Por José Luis Bermejo Latre
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza
El presidente de la Generalitat, representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ha lanzado un desafío soberanista con convocatoria anticipada de elecciones incluida. El proceso soberanista fue emprendido hace años, pero sus tiempos y sus modos exigen impulsos periódicos, entre los que se cuentan el presente clamor por el pacto fiscal a la manera vasca y navarra y el anuncio de la eventual consulta sobre la independencia.
En momentos de zozobra económica de difícil solución, el recurso al señuelo se impone como vía de elusión de responsabilidades y ocultación de incompetencias. Que esta nueva versión del desafío soberanista es un señuelo lo demuestra el hecho de que a ambas partes enfrentadas, los gobiernos central y catalán, conviene alentar este mareante debate público en lugar de encarar la solución al mismo, y eso que lo tienen fácil.
La parte estatal tiene dos alternativas: o bien no responder al órdago de Mas dejándolo fuera de la agenda política (no responder equivale a no atenderlo, a ni siquiera formular declaraciones al respecto), o bien afrontarlo estratégicamente y ganarlo por la mano, convocando ella misma un referéndum en unos términos que convengan a sus intereses (es decir, los de la nación española constitucionalmente reconocida). La parte estatal podría preguntar de manera inmediata, tanto en Cataluña como en el resto de España, si la ciudadanía es proclive a la independencia –dicho así, con toda su crudeza- de Cataluña.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña, ciñéndose en el plano operativo a una legalidad que pretende quebrantar en el plano ontológico, tiene una sola salida: plantear un reférendum velado sobre la independencia, empleando para ello las próximas elecciones generales. A tal efecto, tanto el programa electoral como la campaña de los partidos declaradamente independentistas (CiU, ERC, SC y otros que se constituyan con las mismas intenciones) se debería centrar en el voto en blanco, o en un voto nulo colectivamente identificado mediante una clave única. De resultas de las elecciones, los escaños obtenidos en su caso por estos partidos, deberían dejarse vacantes. Semejante movimiento no sería otra cosa que una solución consecuente y elegante a la llamada West Lothian question planteada en la Escocia que tanto se contempla hoy desde Cataluña. Dicha cuestión se resume de este modo: si el Parlamento escocés es ampliamente autónomo, ¿deberían seguir sentándose los diputados escoceses en el Parlamento británico, deliberando y votando asuntos que conciernen sólo a las otras naciones del Reino (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte)?
Ambos gobiernos, estatal y autónomo catalán, tienen a su alcance el desenlace de un problema político quístico o, al menos, la embocadura a dicho desenlace. Podrían abordarlo, cada uno de los dos, actuando como lo haría el otro, proponiendo acciones empáticas y dejando en evidencia al contrario. Pero, lamentablemente, ponerse en lugar del rival no es una actitud propia de la clase política española (incluida la catalana). O acaso no quieren, en realidad, solucionar el problema.
