Por José Luis Bermejo Latre
Profesor de Derecho Administrativo
La caja de Pandora, en la mitología griega, contenía todos los males que aquejaban a la humanidad. Las cajas de ahorros, en la coyuntura actual, encarnan todos los males que aquejan al sistema financiero español.
Trazando un paralelismo con el mundo del fútbol profesional, queda perfectamente patente el único germen de los problemas específicos y distintivos de las cajas de ahorros españolas: su gobierno desligado de la propiedad y, consecuentemente, de la responsabilidad.
En 1990, para acabar con los desmanes económicos y fiscales de lo que entonces ya eran grandes empresas de la industria del entretenimiento, la ley del deporte obligó a la transformación de los clubes de primera división (y segunda A) en sociedades anónimas deportivas. Con este cambio de modelo se pretendió hacer a los dirigentes de los clubes profesionales responsables jurídica y económicamente de su funcionamiento, al tener que convertirse en accionistas mayoritarios. Hasta entonces existían “socios” (lo que hoy se conoce como “abonados”, que ya sólo tienen derechos de asistencia a los eventos), los cuales elegían a unos directivos sin que mediase compromiso económico ni de unos ni de otros. Lógicamente, al personalizar la propiedad de estas nuevas empresas, se ganó en transparencia y profesionalidad. Algo que no gustó en ciertos círculos (curiosamente, los de mayor movimiento económico y los más visibles en la escena mediática y política nacional), a los que se concedió una excepción legal. Por eso, Real Madrid, Barça, Athletic y Osasuna siguieron siendo asociaciones deportivas no mercantiles, y es precisamente en ellas donde se registran periódicamente los mayores escándalos, luchas de poder y pufos a diestro y siniestro.
Las cajas de ahorros tienen una naturaleza dual, de modo que son al mismo tiempo entidades de crédito y fundaciones, o lo que es lo mismo, oenegés bancarias. ¿Es posible concebir un oxímoron más perfecto? Estos bancos, que se dedican a procurar el interés público y el bien social, no son legalmente de nadie, porque en sus órganos rectores se confunden las entidades fundadoras (determinados círculos empresariales, instituciones benéficas, la Iglesia católica), los impositores (equivalentes a los abonados de los clubes fútbol convertidos en SAD), los trabajadores (o sea, los sindicatos) y… los ayuntamientos y gobiernos autonómicos (en otras palabras, los partidos políticos), estos últimos encargados de velar por la vocación regional del negocio cajista. Sin entrar a juzgar cuál de los estamentos representados desempeña un papel protagonista en el gobierno de las cajas, el caso es que no está clara la relación “propiedad-gobierno-gestión” de los muchos activos en manos de las cajas (depósitos bancarios -por ejemplo el 66% del total de los generados en Aragón-, solares, inmuebles, pólizas de seguro, fondos de inversión y de pensiones, obras de arte, etc.).
Dos décadas después, el gobierno está impulsando un inteligente plan equivalente al ideado para la liga de fútbol profesional. Primero con incentivos para animar fusiones de cajas que no se produjeron (el FROB), luego con remedios para los incentivos fallidos (los SIP o fusiones virtuales, que han echado a andar casi a regañadientes), y ahora con el ultimátum de bancarización obligatoria del negocio financiero (en virtud del Decreto ley 11/2010), acompañado de un aumento anticipado de las reservas de capital (las reglas internacionales de “Basilea III” son menos exigentes, y se aplicarán de 2014 en adelante). Si todo esto resulta, nos encontraremos con cajas fusionadas y transformadas en bancos, más robustas y mejor presentables en el mercado mundial del crédito y la inversión.
Pero todo pasa por aclarar la naturaleza empresarial y mercantil del genuino negocio bancario, y afirmar su vocación global, renunciando al modelo localista y benéfico que en origen tuvieron las cajas de ahorros. Ambas premisas exigen el desapoderamiento de las Comunidades Autónomas, tanto para la regulación de los órganos de gobierno de las cajas domiciliadas en su territorio (hoy casi todas se han expandido por todo el territorio nacional) como para la participación en los mismos, algo que no hacía sino distorsionar y confundir medios y fines de estas entidades. Hay otros medios menos invasivos para garantizar la persecución de fines de interés social por parte de sujetos privados: el protectorado -que no gobierno- de las fundaciones privadas y el fomento fiscal del mecenazgo.
La lección del fútbol profesional nos enseña que las instituciones que mueven mucho dinero tienen que contar con un gobierno responsable, es decir, basado en la propiedad. Dueños y gestores han de estar relacionados en virtud de su respectiva participación en el capital social; los clientes deben recibir servicios, y la autoridad supervisar externamente el correcto funcionamiento del sistema. Esto es una evocación del más puro capitalismo y de la lógica del dinero, única que entienden las entidades financieras
