Por Jorge Moreno
Las herencias intestadas podrían convertirse en un auténtico salvavidas para los trabajadores discapacitados.
El Ejecutivo autonómico está barajando la posibilidad de destinar parte del dinero que ingresa de los aragoneses que fallecen sin otorgar testamento y sin herederos legales a los centros especiales de empleo (CEE), compensando, de esta forma, el recorte del 25% en las subvenciones públicas que recibían para pagar el sueldo de los trabajadores. Un fuerte tijeretazo que, unido a la caída de la producción en los CEE, podría poner en peligro unos mil empleos de discapacitados en la comunidad.
Según informó ayer el director gerente del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), Jorge Escario, «el dinero vendría de las herencias no testadas del Gobierno de Aragón que antes se dirigían a mejorar instalaciones». La fórmula ya fue planteada a principios de agosto a los asociaciones de discapacitados, aunque Escario subrayó que la decisión no está tomada. «Esperamos que el tema quede totalmente cerrado en la primera quincena de septiembre», indicó Escario, que puntualizó que la decisión también compete a las consejerías de Hacienda y Sanidad. Lo que dejó claro es que el Ejecutivo autonómico no va a aumentar la partida para los CEE. «Se trataría de una reasignación presupuestaria», concretó Escario.
El criterio de distribución de la Junta de Herencias de Aragón, dependiente de la DGA, es que los fondos heredados se destinen a asociaciones de beneficiencia o acción social. A principios del 2011 la junta repartió a 35 entidades los 876.752 euros que había recibido entre 2009 y 2010 de 24 herencias no testadas.
Respecto a la reducción del 50% en el presupuesto para los talleres de empleo, Escario reiteró que ha sido el Gobierno central «el que ha enviado una cantidad menor». «La DGA ha destinado lo mismo que los años anteriores», aseveró.