con excesivas comidas y reuniones de salón. Eso se acabó. Ahora, hay que ser ágil, arriesgar y procurar acertar en el modo de cumplir las expectativas, para lo cual es conveniente rodearse de gente capacitada para llevar a cabo planes y, especialmente, para ejecutarlos bien y rápido, con precisión de relojería.
Pero moverse en una u otra dirección debe hacerse, como es obvio, con la evaluación correspondiente de resultados, con proyecciones de eficacia, y con discreción, que no está reñida con la diligencia en el obrar.
Aunque parezca un tema menor, y dentro de este entorno sociopolítico cambiante, sorprende lo que está sucediendo con la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, vigente desde abril pasado, que puede ilustrar lo que es el tacticismo oportunista “de resistencia”. Tras su aprobación se lleva produciendo de forma continua un aluvión de noticias emanadas desde múltiples universidades, así como sobre rankings mundiales que clasifican estas instituciones según varios criterios, quejas por falta de financiación (estas ya son crónicas), etc. Pero también se ha detectado una resistencia notable en bastantes universidades a aplicar los cambios que la LOSU introduce, incluso un retraso claramente vinculado a la espera de que hubiese un nuevo gobierno. Dicho expresamente: si no repetía la coalición actual, la ley se iba al baúl del olvido o se adulteraba profundamente, y a seguir como siempre. Es decir, uso inverso de la velocidad, con cierto riesgo y dudosa capacidad.
Podríamos poner otros ejemplos y, por supuesto, ahondar y mucho en el tema universitario. Pero quede esto para otra ocasión. De momento, a espabilarse que en las carreras gana el más rápido.
