Por Jesús Sainz
El Gobierno de Sánchez ha encontrado en el virus chino una excusa para eliminar libertades. Pero, tras el confinamiento más restrictivo del mundo, España tiene el mayor número de muertos por habitantes, lidera el desplome económico mundial.
(https://www.elmundo.es/economia/2020/06/10/5edfdad4fdddff9b2d8b4663.html) y se considera que es el país que ha tenido la peor gestión de la pandemia (https://www.libremercado.com/2020-06-18/the-economist-certifica-el-desastre-de-sanchez-espana-la-peor-gestion-del-coronavirus-1276659605/). Obviamente, la supresión de libertades no ha servido para proteger a los españoles ni a su economía, pero, como escribió Karl Jaspers, los enemigos de la razón son siempre enemigos de la libertad.
Las conclusiones de dos estudios recientes (https://www.libremercado.com/2020-06-28/coronavirus-aislamiento-berkeley-mit-cuestionan-estrategia-confinamiento-estricto-que-adoptaron-illa-simon-1276660065/?_ga=2.66995305.636646534.1593271315-190617695.1483262959), uno de la Universidad de California en Berkeley y otro del Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos dicen en primer lugar que el confinamiento estricto, como el que tuvimos en España, añade muy poca seguridad a la que proporcionan medidas de distanciamiento social mucho más ligeras y menos dañinas para la economía (https://www.wsj.com/articles/the-data-are-in-its-time-for-major-reopening-11592264199), y en segundo lugar que se habría salvado el doble de vidas con un coste mucho más bajo si el esfuerzo se hubiera concentrado en proteger a los más vulnerables (p.ej., los mayores de 60 años) (https://www.nber.org/papers/w27102.pdf). En ambos casos, el Gobierno de Sánchez eligió la opción menos razonable.
Respecto a la pérdida de libertades, el estado de alarma impuesto a los españoles por decreto desde el día 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020 es inconstitucional según muchos juristas. La propia doctrina del Tribunal Constitucional dice que “a diferencia de los estados de excepción y sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu; fundamento jurídico octavo STC 83/2016)” (https://elderecho.com/tc-se-pronuncia-estado-alarma).
Las medidas que según la legislación vigente se pueden adoptar con el estado de alarma no incluyen la suspensión de derechos fundamentales como la libre circulación sin restricciones por la totalidad del territorio nacional, el derecho a entrar y salir de España, y los derechos de reunión y manifestación (https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/04/13/5e941ee8468aeb0b698b45c9.html).
Pese a que la Constitución garantiza como un derecho fundamental el manifestarse, el Gobierno de Sánchez prohibió numerosas manifestaciones críticas con su gestión que fueron solicitadas en Zamora, Barcelona, Madrid, Zaragoza y Vigo. Moncloa ordenó a todos los delegados autonómicos que denegaran las solicitudes de manifestación, algo que sí se ha permitido en otros países de Europa y América. También se limitó el derecho a la información durante varias semanas en las que el Gobierno filtró y vetó preguntas de los medios que le eran molestas. Entre otras medidas autoritarias, el Gobierno incumplió con las normativas del Portal de Transparencia suspendiendo los plazos para contestar a las preguntas (https://www.publico.es/politica/gobierno-aprovecha-alarma-suspender-portal-transparencia.html).
Es decir, el Gobierno se negó a informar sobre aspectos tan relevantes como los costes y beneficiarios de los contratos que otorga a empresas proveedoras de material sanitario. El mismo Gobierno que fue incapaz de proporcionar protección sanitaria a los trabajadores públicos y al resto de los españoles, a finales de mayo ya había puesto más de un millón de multas por no obedecer sus incontables y a veces absurdas normas. Por ejemplo, que los perros tuvieran más derechos que los niños para salir a pasear. La cifra de un millón de multas sitúa a España como uno de los países más sancionadores del mundo (https://www.lavanguardia.com/politica/20200520/481300555336/millon-sanciones-violar-medidas-estado-de-alarma-espana.html).
Para limitar los derechos fundamentales de los españoles, el Gobierno podía haber usado otras herramientas jurídicas como el estado de sitio o el estado de excepción. Si no recurrió a estas herramientas jurídicas fue probablemente porque el estado de sitio requiere la autorización previa del Congreso de los Diputados y el estado de excepción la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
Pese a que el estado de alarma no parece ser el cauce legal adecuado, de los 6 periodos sucesivos en los que se fue ampliando, el PP y VOX apoyaron los 4 y los 2 primeros respectivamente. Sin embargo, VOX recapacitó posteriormente y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto que ha sido admitido por el Tribunal Constitucional.
Si el estado de alarma fuera declarado inconstitucional, las consecuencias económicas podrían ser catastróficas (https://confilegal.com/20200525-si-el-estado-de-alarma-fuera-declarado-inconstitucional-las-consecuencias-economicas-podrian-ser-catastroficas/). Todas las medidas adoptadas por el Gobierno respecto a la libre circulación de las personas y la suspensión de apertura de locales, establecimientos y demás instalaciones serían susceptibles de ser llevadas a los tribunales para reclamar a la Administración del Estado su responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados por la aplicación del estado de alarma. El mero hecho de que estas reclamaciones sean posibles muestra lo disparatado de las decisiones de quienes dirigen a España desde el Congreso.
Con ínfulas orwellianas, el Gobierno de Sánchez ha dictado una “nueva normalidad”. Nos ofrece la normalidad de la mascarilla. La visión premonitoria de El Mundo Today es que acabaremos con el bozal puesto para pasear perros con mascarilla (https://www.elmundotoday.com/2020/06/dos-de-cada-tres-espanoles-salen-a-la-calle-con-bozal-paseando-a-un-perro-con-mascarilla/).
