Por Jorge Moreno
La reforma de la Ley de la Dependencia y los consiguientes recortes aplicados por el PP –el 15% en la prestación otorgada a las personas al cuidado de sus familiares y el copago– irán acompañados en Aragón por la creación de unos «6.000 empleos, en tres o cuatro años», al apostar la DGA por la atención profesional en detrimento de la familiar.
Así lo vaticinó ayer el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, que no especificó si los nuevos puestos de trabajo estarán o no adscritos al sistema público. Lo hizo antes de presidir la reunión del Consejo aragonés de Servicios Sociales, a cuyos integrantes explicó que tal paradoja –una reducción presupuestaria que genera empleos– se produce, porque «con el ahorro que supone ese 15%, se van a primar, más si cabe, los servicios profesionales por encima de la prestación económica en el entorno familiar».
El consejero insistió, como ya hizo cuando se anunció la reforma, en que en la ley «se establecía como excepcional» este último extremo, si bien «en Aragón se había convertido en habitual». Fuentes del departamento concretaron que un 60% de las ayudas se destinaban a aportaciones económicas directas y un 40% a contratación de servicios profesionales de asistencia. El objetivo del Gobierno es «dar la vuelta» a esta proporción. De hecho, los servicios sociales del Ejecutivo llegaron a detectar casos de particulares que cobraban las ayudas, aun viviendo a 400 kilómetros de distancia de la persona a la que supuestamente ayudaban.
DENTRO DEL SISTEMA Ricardo Oliván avanzó asimismo que, «de aquí a final de año es posible que se incorporen a la dependencia, para recibir servicio ya, unas mil personas que en este momento están fuera del sistema». El consejero recordó que en Aragón hay aproximadamente 9.000 personas evaluadas, pendientes de recibir las ayudas. Sin embargo, no todas ellas tendrán derecho a recibir una subvención económica. Al menos, de inmediato. Como apuntó el titular del departamento, «los dependientes de grado 1 y nivel 2 –los más leves, unos 5.000– tendrán acceso a la prestación, pero desde el 2015», según la norma.
Respecto a los problemas de tesorería que sufre el departamento para hacer frente a los pagos comprometidos, Oliván afirmó que espera «que se solucionen». «Estoy peleando permanentemente, pero también considero que la modificación de la ley va a permitir que estos problemas no se produzcan en el futuro», añadió. El consejero manifestó asimismo que «al restringirse los ámbitos de aplicación de la ley y orientarse más a los servicios, no tienen por qué repetirse esos problemas».
La Ley de la Dependencia, un texto que aprobó el Gobierno socialista en el 2006, ha permitido que en Aragón, a 1 de agosto, 22.676 personas consten como beneficiarias de prestaciones, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Amparado en la situación económica del país, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en julio la reforma del texto. Además del recorte del 15% a los cuidadores, el decreto del Ejecutivo les quita las cotizaciones a la Seguridad Social. La nueva norma introduce, por otra parte, la figura del copago, que podrá ser hasta del 90% del precio del servicio que se esté recibiendo. La aportación del dependiente irá en función no solo de su renta, sino también de su patrimonio, y se establece que solo las rentas inferiores a 532 euros al mes estarán exentas de pagar.
El pasado mes de agosto, el Observatorio Estatal de la Dependencia denunció que Aragón será la cuarta comunidad con una mayor reducción (un 17,3%) de su inversión pública para la atención a los dependientes.
