El otoño y la ciencia jurídica / José Lus Bermejo


Por José Luis Bermejo
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza

    Bajo este lírico título quisiera presentar unas reflexiones, en absoluto nada originales pero totalmente premonitorias, acerca de la necesaria previsión que se debe adoptar desde ya mismo de cara a los meses venideros.

    Vista la imprevisión, o mejor dicho, la nonchalance de nuestros próceres ante hechos que eran perfectamente previsibles, me permito ofrecer lo poco que un jurista puede aportar a la causa colectiva en un momento donde solo se exalta la labor de los “científicos naturales” (los juristas entraríamos en la rúbrica de los “articifiales”): señalar cuestiones problemáticas y soluciones ingeniosas desde la perspectiva de la organización institucional, del buen uso de los fondos públicos, de la justicia distributiva (ojo, y también de la conmutativa) y, en definitiva, de la paz social.

    El recurso fácil de los juristas durante este período de excepción ha sido la observación, análisis y crítica de las medidas de contingencia adoptadas por las autoridades: su calificación, su duración, su gradación, su evolución, su idoneidad… en esta línea hemos ido exponiendo los valores y desvalores de la declaración del estado de alarma y sus consecuencias en los derechos civiles y en los negocios. Se ha hablado, más allá de las discusiones bizantinas sobre el alcance y la extralimitación del dichoso estado, de los excesos del régimen sancionador, de la eventual responsabilidad patrimonial del Estado, de las responsabilidades penales de algunos sujetos al mando… Me parece, sin perjuicio de la utilidad desigual -aunque valiosa- de todas estas contribuciones científicas (muchas de ellas tan solo especulativas, pero calificables como científicas a nuestros efectos: los juristas somos esencialmente logómacos), que han llegado tarde y no han servido para cumplir el propósito más anhelado de cualquier doctrina basada en leyes: evitar el conflicto. Al contrario, servirán en su momento para atribuir razones a tirios y troyanos en sus respectivos conflictos, que no serán pocos ni menores.

    Pero estamos en la antesala del verano, y la primera ola (esperemos que sea la última o, cuando menos, la más grave de las sucesivas) de la pandemia parece habernos arrollado ya, de modo que estamos en condiciones de afrontar otros problemas conexos, pero no ya los de la evitación de contagios multitudinarios susceptibles de colapsar los servicios asistenciales y difíciles de tratar con éxito gracias a fármacos y protocolos en su día inexistentes o no ensayados. Ahora, con tiempo suficiente por delante, puesto que la vacuna está en proceso de investigación (todavía no de desarrollo ni de producción), se trata de anticipar todas aquellas cuestiones jurídicas (pues de las biomédicas, económicas y sociales se deben ocupar otros expertos) relacionadas con ella producción, adquisición, conservación, dispensación y vigilancia de la misma.

   Así pues, en positivo, construyendo país y labrando futuro, conviene que las autoridades tracen un plan con el fin de atender el problema que a partir del otoño se planteará cuando la carrera por la vacuna haya concluido y los victoriosos se alcen con el triunfo: industrias nacionales y/o multinacionales, financiadas con fondos públicos y privados, ofrecerán al mundo sus productos y la siguiente competición ya no será por alumbrar el preparado, sino por garantizar su inyección en la mayor cantidad posible de seres humanos que habitamos el planeta. Que nadie dude de que ello supondrá una nueva crisis de salud pública o, cuando menos, un nuevo episodio de la crisis actual. Pues bien, aquí vengo a vindicar la figura de un entrañable colega e íntimo amigo, casi paisano (es binefarense, nato y ejerciente), llamado César Cierco. Inminente catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Lleida, lúcido, prolífico en obra científico-jurídica escrita, lleva años predicando –se ve que en el desierto, a la luz de cuanto nos acaba de pasar- acerca de las bondades y miserias de nuestra regulación relativa a los riesgos sanitarios colectivos, lo que impropiamente llamamos la “salud pública” y las normas que la atienden. Como en su día (2006) leí con deleite y aprovechamiento su ilustrativo libro “Administración Pública y salud colectiva: el marco jurídico de la protección frente a las epidemias y otros riesgos sanitarios”, pude empaparme de sus enseñanzas y tratar de divulgarlas, publicando a su vez una recensión de la obra. Y puedo ahora lamentar que no tuviera el eco que merecía y que ahora nos habría salvado, si no de tanto dolor, sí de mucha indignidad. Pero eso es agua pasada. Lo que me importa de César Cierco son las secuelas de su incursión en el mundo de las leyes sanitarias “no terapéuticas sino preventivas”, o sea sus fecundos artículos acerca de los aspectos regulatorios de la vacunación. Mi propósito es que no se pueda decir que no se había advertido ya de que vacunar es una solución a un problema, que plantea problemas que hay que sortear.

    Y resumo tales problemas, porque ya me estoy alargando demasiado, en las siguientes interrogantes: ¿vacuna obligatoria, recomendada o voluntaria? ¿vacuna para todos o solo para grupos de riesgo (y quiénes los integran)? ¿cuál de las vacunas disponibles en el mercado, una exclusiva o cualquiera de las homologadas (y quién la homologará)? ¿vacuna gratuita, de pago o en copago y, en todo caso, a qué precio? ¿quién dispensará la vacuna, centros públicos asistenciales, mutuas profesionales, farmacias u otros? ¿cómo se acreditará la vacunación? ¿cuándo se dispensará la vacuna, para todos a la vez o sucesivamente? ¿cómo garantizar la seguridad de la vacuna? ¿cabe objeción de conciencia a la vacuna? ¿vacuna también para animales, posibles vectores?

  Estos son, entre algunos otros, las preguntas que deberían estar haciéndose los responsables públicos con la plena seguridad de responderlas sin esfuerzo pero con garantía de acierto, pues César Cierco nos ha orientado ya a todos en la buena dirección. Mucho antes del otoño, la ciencia jurídica ya ha cumplido

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