Por Jorge Moreno
El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo, viene articulando un conjunto de políticas activas de empleo que incluyen, por una parte, acciones formativas y de orientación laboral y, por otra, programas de promoción del empleo…..
…..con los que se trata de conseguir que el mercado de trabajo sea cada vez un espacio menos excluyente y más integrador, en el que los discapacitados puedan ejercer su derecho al trabajo como medio de asegurar su emancipación personal y su plena integración social.
Así, en el año 2013, el Gobierno de Aragón ha dedicado más de 10 millones de euros a la integración laboral de las personas discapacitadas. Dicha dotación presupuestaria ha permitido incentivar la contratación de trabajadores por cuenta ajena en el sistema de trabajo ordinario dentro de empresas normalizadas, fomentar el autoempleo y mantener los centros especiales de empleo que trabajan en Aragón.
En las tres últimas décadas el ordenamiento jurídico ha ido regulando el acceso al empleo de las personas discapacitadas a través de dos fórmulas: el empleo ordinario y el empleo protegido, amparado éste en Centros Especiales de Empleo.
El papel de los centros especiales de empleo es fundamental para la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Los centros especiales de empleo son una figura creada por la Ley de Integración Social de los Minusválidos, de 1982; se trata de auténticas empresas -por lo tanto con una irrenunciable vocación de producir bienes y servicios e intercambiarlos en el mercado-, que presentan la característica de estar su plantilla constituida por trabajadores con un grado de minusvalía de al menos un 33%; excepcionalmente se admite que pueda haber un número de trabajadores no minusválidos – el “personal de apoyo” –, sin que en ningún caso este personal de apoyo pueda exceder del 30% de la plantilla de la empresa.
Los centros especiales de empleo cumplen, sin perjuicio de sus objetivos empresariales, la finalidad social de integrar en el mundo laboral a las personas que, por razón de su minusvalía, tendrían ciertas dificultades añadidas para encontrar un empleo. Por esta razón este tipo especial de empresas cuenta con un notable grado de protección pública en forma de ayudas tanto a la creación como al mantenimiento de los puestos de trabajo. Sirva como ejemplo, el presupuesto que el INAEM ha destinado en 2013 a los Centros Especiales de Empleo y el número de trabajadores discapacitados ocupados en estas empresas: 9.500.000 € y más de 1.600 trabajadores.
Estas ayudas vienen a consolidar las políticas activas de empleo dirigidas a este colectivo para luchar contra su exclusión del mercado laboral y promocionar su inserción socio-laboral.
Nuestra Constitución de 1978, que ya recoge la integración laboral de las personas con discapacidad de forma directa o indirecta y encomienda a los poderes públicos que remuevan los obstáculos que impidan o dificulten la libertad e igualdad del individuo, concluyó con la aprobación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982, que constituye el marco específico para la integración laboral de estas personas.
A aquella ley, le han sucedido un conjunto de disposiciones normativas que regulan aspectos tales como la cuota de reserva para trabajadores discapacitados en las plantillas de empresas ordinarias. De esta forma, las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación legal de reservar el 2% de su plantilla a trabajadores con discapacidad o, en su defecto, por dificultades económicas, técnicas u organizativas que impidan dicha reserva, han de aplicar medidas alternativas de carácter económico dirigidas fundamentalmente a contratar productos o servicios con centros especiales de empleo o a hacer donaciones a entidades del sector de la discapacidad al objeto de contribuir de esta forma a la perseguida integración laboral del colectivo.
En este ámbito, el Gobierno de Aragón en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y a través del Instituto Aragonés de Empleo, viene desarrollando campañas anuales de sensibilización e información dirigidas a todas las empresas aragonesas de más de 50 trabajadores, al objeto de que contraten a personas con discapacidad o, en su defecto, apliquen alguna de las medidas alternativas previstas en la ley.
