Por Jorge Moreno
Los socialistas dicen que se está intentando “acabar” con el derecho de estas personas a recibir sus prestaciones, mediante la paralización de la norma, con 9.341 aragoneses a la espera de recibirlas
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad incluye una tasa para la revisión de los expedientes de la Dependencia cifrada en 30 euros. Así lo ha puesto de manifiesto la diputada socialista María Victoria Broto en una rueda de prensa en las Cortes, donde ha denunciado que los dependientes tendrán que pagar dicha tasa cuando se revisen los expedientes, ya sea a solicitud de las familias o por decisión del Ejecutivo.
Se trata, critican desde el PSOE, de “acabar con la Ley de la Dependencia” y por ello, ha añadido Broto, 9.341 aragoneses con derecho a recibir la prestación están a la espera de que se les abone a 1 de diciembre. Son 955 personas más que en junio de 2011, cuando llegara al Pignatelli el actual Gobierno de Aragón.
Asimismo, ha insistido en que se está pasando de un sistema garantista a uno asistencialista “camino de la beneficiencia”, con 278 solicitudes del derecho menos, 149 expedientes menos, 323 beneficiarios con derecho menos, 372 beneficiarios atendidos menos, sin poner en marcha el servicio de teleasistencia y tampoco el de atención domiciliaria. Todavía a fecha de hoy aún no se han colgado los datos de la Dependencia.
Ahora el Gobierno plantea dos años para reconocer el servicio de a las personas dependientes, además existe el problema que la no aplicación de la ley supone la no aplicación de un reconocimiento de un derecho y además afecta al empleo.
De este modo, ha resaltado la diputada socialista, del 1 de noviembre al 1 de diciembre, “todo lo que se ha hecho” para avanzar en la aplicación de la Ley de Dependencia ha sido crear cinco plazas más en centros de día. Eso sí, 234 familias menos reciben la prestación.
Para la diputada socialista poner la crisis por delante para desmantelar el estado del bienestar es lamentable y se está privatizando la ley ya que este derecho puede convertirse en un negocio como parece ser que ocurre por ejemplo con empresas que gestionan empleos que no les corresponden, por lo tanto baja la calidad del servicio y y dejan de ser servicios universales para el ciudadano.
Finalmente, Broto ha señalado que esta inaplicación de la ley ha supuesto la baja en la Seguridad Social en Aragón de 2.689 personas que se dedicaban a cuidar a sus dependientes en el entorno familiar.