Por Mariano Berges
Profesor de Filosofía
Tras el parón veraniego me reencuentro con los lectores, a los que saludo cordialmente y les deseo lo mejor para sus vidas.
Sin embargo, en este último mes de agosto no ha habido parón político, sino que han sucedido muchas cosas, frente a otros agostos de otros años en los que prácticamente no sucedía casi nada. En agosto no pasa nada llegué a titular yo un artículo.
De entre todos los asuntos ha habido dos muy destacados: la cuestión migratoria, que amenaza con colapsar Canarias y Ceuta, mientras el resto de las CCAA se niegan a recibir menores migrantes (los famosos menas). El PSOE llevó al Congreso una ley que intentaba poner un orden y una obligación más justos en el reparto de los inmigrantes, pero una vez más el enquistamiento político del PP, con la ayuda de un tal Puigdemont, lo ha imposibilitado. Y, en segundo lugar, el asunto del pacto o acuerdo fiscal firmado entre PSOE y ERC, que ha supuesto la investidura de Salvador Illa como presidente del gobierno catalán. En este artículo, me centraré en esta segunda cuestión.
Ambos partidos, PSOE y ERC, se han dado hasta el primer semestre de 2025 para cerrar la futura financiación singular catalana, pero hay muchas dudas y divergencias sobre la literalidad del acuerdo, como con todas las cuestiones que atañen a Cataluña. De entrada, vemos un agravio comparativo a favor de Cataluña y en contra del resto de las CCAA (salvo Navarra y País Vasco) y que se circunscribe al hecho de si lo firmado es un concierto económico o no. En la literatura del acuerdo no aparece la palabra concierto, pero sí el contenido, con lo que estaríamos ante una cuestión de imposible cumplimiento, pues el concierto fiscal entre el Estado español y una comunidad autónoma ni es constitucional ni posiblemente tendría votos suficientes en el Congreso de los Diputados. Tras la indigestión de la ley de amnistía llega esta segunda, aún más indigesta, de la financiación singular para Cataluña.
Ya el Tribunal Constitucional (TC) declaró en 2010 la imposibilidad de la bilateralidad de Cataluña con el Estado español en materia de financiación, ya que ésta solo se puede dar en la globalidad del Estado español, para cumplimiento del art. 2 de la Constitución, como garantía efectiva del principio de solidaridad entre todos los españoles. En concreto, ninguna CA puede salirse del régimen común, a excepción de Navarra y País Vasco porque lo ampara la Constitución (grave error de la Constitución) y, por tanto, no se rigen por el modelo de financiación común sino por su concierto singular.
Por lo tanto, la llamada soberanía fiscal de Cataluña es falsa e imposible, pues habría que modificar la Constitución Española (CE). El propio gobierno socialista admite que no podrá culminar el pacto con ERC si el PP no apoya reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Entonces ¿qué sentido tiene un acuerdo que es inviable? Una vez más estamos ante otro ejemplo de literatura política “modelo Sánchez” que junto al otro interlocutor (ERC) se reparten las ganancias políticas de interpretaciones sobre algo que no admite tal interpretación. Volvemos otra vez al pensamiento Alicia en el que las palabras significan aquello que quien tiene el poder dice qué significan. Se me puede decir que tampoco la amnistía era posible y el taumaturgo Sánchez lo hizo. Respondo que la amnistía no era imposible y pienso que puede ser constitucional. Otra cosa es que políticamente sea un gravísimo error.
En definitiva, la relación entre Cataluña y el Estado español ha sido siempre vidriosa y compleja. Y no va de ahora. Pero, precisamente ahora, que es cuando el nacionalismo catalán está más débil, rebajarse el Estado a acuerdos vergonzantes, además de inviables, dice poco digno de un gobierno, a no ser que nos quieran engañar como dos trileros que así consiguen sus objetivos respectivos: Sánchez se apalanca en el poder (aunque los siete votos de Junts los tiene difíciles) y ERC comanda el nacionalismo catalán. No me sirve eso de que hemos pacificado Cataluña. En primer lugar, porque es más que dudoso y, en segundo lugar, a qué precio. ¿Al precio de quebrantar constitucionalmente y políticamente a todo un país? Los autores del intento secesionista ya fueron indultados. Posteriormente, se aprobó la ley de amnistía teniendo como damnificado principal a Puigdemont (cuestión que está todavía en entredicho). Y, en tercer lugar, se acuerda un pacto fiscal inviable e inconstitucional para Cataluña. Y aún no están conformes los secesionistas. Mal negocio el de Sánchez.
Mientras tanto, el proceloso camino que le espera al gobierno de Sánchez con unos presupuestos de 2025 muy difíciles de aprobar y con casi toda España en pie de guerra, Sánchez se puede jugar el poder político del gobierno y el orgánico del PSOE. Ahora bien, si la alternativa a Sánchez es Feijóo, vamos de mal en peor, porque el PP, aparte de descalificar a Sánchez a todas las horas, no emite ni una sola idea ni proyecto para gobernar España. Que los dioses sean benévolos con los españoles.