Por José Luis Bermejo Latre
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.
Sonroja comprobar cómo todavía en el año 2012, la principal vía que canaliza el tráfico rodado entre los dos mayores nodos económicos, sociales y culturales del país ve interrumpido su doble carril, por espacio de unos 80 km., entre Alfajarín y Fraga, enteramente en territorio aragonés. Esta interrupción provoca una incomodidad patente y una siniestralidad lacerante.
Resulta inconcebible una situación similar, por ejemplo, entre Roma y Milán o París y Marsella. Permítaseme insistir en el hecho de que Madrid es el principal aeropuerto de España y Barcelona, el principal puerto. Pues bien: sólo mediante el tránsito a la autopista de peaje en Alfajarín y hasta Fraga es posible completar el viaje rodado entre Madrid y Barcelona en vía de doble carril.
Desde hace algún tiempo, se aprecian esfuerzos de parte de los poderes públicos y de la concesionaria de la autopista AP-2 por negociar mecanismos que permitan el trasvase de tráfico de la N-II hacia aquélla. Ora con exención total de peaje para turismos (si se cuenta con el necesario dispositivo Vía T, no gratuito, por cierto), ora con una combinación de la exención parcial del peaje y de la bonificación del resto debido para los vehículos pesados, siempre y cuando, en ambos casos, la ida y vuelta se produzca en el mismo día.
Todos estos parches, bienvenidos mientras no se alumbre una solución final más justa y económicamente óptima, entrañan costes para la hacienda pública, porque el Gobierno autonómico (¡y eso que la concesión de la autopista fue otorgada por el Estado!) pagará un máximo de 2,5 millones de euros como compensación a Abertis, en función del número de vehículos pesados que elijan la autopista como vía de transporte.
Valga recordar que las autopistas de peaje son el primer ensayo de colaboración público-privada para la dotación de infraestructuras existente en nuestra historia reciente, que data de 1972. El modelo, impropio de un Estado fuertemente administrativo como el imperante durante el régimen de Franco, se basó en la construcción de la vía por parte de una empresa, la cual retiene su explotación durante un período de 25 años con el derecho a percibir los peajes de los usuarios y la obligación de conservarla en buen estado para su reversión al final del plazo. Por lo tanto, la empresa funge como constructora y financiera a la vez. Este modelo, de gran actualidad en nuestros días y muy extendido allende nuestras fronteras, sirvió para la puesta en servicio de la AP-2… pero las cuentas no salen, pues han pasado más de 25 años tanto de la concesión (1974) como de la inauguración (1979) de la citada vía. La respuesta a este enigma se halla en el Real Decreto 2346/1998, en virtud del cual, y según el complejo y opaco razonamiento recogido en su exposición de motivos, la fecha final del plazo de la concesión estatal fue fijada en el 31 de agosto del año 2021. Aún está por ver si en tal fecha tendrá lugar la reversión de la autopista al Estado y la consiguiente liberalización del peaje, lo único seguro es que, hasta entonces, la actual concesionaria ostentará el dudoso honor –por concesión del Estado- de retener en exclusiva el único tramo de doble carril entre Madrid y Barcelona.
Habiendo una autopista paralela, el desdoblamiento integral de los 80 km. de la Nacional II que todavía cuenta con un solo carril por sentido de marcha es poco menos que un delirio, cuyo coste bien podría aplicarse a la construcción de conexiones entre la AP-2 y las localidades del actual tramo de la Nacional II que quedarían marginadas (en la práctica, sólo Osera, Peñalba y Candasnos).
La única solución posible al problema es la revisión y, en su caso, el rescate, de la vigente concesión. Es una solución radical y simplista, que no simple, pero merece la pena analizarla a la vista de las circunstancias, de la utilidad pública y del interés general. Si no es de interés general ni de utilidad pública la comunicación fluida y segura entre los dos mayores polos geográficos del país, poco más podemos discutir. El ahorro de muertes, de tiempo de viaje, de costes de transporte repercutidos a los productos, de consumo de combustible, de emisiones de CO2, exige la liberalización total de los peajes de la AP-2 entre Alfajarín y Fraga, las últimas fronteras interiores de España, motivo de vergüenza Nacional II.
