Por Jesús Sainz
Una estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford demuestra que la externalización de los servicios sanitarios públicos británicos ha provocado un incremento de la tasa de muertes que podrían haberse evitado.
Jesús Saínz Maza
Científico y Coordinador de la Sección
El estudio de Benjamin Goodair y Aaron Reeves del Departamento de Política Social de la Universidad de Oxford, publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet en julio del 2022, demuestra que la subcontratación de servicios de salud a proveedores privados con fines de lucro conduce a una reducción de costos pero a peores resultados para los pacientes. Para ello analizaron la Ley de Salud y Atención Social de 2012 en el Reino Unido, las tasas de mortalidad tratable y la calidad de los servicios de atención médica en Inglaterra.
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00133-5/fulltext#%20
En el estudio se utilizó una base de datos de los contratos de adquisición sanitaria entre el 1 de abril de 2013 y el 29 de febrero de 2020 en 173 centros clínicos en Inglaterra. Complementaron los datos con las tasas de mortalidad local por causas que deberían ser tratables con intervención médica, datos que indican la calidad de los servicios de atención médica. La finalidad era estimar si había muertes adicionales atribuibles al incremento de la subcontratación sanitaria a empresas privadas con fines de lucro.
Se encontró que por cada aumento anual de un punto porcentual de la subcontratación al sector privado con fines de lucro se correspondía un aumento anual en la mortalidad tratable de 0,38 % muertes por 100 000 habitantes en el año siguiente. Los cambios en la subcontratación con fines de lucro desde 2014 se asociaron con 557 muertes tratables adicionales en los 173 centros médicos.
La conclusión del estudio es que la privatización del servicio de salud publico en Inglaterra, a través de la subcontratación de servicios sanitarios a empresas privadas con fines de lucro, aumentó constantemente entre 2013 y 2020. La subcontratación del sector privado se correspondió con tasas significativamente mayores de mortalidad tratable, posiblemente como resultado de una disminución en la calidad de los servicios de atención de la salud.
Según Reeves, este estudio demuestra que las decisiones políticas y económicas afectan directa o indirectamente a la salud de la población, sobre todo a la más vulnerable, a la que tiene menos recursos económicos y sufre en mayor medida la falta de una adecuada sanidad pública. En el caso del Reino Unido, comprobaron que la esperanza de vida había crecido de forma constante desde 1980 hasta 2010, año en el que se estancó coincidiendo con el comienzo de los recortes en sanidad y servicios sociales.
La investigación del departamento de Política e Intervención Social de Oxford demuestra que el índice de mortalidad evitable había disminuido en los años en que se invertía más en sanidad pública y que la mortalidad empezó a subir a raíz de la llegada al poder del partido conservador en 2010, con David Cameron, tras 13 años de gobiernos laboristas, y el impulso de las políticas de externalización o concierto de los servicios sanitarios.
En España, el informe sobre la privatización sanitaria que publicó en 2022 la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) refleja que el peso del gasto sanitario privado se ha incrementado notablemente en la última década: ha pasado de representar el 24,6% del gasto sanitario total a ser el 29,2%, debido fundamentalmente a una bajada continuada de los presupuestos destinados a la sanidad pública, que han descendido de un 6,78% del PIB en 2009 a un 6,42% en 2019.
https://fadsp.es/wp-content/uploads/2022/05/PrivaCCAA2022.pdf
El deterioro de la sanidad pública ha provocado que los seguros privados sanitarios hayan crecido un 3,8% anual entre 2016 y 2021, hasta llegar a los 11,55 millones de afiliados en el año 2021.
La FADSP concluye que la política de reducción del gasto sanitario público tiene como finalidad favorecer el negocio de las empresas privadas: «los recortes y el deterioro de la sanidad pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización».
El informe de la FADSP clasifica a la regiones según su grado de privatización de la sanidad, siendo Madrid la que tiene el mayor grado de privatización con una valoración de 31, seguida de Cataluña con 29. La región con el menor grado de privatización es Cantabria con 11.
Andalucía, cuya sanidad pública es la segunda peor de España, es la sexta región con mayor índice de privatización según los informes de la FADSP. Madrid, que es la región con mayor índice de privatización, se sitúa en la quinta peor posición de calidad. Si analizamos la calidad de la sanidad pública en las 17 CCAA y su nivel de privatización, observamos un alto nivel de correlación negativa (-0,5), es decir, a mayor privatización la calidad de la sanidad pública tiende a ser peor (Tabla 1).
https://www.elpollourbano.es/ciencia/2022/05/calidad-e-inversion-en-la-sanidad-publica-espanola/
Tabla 1
|
CCAA |
Privatización |
Calidad |
|
Madrid |
1 |
13 |
|
Cataluña |
2 |
12 |
|
Baleares |
3 |
11 |
|
Canarias |
4 |
14 |
|
Galicia |
5 |
8 |
|
Andalucía |
6 |
16 |
|
Valencia |
7 |
15 |
|
Aragón |
8 |
5 |
|
Castilla y león |
9 |
6 |
|
Murcia |
10 |
17 |
|
País Vasco |
11 |
1 |
|
Asturias |
12 |
3 |
|
Navarra |
13 |
2 |
|
La Rioja |
14 |
4 |
|
Extremadura |
15 |
7 |
|
Castilla la Mancha |
16 |
9 |
|
Cantabria |
17 |
10 |
La privatización de la sanidad pública no ha sido bien recibida por los españoles que ven como su atención sanitaria decae en calidad. En Andalucía ha habido manifestaciones multitudinarias contra la orden del gobierno de Moreno Bonilla de externalizar las consultas de Atención Primaria.
La orden publicada por la Junta de Andalucía para derivar las consultas de atención primaria y la sanidad pública a empresas privadas, fija el precio de cada cita médica en 65 euros por atención primaria, 150 euros la visita al médico especialista y 90 euros las consultas posteriores, todo ello pagado con dinero público a empresas privadas.
Las protestas han hecho que el Ejecutivo regional rectifique la orden publicada en marzo 2023 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) estableciendo que solo concertará la atención primaria con la sanidad privada “cuando la demanda asistencial sea más elevada”. Sin embargo, la Junta no especifica cuándo la demanda sería “más elevada” según su criterio.
El precio que la orden de la Junta de Andalucía fija por cita de atención primaria es de 65 euros, unas nueve veces más de lo que le cuesta en la sanidad pública que es poco más de 7 euros.
Porqué el gobierno andaluz prefiere pagar a empresas privadas nueve veces más de lo que le costaría en la sanidad pública es algo que Moreno Bonilla debería explicar según la lógica democrática más elemental.
