Por José Bermejo Latre
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza
El pacto PSOE-PODEMOS refleja un aparentemente bienintencionado compromiso en favor de la escuela pública, pretendidamente afectada por un descenso demográfico que, unido a la competencia de la escuela concertada, perjudicaría la continuidad de aquélla.
Ante la necesaria reducción de la oferta educativa, la Administración optará por recortar la oferta de aulas en los centros concertados, manteniendo las vías en los públicos y aumentando gradualmente su número en los próximos cursos en detrimento de las aulas, calificadas como innecesarias, de los centros concertados. En este marco conceptual, la enseñanza concertada se dibuja como un recurso auxiliar, eventual y contingente, como un mal menor ante las insuficiencias de la red pública, insuficiencias que se achacan a “la gente” que prefiere la escuela concertada y a los partidos conservadores, fanáticos de la privatización.
So capa de adaptar la oferta de plazas a la realidad demográfica y de optimizar el uso de los recursos públicos, la medida anunciada encubre un propósito ideológico que parte de una premisa perversa: los centros concertados son empresas viciosas de un “capitalismo de BOE”, púlpitos de una Iglesia católica que desatiende los dictados de un Papa compasivo, y clubes de élites sociales autorreferenciales y estancas. Estas asunciones infundadas enmascaran un hecho preocupante: los centros concertados compiten con los públicos en igualdad de condiciones… y les ganan en términos de demanda. Por ello, la solución ideada es dejar de concertar y ofertar aulas en los centros privados competidores, independientemente tanto de su capacidad de acogida como de la demanda de las familias, lo cual equivale a estrangularlos progresivamente. Semejantes razonamientos conducen a la consagración de una nueva teoría: la de los “fallos de la gente” que, como los “fallos del mercado”, el Estado debe corregir.
Las intenciones reales de la medida anunciada han quedado reveladas en el artículo de López Goni en Heraldo de Aragón del 29 de marzo. Coincido con el autor en que la libertad de elección de centro se incumple sistemáticamente, precisamente debido a la segmentación territorial en zonas escolares, combinada con la aplicación de reglas estrictamente objetivas para la asignación de plazas: de todo ello, la única responsable es la Administración. Es precisamente el sistema de zonificación el factor discriminatorio del mundo escolar rural. La escuela concertada recibe doble palo argumental: castigada por existir en la ciudad, castigada por no existir en el campo.
López Goni insinúa que hay centros concertados “buenos” (cito: los colegios pequeños, cuya población se alimenta de las familias de su entorno) y otros “malos” (los grandes, mayoritariamente trasladados a la entonces periferia zaragozana en los años setenta). También califica como “puro capitalismo” a la eventual reducción de la demanda conducente al cierre de escuelas, desconociendo las leyes inexorables de la economía como ciencia social. Además, menosprecia a los usuarios del servicio público educativo, a quienes supone el deber de recibir prestaciones obligatorias que no les satisfagan aunque las leyes que ellos mismos se han dado les permitan renunciar a las mismas, aun pagándolas con sus impuestos. Inmediatamente emplea el recurso a la doctrina católica, siempre selectivo, y tantas veces planteado en términos irónicos o revanchistas: enfrenta un cristianismo “bueno” (el focalizado en la teología de la liberación como respuesta a la cuestión social de la Iglesia) a otro “menos bueno” (el que también atiende a la teología moral y a todos esos aspectos litúrgicos y místicos, tan incomprendidos como desdeñados por los ajenos). Sin embargo, la evidencia dicta que ninguna escuela concertada católica examina las creencias de sus alumnos antes de admitirlos, después de sorteados.
En el fondo, la preocupación de buena parte de la izquierda política en torno a la escuela concertada es el perfil socioeconómico de su alumnado. El foco del debate es el recelo hacia unas presuntas élites sociales, ahora señaladas por “huir de una educación pública que consideran deficiente”. Los motivos de la elección de centro, recreados por algunos, no deberían ser siquiera juzgados, pues la libertad ideológica –también- está protegida por la Constitución. Al contrario, quienes “quieren asemejarse a las élites sociales” merecen estímulos para recorrer ese pasillo entre clases que supone la apertura de centros privados al acceso universal. En todo caso, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 no recoge la “homogeneización de clase” entre los fines de la educación. Y la equidad, uno de los veinte principios rectores del sistema educativo español según la Ley Orgánica de Educación de 2006, se cumple sobradamente con unas reglas de escolarización que someten la libertad de elección y la impiden, por ejemplo, a quienes no obtienen la plaza deseada en los sorteos.
Por lo demás, una eventual red escolar de titularidad pública en monopolio, imposible con nuestra Constitución y nuestras leyes, no dotaría al sistema educativo de una mayor accesibilidad y equidad. El adjetivo “pública” no añade ningún plusvalor ni a la escuela ni a la educación, a diferencia de los adjetivos universal, gratuita, excelente, dotada y equitativa. Sobran enmiendas a la totalidad y faltan propuestas para la mejora de la figura del concierto, en suma, de un sistema educativo dual pero universal.
