Por Max Calor
El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha reivindicado la necesidad de reformar el modelo territorial sobre dos pilares básicos: los municipios, que son los prestadores últimos de los servicios como administración más cercana al ciudadano, y las comunidades autónomas, que poseen las competencias.
Las diputaciones provinciales tienen la función de garantizar la prestación de los servicios básicos, siguiendo el mandato constitucional, mientras que las comarcas, en el caso de Aragón, deben servir para mancomunar y coordinar estos servicios, ha declarado al respecto.
Para ello, Sánchez Quero ha reclamado al Gobierno de Aragón que apruebe por un lado una ley que garantice la sostenibilidad financiera de los municipios con su participación en los tributos de la comunidad autónoma y que regule, por otro, la naturaleza y la función de las administraciones intermedias que depende de este, es decir, las comarcas, para convertirlas en una herramienta de gestión para aquellos ayuntamientos que quieren coordinarse en la prestación de algunos servicios adhiriéndose a estas. La dotación presupuestaria de las comarcas con fondos no condicionados y sin competencias propias ha creado una diversidad de planteamientos entre unos territorios y otros que resulta insostenible y que se solapan no solo con las diputaciones provinciales, sino también con otros consorcios, ha señalado.
En cuanto a las diputaciones provinciales, Sánchez Quero, señaló que se trata de un debate nacional y que por lo tanto se debe definir desde el gobierno central, si bien señaló que se trata de una administración al servicio de los ayuntamientos y no al contrario, por lo que todas sus políticas deben estar dirigidas a responder ante las necesidades de los municipios. En esta legislatura hemos abierto un proceso de modernización y despolitización de la Diputación de Zaragoza, del que el ejemplo más claro ha sido la eliminación de las ayudas de Presidencia, pero que ha incluido también la redacción de una nueva ordenanza general de subvenciones y de un plan estratégico de estas para que todos los fondos se repartan con criterios claros y equitativos, ha concluido.
