Por Jesús Saínz
Un estudio publicado en la revista Epidemiología afirma que en Madrid se aplicó un protocolo de exclusión que no permitió la derivación al hospital de muchos casos que podrían haberse beneficiado de atención hospitalaria.
https://www.mdpi.com/2673-3986/4/2/19
Según el estudio, la mortalidad fue del 41%-47% en la Comunidad de Madrid, mientras que en las demás regiones osciló entre el 8% y el 26%. Es decir, en Madrid la mortalidad llegó a ser más del 500% superior a otras regiones.
El estudio, que ha sido dirigido por la doctora en epidemiología y profesora de la Universidad de Montreal, María Victoria Zunzunegui, utiliza para el análisis trece investigaciones publicadas sobre la mortalidad de ancianos en residencias en las diferentes regiones de España. Dos estudios muestran que en Madrid murieron el entre el 41% y el 47% de los ancianos de las residencias. En el resto de regiones de España el porcentaje varía entre el 8% de Granada y el 28% de Castellón. En Andalucía murieron el 11%; en Galicia el 13%; en Albacete el 12%; en Navarra el 14%; en el País Vasco el 15%; en Aragón el 18% y en Cataluña, el 19%.
El estudio dice en su resumen inicial que: “En marzo de 2020, una directiva emitida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid incluyó criterios de exclusión basados en discapacidad y recomendaciones contra la derivación hospitalaria de pacientes con enfermedades respiratorias que vivían en residencias de ancianos”. Y añade que “Los protocolos dictados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se basaban en principios de salud pública dirigidos a proteger a las poblaciones más vulnerables y con mayor riesgo de muerte, ni tampoco en una valoración clínica cara a cara basada en la severidad de las infecciones de covid-19«.
Los autores del estudio afirman que el triaje hospitalario (clasificación o priorización de la atención urgente de pacientes) debería ser una decisión médica basada en el estado clínico de cada paciente, pero en Madrid los geriatras en los hospitales siguieron las directrices del Gobierno de Madrid sin ver a los enfermos en persona.
Es decir, el Gobierno de Ayuso aplicó una medida sin bases científicas ni clínicas que negaba la hospitalización a miles de ancianos por lo que murieron sin atención médica, pese a que habían cotizado toda su vida para tener atención sanitaria.
En total, entre marzo y abril de 2020 murieron 9.468 mayores que vivían en las 470 residencias madrileñas activas (donde había 51.983 plazas): 7.290 de esos fallecimientos se produjeron en residencias y solo 2.178 en el hospital.
La discriminación a los más débiles del Gobierno de Madrid también se aplicó en la política de Ayuso con el hospital de campaña de Ifema, una instalación hospitalaria a la que también se negó el acceso a los ancianos de las residencias.
Alberto Reyero, consejero responsable de Políticas Sociales y de las Residencias del Gobierno de Ayuso, afirma que en Ifema “fueron excluidas las personas más necesitadas, las de las residencias, y solo fueron admitidos los pacientes leves. Eso se traduce en un dato escalofriante. En los 45 días que estuvo abierto Ifema murieron 16 personas. En esas fechas, en las residencias murieron alrededor de 5.000 personas. De hecho, la presidenta en su discurso final el día del cierre, cuando ofreció los bocadillos de calamares, dijo que la gente que entraba en Ifema sanaba, como si aquello fuera Lourdes, y se refirió al director de Ifema, el ahora viceconsejero de Sanidad Antonio Zapatero, como si fuera un auténtico sanador.”
Ayuso, ha intentado ocultar lo ocurrido declarando que los protocolos no existieron y que la mortalidad fue la misma en todos los sitios.
Pero ella misma dijo en una entrevista publicada en El Mundo (10 mayo 2020): «si esta persona va a fallecer, que mejor (sic) se quede ahí”.
https://www.elmundo.es/madrid/2020/05/10/5eb6d37d21efa0181e8b457a.html
Respecto que a que los protocolos no existieron es simplemente negar la evidencia. El propio firmante de los protocolos, Carlos Mur miembro del PP y director general de Coordinación Socio-Sanitaria, área dependiente de la Consejería de Sanidad, no solo confirmó que se aplicaron sino que hay evidencias de que los distribuyó a los Gerentes y Directores Médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Este es el titular del correo electrónico que adjuntaba los protocolos y que fue enviado a los responsables hospitalarios:
“Asunto: Protocolo Derivación Hospitales A Residencias (Geriatra Referente)- Atención En Residencias
Att./ Directores Gerentes y Directores Médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid”
Mur declaró el 23 de marzo pasado como testigo en los juzgados de la Plaza de Castilla que “el consejero de Sanidad era mi superior y claro que conocía los protocolos de las residencias”
Alberto Reyero relata su indignación por los llamados “protocolos de la vergüenza” que durante la pandemia impidieron la derivación de ancianos desde las residencias a los hospitales. Todo ello ha sido relatado en su libro “Morirán de forma indigna” del que hicimos referencia en El Pollo Urbano.
Reyero dijo en la Asamblea de Madrid el 1 de junio de 2020 que el descarte sanitario de decenas de miles de mayores madrileños era inmoral y posiblemente ilegal. La presidenta Ayuso y la entonces consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, le atacaron por esas declaraciones. Reyero replicó: “¿Qué queréis que haga? ¿Que mienta?”. “Esos protocolos son una auténtica barbaridad. Solo he dicho lo que pienso”.
Reyero afirma en su libro que los miembros del Partido Popular en el Gobierno madrileño le pidieron que se callara, pero que él no contemplaba sumarse a la campaña de mentiras del PP madrileño: “que los protocolos eran borradores, que se enviaron por error, que los mayores hubieran muerto de todas formas o que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias (Podemos), entonces vicepresidente del Gobierno”. Su propio partido (Cs) le abandonó, ordenándole que se callara.
Tanto Reyero como el ex director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, han declarado en los juzgados por dos veces en relación con esta causa. La primera vez el 23 de marzo ante el juez de Instrucción número 9 de Madrid, en el marco de una querella de Mareas de Residencias que abrió un litigio contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros ex consejeros madrileños «por delitos de homicidio imprudente, omisión del deber del socorro y delito de prevaricación». La segunda vez el 15 de junio para declarar en la investigación abierta tras la denuncia interpuesta por la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias.
En sus declaraciones, Reyero afirma que se opuso a los protocolos: “El 22 de marzo me opuse por escrito, hablé de las consecuencias que tendría ese protocolo, eso ha quedado muy claro”. También dijo que «solo el 10% (de los ancianos) falleció en los hospitales. Este dato refleja muy bien lo que ocurrió y es algo absolutamente anormal». «En las residencias se cuida y no se cura». Las personas que ocupaban las residencias «quedaron abandonadas a su suerte» por culpa de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica.
La profesora de la Universidad de Montreal (Canadá) y directora del estudio Maria-Victoria Zunzunegui, lamenta que en Madrid no se hayan rendido cuentas por lo sucedido en marzo y abril de 2020. “Aquí hubo una serie de decisiones políticas desde el primer muerto en una residencia, el 3 de marzo de 2020, que llevaron a ese caos, y los ejecutores de esas decisiones políticas fueron los geriatras de hospital”.
