Por Jesús Sainz
Pese a la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el 2021 por la política de la Junta de Andalucía de permitir “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en Doñana, el PP y Vox han presentado una propuesta de Ley para legalizar a los agricultores que roban el agua.
Jesús Saínz Maza
Científico y Coordinador de la Sección
El 12 de abril pasado, el PP y Vox han presentado una proposición de ley en el Parlamento andaluz para legalizar los regadíos sin licencia en los alrededores de Doñana. Se ha iniciado una tramitación de urgencia y la norma se aprobará tras las elecciones municipales.
El 24 de abril, la Comisión Europea le ha dejado claro en Bruselas al consejero de Medio Ambiente de la Junta su opinión de dicha Ley: “Deteriora” y “va en la dirección opuesta” a la sentencia del TJUE por no cuidar Doñana que condena las prácticas de la Junta de Andalucía y que sentencia a España por no proteger la reserva ecológica más importante de Europa. Sin embargo, el absurdo y ruinoso sistema autonómico ha transferido las competencias sobre Doñana a la autonomía Andaluza, con lo cual el Gobierno de España poco puede hacer para impedir dicha ley.
La reacción del PP español y del Partido Popular Europeo a las críticas de la Comisión Europea ha sido acusar a la UE de “hacer campaña para Pedro Sánchez” por sus reiteradas advertencias contra la regularización de cultivos de regadío ilegales. El PP acusa sin fundamento ya que la Unión Europea simplemente advierte de que la proposición del PP y VOX va en contra de la legislación europea e incumple la sentencia del TJUE: “La Comisión está cumpliendo su papel de gestión de un expediente en base a la legislación en vigor, hay decisiones de la justicia en esta materia, y se mantiene estrictamente en su papel institucional”. “Doñana es importante para España y para la UE”.
El comisario de Medio Ambiente europeo ha recordado la condena a España por la destrucción de Doñana: “Mi mensaje es el mismo: la Comisión actúa como un guardián imparcial de los Tratados y la implementación de las decisiones del TJUE es una prioridad”. “Los valores naturales excepcionales de Doñana deben preservarse, ya que son importantes para Andalucía, España y la UE en su conjunto. Es probable que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea tenga efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos críticos de biodiversidad de la UE”.
Theo Oberhuber, fundador de Ecologistas en Acción, afirma que “la razón para indultar los regadíos ilegales de Doñana es la necesidad del PP de competir electoralmente con Vox”.
La afirmación de Oberhuber refleja algo evidente, la proposición de ley pretende ganar las simpatías (y por tanto los votos) de los regantes ilegales en las cercanas elecciones aunque cueste la destrucción de Doñana y una multa multimillonaria a España.
Como denuncia el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la organización internacional independiente dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, Doñana está en una situación crítica:
– Siguen sin cerrarse los regadíos ilegales en la zona del Condado, al tiempo que su superficie sigue creciendo sin parar todos los años.
– Aparecen nuevas presiones, como el avance de la agricultura intensiva al norte de Doñana que está transformando rápidamente la marisma de Aznalcázar usando todo el agua del río Guadiamar.
– La falta de lluvias y aportes superficiales en cantidad suficiente provocan que la marisma norte dentro del Parque Nacional de Doñana lleve dos años prácticamente seca; las lagunas peridunares del espacio natural pierden superficie de forma continua e incrementan su temporalidad
– El deterioro del acuífero, en cantidad y calidad de sus aguas, no cesa.
La destrucción del parque natural de Doñana Doñana supone la pérdida de un Patrimonio de la Humanidad y un lugar que está considerado como la mayor reserva ecológica de Europa.
https://www.elpollourbano.es/ciencia/2023/03/donana-se-seca-2/
La WWF ha pedido que La Junta de Andalucía – cuya competencias son la gestión de Doñana, su agricultura y la ordenación de su territorio- cierre con carácter urgente todas las fincas ilegales, y que no se regularicen en ningún caso. Además, solicita recuperar los montes públicos ocupados por la agricultura ilegal.
https://www.wwf.es/?57620/Historica-condena-de-la-UE-a-Espana-por-destruir-Donana
El gobierno de Moreno ha hecho caso omiso a las advertencias y ha preferido beneficiar a los agricultores que roban el agua de Doñana. Además, les ha prometido agua que la ley prohíbe usar. Su propuesta de ley se enfrenta a la Justicia española que ha condenado en numerosas ocasiones a los ladrones del agua de Doñana:
“Los agricultores que cultivan invernaderos de fresas en los alrededores de Doñana han sufrido 49 condenas los últimos 15 años por abrir pozos ilegales para robar agua y por transformar sin permiso sus fincas forestales o de secano a regadío, según el recuento elaborado por la Fiscalía de Huelva. Trece de estas sentencias son firmes y provienen de investigaciones surgidas por captaciones ilegales para el saqueo del agua subterránea y que han derivado en delitos contra el medio ambiente acreditados entre 2016 y 2022.”
Moreno ha declarado en la sede del Parlamento andaluz de dónde piensa sacar el agua para los regantes ilegales: “vamos a sacar el agua precisamente de un proyecto que se tenía que haber cumplido hace ya cinco años, que es la ley que hace el túnel de San Silvestre, lo que es el trasvase absolutamente de aguas superficiales (sic)”.
En su confusa declaración, Moreno se refiere a la Ley 10/2018 sobre el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
Lo que Moreno oculta es que dicha ley no permite ampliar los riegos. El agua del trasvase no puede usarse para los regadíos ilegales. La norma, aprobada en 2018, dice que “en ningún caso podrán destinarse las aguas trasvasadas a la creación de nuevos regadíos fuera del ámbito del suelo agrícola regable”. Y añade que el líquido cuyo envío se autoriza tampoco puede emplearse para “la ampliación o modificaciones de características de los [regadíos] existentes que impliquen un incremento de la superficie en regadío en sistemas de explotación de recursos deficitarios, como es el caso de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir”.
La política de la Junta de Andalucía se enfrenta abiertamente con la Comisión Europea, quien ha advertido por enésima vez de que, si la proposición de ley termina aprobada, multará a España. España ya fue sancionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021 por no preservar Doñana. Ahora, dado el desafío de Moreno a la leyes europeas, las autoridades de la UE han anunciado que acudirán al TJUE de nuevo para imponer sanciones económicas a España si no se retira la propuesta de ley. La multa, según técnicos del Parlamento Europeo, podría ascender hasta los 300 millones de euros.
La ley propuesta por el PP y Vox amplía un 20% los regadíos cerca de Doñana, un total de 1.903,7 hectáreas. La organización ecologista internacional WWF calcula en un trabajo con técnicas de tele detección que la norma, de aprobarse tal y como esta redactada ahora, elevaría enormemente la pérdida de agua para el parque natural Patrimonio de la Humanidad.
En estos momentos, el Plan de la Fresa establece como regadíos 9.418 hectáreas. El Gobierno del PP en Andalucía estima el aumento en unas 700 hectáreas pero no aporta ningún dato para probarlo. Si se suman las 1.903,7 detectadas por la WWF, la cifra total ascendería a 11.322 hectáreas, por lo que habría un 20% más de regadíos en la zona.
Para WWF, la presión que generaría en la comarca este aumento de tierras regables, que hoy son forestales o agrícolas de secano, es insostenible. «No hay agua».
L a organización ecologista aseguró que enviarán su estudio a la Comisión Europea y a la UNESCO. Para obtener los datos han utilizado un sistema de tele detección y critican que «la ley del PP y Vox se presentó sin estudio previo. La vía de la proposición de ley carece de los informes técnicos mínimos que permitan conocer la superficie real a amnistiar o evaluar el impacto y el alcance real de esta norma«. El estudio de WWF ha hecho un seguimiento de imágenes de satélite de los cambios y la evolución de estos regadíos desde hace más de una década y calcula que hasta 1.903,7 hectáreas de cultivos ilegales, ubicadas en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, se beneficiarían de la proposición de ley.
«En contra de lo que argumenta la Junta de Andalucía, esta investigación muestra que las fincas ilegales que se beneficiarían de la amnistía se pusieron en regadío después de la aprobación en 2004 del POTAD, es decir, con conocimiento pleno de que eran ilegales en materia de ordenación del territorio y de que no tenían derecho legal al agua. Estas hectáreas no cuentan con ningún derecho legal sobre la tierra ni el agua, por lo que deberían ser revertidas a su estado anterior y sancionados sus propietarios», según ha explicado el responsable de Proyectos de Aguas y Agricultura de WWF España, Felipe Fuentelsaz.
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/donana/desmonta_la_ley_anti_donana/
La propuesta de ley no solo se enfrenta a la legislación europea y española, si no que también se enfrenta a la opinión de los científicos evidenciando que su finalidad es política y que ha ignorado los datos científicos. La opinión de los científicos podría ser el argumento en el que se apoye la Comisión Europea para solicitar al Tribunal de Justicia de la UE que sancione a España
El biólogo Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana, critica: “La ley no tiene recorrido, la pararán el Constitucional o la Comisión Europea. Pero mientras ganamos batallas parciales como la autopista que cruzaba el parque o el dragado del Guadalquivir, Doñana va perdiendo la guerra porque no eliminamos el problema de fondo”. “Una situación dramática como la que vivimos en Doñana requiere tomarse las cosas en serio, agarrar el toro por los cuernos, tomar decisiones probablemente impopulares, gastar dinero y trabajar, todo lo contrario de hacer proposiciones de ley que no se pueden cumplir”.
Eloy Revilla,director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, ha pedido «que se aceleren las medidas para eliminar las captaciones de aguas subterráneas de Matalascañas, y que, mientras tanto, se impongan restricciones al uso del agua en la urbanización, al menos en años en los que las lagunas se encuentran en situaciones tan extremas como este». «No puede ser que mientras se sigue regando el césped en Matalascañas, las lagunas de Doñana se sequen completamente«.
Mientras tanto, la irresponsable política del PP y Vox en Andalucía hacia la reserva ecológica Patrimonio de la Humanidad ha deteriorado la imagen de España en el extranjero. El “Washington Post” se ha hecho eco de la propuesta del PP y Vox para Doñana y la ha criticado: «La propuesta de regular así la tierra va en contra del consejo de los ecologistas y las repetidas advertencias del gobierno central de España y los funcionarios de la Unión Europea». El prestigioso diario estadounidense ha recordado la advertencia de Fink-Hooijer, directora de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE: «un mayor descuido de la reserva natural podría resultar en una fuerte multa para España».
Fink-Hooijer envió en marzo una carta oficial a España en la que recuerda que el Tribunal de Justicia europeo declaró «que, tal como acreditan todos los datos científicos disponibles, la sobreexplotación del acuífero de Doñana ha acarreado un descenso dramático de su nivel piezométrico, lo que constituye a su vez la causa de la alteración constante que sufren las zonas protegidas del espacio natural de Doñana».
Sin embargo, no podemos ser optimistas y esperar que la Junta de Andalucía cumpla su obligación legal de proteger Doñana. En los últimos años ha mostrado su poco interés por la naturaleza. Un buen ejemplo es el incendio que en el 2021 arrasó Sierra Bermeja, un parque natural que contiene el mayor macizo de rocas peridotitas ricas en hierro y platino del mundo, lo que le da una vegetación única originada gracias a la rareza y toxicidad del sustrato geológico. El catedrático de Geografía Física de la universidad de Granada, José Gómez Zotano, calificó el incendio de “catástrofe ambiental con mayúsculas. Es de las más graves que han ocurrido en Andalucía desde los años 50 del siglo XX”. Zotano hizo responsables de la catástrofe a las políticas de la Junta de Andalucía que han desprotegido el monte, favorecido la presión del turismo y a su falta de medidas preventivas.
A la Junta de Andalucía se le podría aplicar la frase de Groucho Marx: “Su política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
https://www.elpollourbano.es/reportajes/2021/09/el-incendio-provocado-en-sierra-bermeja-malaga-i/
https://www.elpollourbano.es/reportajes/2021/10/el-incendio-provocado-en-sierra-bermeja-malaga-y-ii/
