Por Guillermo Fatás
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza
Asesor editorial del Heraldo de Aragón
Publicado en el Heraldo de Aragón
Elogiar a los jueces es hoy infrecuente y no es que falten motivos. Pero también los hay para lo contrario, como se ve en cuatro interesantes actuaciones recientes.
La sentencia de los “borrokas”
La Audiencia Nacional condenó a 6 años de cárcel a quince miembros de Segi, como parte de una organización terrorista vasca. El Tribunal Supremo ha anulado la condena por no estar bien motivada. La Audiencia nacional (una de sus salas) sufre el reproche de no motivar por qué desestima las pruebas alegadas por estos sujetos, como exige la tutela judicial efectiva.
El Supremo ha atendido a los abogados de los terroristas callejeros (quizá deba añadir que presuntos). El defecto es grave y anula los datos que, a juicio de la Audiencia, probaban la quema de contenedores y los cortes de calles y vías de tren para atemorizar a la población. Unos jueces corrigen a otros jueces con beneficio de unos sujetos peligrosos y, paradójicamente, general confianza en la ley.
Las sentencias del agua
Dice el profesor aragonés Antonio Fanlo que el Gobierno regaló al PSOE andaluz una impresentable transferencia de la gestión del Guadalquivir. Pero el Tribunal Constitucional dictaminó que siguiera en manos de la confederación hidrográfica del Guadalquivir, pues la cuenca no es solo andaluza, sino también extremeña. En suma: que ni el Gobierno ni las comunidades autónomas (imagino que podrá aplicarse a todas) pueden trocear como les apetezca la administración unitaria de las cuencas. Tampoco Aragón. Ni siquiera Cataluña. Así lo manda la Constitución y así lo dirigieron los magistrados en marzo y en junio. El Gobierno ha fingido no enterarse hasta octubre, fecha en la que ha debido reasumir, a la chita callando, las competencias que tan rumbosamente cedió a su socio andaluz en tiempos de Manuel Chaves. Asunto pero que muy interesante.
La sentencia del mantero
Un auto del juzgado nº 1 de lo Penal de Logroño, seguido al poco por sentencia firme, condena a un vendedor callejero de discos piratas, pero lo exime de indemnizar a los productores musicales. Un motivo es que fue detenido tan aprisa que aún no había vendido nada. Otro, y llamativo, es que quienes compran discos piratas demuestran así <
La sentencia de la zorra
Otro magistrado ha recibido uno de los más copiosos diluvios públicos de invectivas que se recuerdan, por hilar fino. Solo he leído dos defensas de su actitud, firmada una por su colega Alfonso Ballestín (en “Andalán” digital) y otra, muy reveladora, por la abogada de la mujer a la que, supuestamente, ha despreciado el juez con su fallo. Según la abogada de la mujer a quien su exmarido llamó “zorra”, lo sucedido fue que éste, hablando por teléfono con un hijo común, profirió esta amenaza: <
En cambio, no he oído a ningún político reprochar al mismo juez lo mal que instruyó la causa contra Egunkaria, una publicación vasquista que tuvo que cerrar sin motivo legal suficiente. Ahora tiene mal remedio.
Casos de jueces, cosas de jueces.
