Por María Dubón
A las grandes firmas de ropa como H&M, Inditex, El Corte Inglés y otras, se les cae la cara de vergüenza, es solo un decir, claro, y se han comprometido a firmar un acuerdo sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores de Bangladesh muy parecido al que habían rechazado en 2011.
Dacca, la capital de Bangladesh, es una cloaca donde se hacinan cerca de 14 millones de personas. La mitad de la población ha llegado de las zonas más pobres del país con la esperanza de encontrar un trabajo que les permita subsistir. Por 54 horas de trabajo a la semana, y temiendo siempre que se produzca un derrumbe como el del Rana Plaza, con más de 430 muertos, o un incendio como el de Tazreen Fashions, con 110 fallecidos, la mayoría de los trabajadores cobra el salario mínimo más bajo del planeta: 3.000 takas, no llega a 30 euros al mes.
Se trabaja sin medidas de seguridad adecuadas, la mayoría de las veces no se abonan las horas extra ni se conceden bajas por maternidad, y pueden pasar tres meses sin que estos esclavos hayan tenido un solo día de descanso, pero aun así, ellos prefieren trabajar en estas empresas porque las condiciones laborales son mejores que en otros lugares. ¿Se imaginan cómo debe ser una situación peor? Niños trabajando 11 horas al día y recibiendo un salario de 75 takas (unos 70 céntimos de euro) por jornada. Un techo de uralita y unas paredes de chapa convertidos en centro de trabajo y en horno cuando el calor aprieta, o en piscina, en la época de las lluvias.
Como siempre, el maldito dinero se convierte en el protagonista de tanta desgracia. El dinero que el Gobierno consigue mediante impuestos y puestos de trabajo creados. El dinero que las industrias textiles se ahorran produciendo sus prendas en Asia. Y, finalmente, el dinero que los consumidores nos ahorramos al comprar esa ropa.
Ahora, el Gobierno de Bangladesh ha nombrado una comisión para subir el salario mínimo con efectos retroactivos al 1 de mayo. Los trabajadores no necesitarán permiso de la empresa para formar un sindicato. Y se aplicarán otras mejoras: prevención de incendios, inspectores independientes… Ojalá estas buenas intenciones se materialicen, porque resulta que, en la concepción de los derechos económicos de las empresas, no caben los derechos humanos.
