Por Antonio Tausiet
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Según adelanta el Gobierno de España mediante el Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, a partir de septiembre de 2012 se retira el derecho de asistencia sanitaria para los inmigrantes que carezcan de autorización expresa de residir en el país.
La excusa, que se dan casos de ciudadanos extranjeros que añaden a su tarjeta sanitaria a familiares que no residen en España, los cuales viajan hasta aquí para ser atendidos gratuitamente. La realidad, que el Partido Popular es antihumanista y xenófobo.
Pero en Aragón (de igual modo que en el País Vasco, Cataluña y Andalucía) tenemos un texto legal que habría que modificar para aplicar esa nueva modificación legislativa: se trata de nuestro Estatuto de Autonomía, en cuyo artículo 14, “Derecho a la salud”, se puede leer: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”. En otros artículos del Estatuto se hace referencia a “los aragoneses”. En éste, se habla de “todas las personas”, sin distinguir si son aragonesas, españolas, extranjeras regularizadas o sin papeles.
Un Decreto-ley no puede derogar una norma de carácter orgánico como las recogidas en los Estatutos de Autonomía. En el caso de que prospere la iniciativa del Partido Popular, se puede presentar recurso de inconstitucionalidad, teniéndolo ganado de antemano. Aunque es de prever que el gobierno modifique la Ley de Extranjería por vía parlamentaria, en cuyo caso estaríamos ante un conflicto normativo a resolver. O lo que es peor: las Cortes de Aragón, que cuentan con mayoría del Partido Popular y el Partido Aragonés, son capaces de modificar el Estatuto, sólo para despojar de derechos a 15.000 personas. Es su estilo.
Además, los inmigrantes sin papeles acceden en estos momentos a la sanidad pública sin posibilidad de añadir familiares a sus tarjetas sanitarias, al no estar cotizando por no ejercer ningún trabajo reconocido. En otros términos: la Ministra de Sanidad, cuando asegura que se producen abusos en el colectivo al que pretende castigar con su nueva norma, miente.
Con la excusa de la crisis económica, el gobierno del Partido Popular está socavando derechos adquiridos cuya recuperación tardaremos décadas en conseguir. El desmantelamiento del Estado de Derecho es un hecho, iniciado por el Partido Socialista y ahondado por el Partido Popular. Se ha desprovisto de valor al Estatuto de los Trabajadores, se atacan las bases democráticas de la enseñanza pública y la Universidad, se retrocede en derechos de la mujer, en cobertura sanitaria, en inmigración, en justicia, en relaciones con países hermanos, en calidad de vida y en valores humanos. Sólo mediante la respuesta social se puede poner freno a este retroceso brutal. Pero no parece que haya mucho indignado. Quizás estamos derrotados.
