Por Guillermo Fatas
(Publicado en www.heraldo.es)
En 1591, defender a un aforado le costó la cabeza al justicia de Aragón, un joven que llevaba tres meses (menos dos días) en la magistratura heredada de su padre con el beneplácito del rey y del reino. Protegió lo mejor que supo a Antonio Pérez, un sujeto inteligente y nada recomendable. Pérez había sido la mano izquierda de Felipe II (I en Aragón), amo de medio planeta, con quien acabó enfrentado. Pérez, tipo corrupto, era un peligro para la Corona. Preso en Madrid cinco años y sometido a tormento, pudo huir con la ropa de su esposa, que le era fiel aunque la había engañado con otras mujeres. Burló a los guardianes y se refugió en Aragón, a cuyo fuero tenía derecho a acogerse. O sea, que Pérez era un aforado.
El rey contra un aforado
El rey hizo cuanto pudo, y fue mucho, por adueñarse de la persona de su peligroso exconfidente. Lo estudió muy bien el llorado profesor Victor Fairén: para eludir el aforamiento aragonés, el rey acusó a Pérez de lo que fuera: hereje, judaizante, sodomita, delitos gravísimos que juzgaba el tribunal de la Inquisición, contra la que nadie podía oponer resistencia…excepto que el acusado fuera un aforado aragonés.
El rey no logró lo que buscaba, porque Pérez se puso a salvo en el extranjero, pero el aforamiento le costó al justicia la vida y a Aragón, una severa represión. Repárese bien en que Lanuza, los juristas de su tribunal y muchos aragoneses no se oponían a que Pérez fuera procesado, sino a que lo fuera de forma indebida y a voluntad del monarca.
¿Por dignidad nacional?
A propósito del aforamiento del rey Juan Carlos, no se trata de dotarlo de inmunidad o impunidad, ni contra lo que dice la vicepresidenta del Gobierno, de aforarlo “por la dignidad de Espña”. Cuando se descubrieron los diamantes regalados por el tirano Bokassa, emperador del Africa Central, al presidente francés Giscard d´Estaing, la dignidad que padeció fue la de este, no la de Francia. Lo indigno para Francia hubiera sido taparle las vergüenzas al jefe del Estado. Y, de paso, que estuviese aforado ayudo a ajustar las acusaciones iniciales a dimensiones menores y más verídicas que las denunciadas al comienzo del caso.
De dónde viene el aforamiento
El aforamiento y su pariente, la inviolabilidad de las magistraturas, son prácticas muy antiguas en nuestra tradición. Los dictadores romanos, nombrados legalmente por un máximo de seis meses, disponían de un poder ilimitado, absoluto, irrestricto, verdaderamente descomunal, pero con la importante salvedad de que, al final de su ejercicio, debían rendir públicamente cuentas de cuanto habían hecho. Desaparecían de golpe su inmunidad, su impunidad y su irresponsabilidad.
Hay muchos modelos. Ciertos estudiosos apuntan a Inglaterra como madre de la inviolabilidad moderna de ciertos personajes públicos y la remontan a 1689. Hubo un cambio de dinastía (de los Estuardo católicos a los Oranje protestantes) y, para proteger a los parlamentarios de los abusos del poder regio, se aprobó que a los diputados los juzgara únicamente el Parlamento, no los jueces del rey. Otros prefieren como arranque la Revolución Francesa: en 1971, un diputado podía ser detenido en delito flagrante, pero se notificaba el hecho a la Asamblea Nacional, para que decidiese qué procedimiento judicial seguir.
Españoles estupefactos
Los españoles tienen derecho a estar estupefactos al saber que está sin legislar lo concerniente al rey que deja de ser jefe del Estado: unos lo imputan a la misma clase de desidia que, por ejemplo, tiene al país sin una ley de huelga prevista por la Constitución (art. 28) desde 1978; otros lo atribuyen a pusilanimidad frente a la Corona; y hay quien lo achaca a que en la Zarzuela no agradaba una ley de esta especie.
Ahora no queda otra que legislar sobre la materia, porque no es razonable que el rey Juan Carlos –que lo sigue siendo, aunque ya no sea jefe del Estado- pueda ser denunciado por cualquiera ante cualquier instancia judicial. Hay miles de españoles a quienes la ley ofrece mayor abrigo en razón de su significación pública, bien por ser jueces –en España fueron designados por el rey hasta 1870- o gobernantes y parlamentarios. Así su labor no puede ser interferida con tanta facilidad.
Se dice estos días que solo en España hay políticos aforados, pero no es así. En Francia, Alemania, Italia, Portugal todos los parlamentarios lo están, como es de razón. Y no es para “blindarlos”, sino para garantizarles el libre ejercicio de su representatividad. Se les puede procesar, pero con autorización de la cámara.
Otra cosa es la pintoresca profusión de aforados en España, donde por eso no es exagerada la de un ex jefe de Estado a quien nadie, por lo demás, ha pedido acorazar frente a la justicia, lo que sería insensato.
El diputado Llamazares quiso hacer una gracia en el Congreso, asimilando a Juan Carlos con Franco sin nombrar a este. El general se decía responsable “ante Dios y ante la Historia”. Llamazares dijo que Juan Carlos lo sería “ante el tribunal Supremo y ante la Historia”. Se hace un poco raro que no aprecie la diferencia entre el Dios del caudillo y los jueces de este mundo.
