No somos pocos los que esperamos con ansiedad que el Ejecutivo aragonés apruebe –tal y como se ha prometido- el proyecto de ley de transparencia a partir del 20 de noviembre a la espera de que se apruebe en el Senado la nacional.
Se divulga desde fuentes del gobierno que la ley de transparencia debe englobar las informaciones públicas, la contratación, la ordenación territorial o el patrimonio de las distintas administraciones, pero sobre todo el derecho a la información y que esa información sea pública.
Buenas palabras sin duda.
Ahora queremos ver la praxis. Queremos ver la aplicación de criterios objetivos y no –como siempre- el trato de favor y el uso de las gateras habituales a través de las cuales los medios aragoneses serán tratados según su afinidad con los criterios de los jefes de comunicación respectivos.
Hasta ahora, en Aragón, teníamos ley. ¡Y más que suficiente! Hela aquí:
“LEY 16/2003, de 24 de marzo, sobre publicidad institucional, sobre la mesa y con criterios tan idílicos como se decía en su Artículo 5. Criterios de contratación:
(…..)
3. Los contratos a los que se refiere este artículo no podrán excluir a ningún medio de comunicación, modulándose la cuota de participación en el contrato de los distintos medios utilizando criterios objetivos de ámbito territorial y difusión del medio correspondiente. En caso de campañas dirigidas sólo a un segmento de la población, se tendrá en cuenta la adaptación de cada medio o soporte al público objetivo de esa acción publicitaria. Se tendrán en cuenta a estos efectos las cifras de tirada y venta, así como la audiencia, conforme a las comprobaciones realizadas por las organizaciones sin fines lucrativos a que hace referencia el artículo 12 de la Ley 34/1988, de 1 1 de noviembre. General de Publicidad.
Y modificada en este apartado último por la Ley 26/2003, de 30 de diciembre de medidas administrativas y tributarias que quedó del siguiente modo redactada:
2. Ninguna empresa informativa podrá ser excluida de la publicidad de las Administraciones Públicas de Aragón o de sus organismos públicos y sociedades por razones distintas a las objetivas que guían la inversión publicitaria, como son la rentabilidad del impacto o la adecuación al público objetivo”.
El problema ha sido que esta ley no ha servido absolutamente para nada y eso, en el Pollo Urbano, lo sabemos muy bien.
¿Servirá para algo la ley de transparencia en el asunto que nos ocupa? Mucho nos tememos de que mientras sigan al frente de las direcciones de comunicación personajillos de novela de Dickens, alcachoferos de tres al cuarto, pero dotados por delegación (he ahí la madre del cordero) de un poder omnímodo, no haremos nada ya que estos pájaros prefieren ganarse el futuro profesional con sus decisiones arbitrarias y beneficiosas para los poderosos antes que ejecutar partida alguna siguiendo el democrático espíritu de la ley.
En esta materia de la que estamos hablando, estamos seguros que la nueva ley no superará la simpleza y precisión de la que todavía está en vigor. Solamente si al jefe de comunicación deshonesto se le puede envíar directamente a la cárcel, podremos tener los medios pequeños alguna esperanza de que –aún a regañadientes- se cumpla la norma. Es muy fácil comprarse el futuro con dineros públicos.
Pero en fin. Por nosotros que no quede.
