Por José Luis Bermejo Latre
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJAr) ha desestimado la medida cautelar solicitada por la Universidad de Zaragoza en su pleito contra el Gobierno de Aragón en el que aquélla requiere a éste el pago de 51,5 millones de euros al amparo del Acuerdo de financiación de 2011 presuntamente incumplido.
La desestimación de la medida cautelar significa el rechazo a la pretensión de la Universidad de cobrar 14,2 millones de euros del Gobierno autonómico en concepto de adelanto de la deuda.
Toda resolución judicial es incierta por definición, pero la mayoría de ellas suelen apoyarse, cuando existe la debida similitud entre los casos sometidos a examen, en la doctrina sentada en decisiones precedentes, lo cual es un factor notable de seguridad jurídica.
Desde el asunto de la congelación salarial a los funcionarios de 1997 (y siguientes) por parte del entonces ministro Rajoy, sabemos que los incrementos retributivos de los empleados públicos son negociables, pero siempre sujetos a las leyes y sin poder condicionar al legislador (responsable único de la aprobación de los presupuestos públicos). El asunto fue resuelto por el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de marzo de 2002, sentencia avalada por el Tribunal Constitucional y hasta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ambas inadmitieron sendos recursos planteados por el sindicato CCOO), y cuyos razonamientos lucen hoy en el artículo 38.3 de la Ley básica del empleo público de 2007.
Extrapolando esta doctrina al caso que nos ocupa, y tras una atenta lectura del Acuerdo en lid cuyo extracto se acompaña, podremos (nosotros y los magistrados implicados) hacernos una idea de hasta qué punto el Acuerdo se ha incumplido (o más bien cumplido) y si realmente el Gobierno de Aragón adeuda algo a la Universidad en virtud del mismo.
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Seguiremos informando.
