Por Jesús Sainz
Más de 7.200 ancianos murieron en Madrid sin recibir atención sanitaria porque lo prohibía el protocolo dictado por la Consejería de Sanidad del gobierno de Ayuso en el año 2020. Dicho protocolo fue firmado por Carlos Mur (Director General de Coordinación Sociosanitaria del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y miembro del PP).
Jesús Saínz Maza
Científico y Coordinador de la Sección
Carlos Mur afirmó en el año 2021 que el protocolo era obligatorio y no eran “borradores” como dijo Ayuso. Según Mur, los protocolos fueron elaborados, entre otros, por Francisco Javier Martínez Peromingo, su sustituto en el cargo, y que “no se dio la orden” de medicalizar los geriátricos pese a estar en su plan: “Es lamentable” afirmó. “Yo hablaba todos los días con mis superiores”. “Siempre informé a mis responsables directos”, en referencia a la consejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, como a Primitivo Ramos, como al coordinador médico asistencial de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
La plataforma Envejecimiento en Red estudió las muertes en residencias de toda España. La investigación partía de la lógica de que las defunciones por covid “tendrían que distribuirse de forma proporcional al número de residentes en geriátricos de cada comunidad”. Sin embargo, en las residencias de Madrid la incidencia de defunciones (en relación con el número de residentes) fue un 53% superior a la media de muertos registrados en los geriátricos de España.
La Plataforma Verdad y Justicia por las Residencias afirmó que “una orden emitida desde la Comunidad de Madrid impidió trasladar al hospital a los mayores en residencias y sin un seguro médico. 7.291 personas en residencias madrileñas –una de cada cinco– murieron en esa primera ola de la ‘covid19’ sin ser derivadas a un hospital, sin atención médica, sin una oportunidad. Isabel Díaz Ayuso ha puesto todos los obstáculos a la investigación de uno de los episodios más crueles cometidos en democracia en España.”
Justicia por las Residencias: 7.291 mayores murieron en Madrid sin atención médica
Ayuso no ocultó que se oponía a que los ancianos de las residencias recibieran atención hospitalaria. En una entrevista publicada en El Mundo (10 mayo 2020) afirmó: «si esta persona va a fallecer, que mejor (sic) se quede ahí”.
https://www.elmundo.es/madrid/2020/05/10/5eb6d37d21efa0181e8b457a.html
El responsable de la residencias enhttps://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/alberto-reyero-denuncia-sociedad-sintio-alivio-cuando-supo-que-covid-afectaba-todo-ancianos_20221004633bcd06502ad700016f6ba9.html Madrid, Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales del gobierno de Ayuso, ha publicado recientemente un libro titulado “Morirán de forma indigna” donde afirma que Ayuso «condenó» a la muerte en residencias a muchos mayores en la pandemia y que impidió enviar a los hospitales a aquellas personas de las residencias que tuvieran cualquier dolencia, no solo covid-19. En el libro asegura que los protocolos que se aplicaron en la región durante la pandemia de covid-19 impidieron el acceso de muchos residentes a los hospitales, condenándoles a una muerte “en condiciones indignas.”
El título del libro replica la frase “morirán de forma indigna” con la que se dirigió al consejero de Sanidad el día después de conocer el protocolo que evitó que miles de ancianos usuarios de las residencias recibieran asistencia médica. En el libro, informa de que «una persona con silla de ruedas que estuviera en una residencia ya quedaba excluida de la derivación al hospital».
En el protocolo se ordenaba que las personas que vivían en residencias y tenían cierto grado de dependencia o discapacidad no fueran trasladadas a los hospitales para ser tratadas. Reyero accedió a este escrito casi por casualidad, y en un principio no dio crédito. Quiso asegurarse de que era un error enviando una serie de correos a los responsables sanitarios de la región, entre ellos el todavía consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Este nunca respondió.
La versión oficial que dio posteriormente la Comunidad de Madrid es que estos documentos eran “borradores”, lo cual desmiente con rotundidad el ex consejero Reyero. “Las residencias dejaron de derivar pacientes por norma general y, además, tampoco fueron medicalizadas, como se prometió en un principio.”
Hay que añadir que Ayuso ignoró las instrucciones de medicalizar las residencias, tanto del del gobierno de España (real decreto del 14 de marzo 2020) como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (21 de abril de 2020).
Según Reyero “otras comunidades aplicaron criterios similares, y todo el mundo cita Cataluña, pero quizá el hecho diferencial es que en Madrid esos criterios se pusieron por escrito. Eso es también lo realmente grave. Me gustaría preguntarles por qué pusieron por escrito esos criterios de exclusión. La conclusión a la que yo llego es porque hubo resistencias. Había ya órdenes anteriores pero hubo resistencias, de que si no llegaba por escrito no lo aplicaban. Es la única comunidad autónoma en la que hay un protocolo”.
Respecto a la responsabilidad de Carlos Mur, el firmante del protocolo dice: “Es el autor y el que la propia presidencia de la Comunidad de Madrid señaló como responsable. Se le cesó el 13 de mayo, y el propio diario El Mundo, en una noticia con un titular bastante terrible, lo señaló como el responsable de que no se hubiera derivado a los mayores a los hospitales. Él lo firmo. ¿Recibió órdenes o actuó por su cuenta? Es algo que deberíamos saber, en una comisión de investigación, o directamente en un juzgado. Es que no se ha preguntado a ningún responsable político qué perseguían con este protocolo. Me parece bastante sorprendente.”
Las personas mayores con seguro privado sí fueron trasladadas desde la residencia al hospital.
Afirma que “Eso ya directamente es una absoluta aberración, una quiebra del estado de derecho y de la asistencia pública sanitaria a la que tenemos derecho todas las personas que vivimos en España. Hubo un compareciente en esa comisión de investigación a propuesta del PP, el presidente de los hospitales de Madrid, Juan Abarca, a quien preguntaron que cuántas personas habían sido derivadas de una residencia a un hospital privado y su respuesta fue que ninguna, sólo aquellas personas que tenían póliza privada, porque las ambulancias de los seguros privados les permitían sortear esta barrera que les habían puesto. Me parece intolerable. Se me parece a la imagen del Titanic: los que iban en primera se salvaron, y a los que iban en tercera clase se les condenó. Creo que eso no puede ocurrir nunca.”
Afirma que “los protocolos no constituían un triaje sino una discriminación por norma”. “Muchas veces, los que solicitaban la derivación de los residentes no eran particulares sin idea de medicina, eran los propios médicos que consideraban que algunas personas necesitaban un traslado. Y en muchos casos les decían que no era posible porque había unas órdenes que lo prohibían. De hecho, El Confidencial publicó un parte de alta en un hospital de una persona que quería ingresar y llegó al hospital pero se la rechazó. En el parte de alta decía que era por órdenes de la dirección médica. Esa persona falleció a los tres días en la residencia.”
En un artículo publicado en El Pollo Urbano hace dos años dimos una referencia a la noticia de El Confidencial.
Este es el texto: El Confidencial hizo público que la dirección médica de un hospital de Madrid ordenó no ingresar a los ancianos que venían de las residencias: “Un parte de alta de las Urgencias del Hospital Infanta Cristina, de Parla (Madrid), del 25 de marzo confirma que había órdenes de rechazar a los ancianos de residencias con síntomas de coronavirus”. “Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”. Se devolvió a su centro asistencial a una mujer menor de 80 años que presentaba “neumonía bilateral” y “probable covid 19 (pendiente PCR)”. La paciente falleció tres días después.
Reyero afirma, refiriéndose a los protocolos del gobierno de Ayuso, que «la discriminación por edad es una violación de derechos fundamentales».
Es evidente que la discriminación por edad es una violación de los derechos humanos, y también de la Constitución Española que dice en su Artículo 14 que no puede haber discriminación por ninguna “condición o circunstancia personal o social”, y en su Artículo 15 que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su Artículo 1 que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y en su Artículo 3 que “Todo individuo tiene derecho a la vida”.
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Una de las informaciones importantes que da Reyero es la siguiente: “Puedo criticar a Pablo Iglesias por muchísimas cosas, pero no por lo que ocurrió en las residencias. La competencia era de las comunidades autónomas, sin ninguna duda”. “Lo establece la Constitución y el decreto de estado de alarma. Si Pablo Iglesias hubiera sido la autoridad competente, en Madrid no le habrían hecho una comisión de investigación, sino diez. Hay que ser serios.”
Esta afirmación contradice el bulo de que Pablo Iglesias era el responsable de las residencias, que según el periodista Manuel Rico, prologuista del libro de Reyero, fue difundido por Ayuso mediante la compra de medios afines.
Manuel Rico en el prólogo del libro de Reyero dice refiriéndose al gobierno de Ayuso: “Un poder corrupto en la medida en que se apoya en un costoso aparato de propaganda para imponer un relato falso. «En el río revuelto de la desinformación es donde triunfan las patrañas», resume Reyero, en referencia a la maquinaria de intoxicación de Ayuso y su otro escudero, Miguel Ángel Rodríguez. Maquinaria generosamente engrasada con los euros de los contribuyentes.”
“Hay mentiras tan burdas que no llegan ni a falacia, solo aptas para el consumo de tontos de remate, como la de que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias.”
https://www.infolibre.es/politica/moriran-forma-indigna-mayuscula_1_1323413.html
Entre los medios que distribuyeron el bulo de que Iglesias era el responsable de las residencias se hallan: OK Diario, Libertad Digital, Vox Populi, El Mundo, El Confidencial, El Español y ABC.
Decir que Iglesias era el responsable de la gestión de las residencias es una burda mentira. En la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de “adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. «BOE» núm. 78, de 21 de marzo de 2020, páginas 26499 a 26502, no aparece el nombre de Iglesias, como tampoco aparece Iglesias en ningún otro BOE nombrado como responsable de la gestión de las residencias.
Como publicamos anteriormente en El Pollo Urbano:
Por qué Madrid fue la región con mayor exceso de mortalidad de Europa.
“El artículo 148 de la Constitución define que las residencias de mayores dependían de las comunidades autónomas, ya que los asuntos relacionados con la “asistencia social” y la sanidad forma parte de las competencias que asumieron.
Durante el estado de alarma publicado en el real decreto del 14 de marzo en el BOE, el Gobierno central era “autoridad competente” en todo el territorio nacional y podía “dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas” que considerara oportunas para asegurar que se prestaban los servicios necesarios para la protección de las personas. Sin embargo, eran las comunidades las que tenían la obligación de materializar las órdenes del gobierno en los ámbitos de las competencias de sanidad y atención social, que les fueron transferidas al menos desde el año 2001.
Una de las medidas de intervención que ordenó el Gobierno de España fue la utilización de las residencias como “espacios para uso sanitario”.
https://www.newtral.es/residencias-mayores-estado-alarma-comunidades-gobierno/20200616/
Ignorando la orden del gobierno central y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instaban a la medicalización de las residencias, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias. Y no fue por falta de recursos, la CA de Madrid gastó 170 millones de euros (el triple de lo presupuestado) en contratos concedidos “a dedo” en la construcción de un edificio para su uso como hospital de pandemias (Zendal).”
La propia Ayuso reconoció en dos ocasiones que ella gestionó las residencias:
En Telecinco (18 jun 2020) reconoció que la gestión de las residencias era suya: «yo he tenido que gestionar la Sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias».
En Canal Trece TV, 10 de octubre 2022, (a partir del minuto 7:58) explicó que tuvieron que crear “un mando único para ejercer de verdad, para hacer las cosas bien y que empezaran a mejorar. Con este mando único”, argumentó Ayuso, “lo que hicimos fue que las competencias pasaran también al consejero de Sanidad, de Presidencia, y yo al frente de esto.”
Reyero afirma: “Creo que los protocolos no eran éticos y posiblemente no sean legales. Es una vulneración de derechos fundamentales, pero deben ser los jueces y fiscales los que se pronuncien. Yo me pregunto ¿si llegara otra epidemia haríamos lo mismo? ¿Excluiríamos a las personas en función de su discapacidad o del lugar donde están? ¿Si yo dentro de 20 años estoy en una silla de ruedas consideraré justo que se me excluya de ser atendido en un hospital? Como sociedad no podemos tapar una cuestión como esta y debemos resolverla para el futuro. Si no hacemos nada, estamos dando incentivos para repetir los mismos protocolos, porque si no tiene ninguna consecuencia…”
Una de las razones que llevaron al ex consejero del gobierno de la CAM, Reyero, a escribir el libro fue el bloqueo, en julio de 2021, de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid por parte del PP y Vox. «Es demoledor que un gobierno se niegue a rendir cuentas». El bloqueo de la investigación por parte de Vox y PP se ha vuelto a repetir este mes de octubre de 2022. El que Vox y PP impidan reiteradamente que se investiguen estos hechos sugiere que quieren proteger a los responsables.
Reyero fue consejero de Políticas Sociales con Ciudadanos, dentro del Gobierno de Ayuso, desde agosto de 2019 hasta el 2 de octubre de 2020, cuando dimitió. Criticó los protocolos de Sanidad de la Comunidad de Madrid como “poco éticos y posiblemente ilegales”, presentó su dimisión como consejero de Políticas Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid el 2 de octubre de 2020.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Reyero
La política de dejar morir a los ancianos sin ayuda, un sector de la población que no produce pero consume, no es nueva. Adolf Hitler dijo que “la guerra era el mejor momento para eliminar a los enfermos incurables».
En la primavera de 1944, la dirección de los Servicios de Seguridad (SD) nazis, en Berlín, solicitó a sus informantes que le proveyeran datos sobre la opinión pública. Los resultados revelaron una profunda desconfianza respecto del sistema de salud nacionalsocialista. Gran parte de la población estimaba que a causa de su menor productividad, los ancianos eran considerados indeseables y superfluos por el Estado, y recibían por ende una asistencia insuficiente. Algunos médicos se «deshacían» de personas de edad enfermas con métodos «apropiados» a fin de reducir los costos y ahorrar los medicamentos escasos.
https://www.iade.org.ar/noticias/exterminio-de-enfermos-y-ancianos-en-el-tercer-reich
Una sociedad que se digne de serlo debe de proteger a sus ancianos en lugar de negarles atención sanitaria. Por muchas razones. La primera para cumplir la ley y la Constitución Española, y respetar la Declaración de los Derechos Humanos. La segunda por el derecho que han adquirido las personas que han dedicado toda su vida a mantener el sistema sanitario. La tercera por el respecto que una sociedad con un mínimo de humanidad debe a sus mayores que son los que la han creado. Y porque el destino de la mayoría es llegar a ser ancianos.
