La pandemia en Centroamérica

 
Por Agustín Gavín

     La pandemia ha llevado a los países desarrollados a generalizar un debate entre vida o economía. Unos piensan que la urgencia está en salvar vidas y prevenir repuntes del virus cobid-19 y otros piensan que lo urgente es restablecer el mercado cuanto antes.


Agustín Gavin
Corresponsal Internacional del Pollo Urbano y Presidente de www.arapaz.org 

    Muchas veces lo importante y lo urgente no coinciden.

    En Centroamérica, en Haití por ejemplo, las cifras importan poco. Si no hay censos fiables difícilmente puede haber datos creíbles. Un país con un devastador terremoto en el 2010, epidemia de cólera como consecuencia y  repunte en el 2016 con las inundaciones del huracán Matthew favorecidas por la  desforestación masiva. Los árboles talados para hacer fuego para comer y para alumbrarse.

     Nosotros en la provincia de Thiotte  cerca de la frontera con la República Dominicana, donde repartimos comida comprada en los alrededores,  gracias a los frontales podíamos vislumbrar los platos de la cena en garitos alumbrados con velas.

    No hay luz eléctrica en la mayoría del país desde el terremoto, los que tienen posibilidades poseen generadores o linternas. Un estado fallido de manual donde la disolución del ejército hace de las calles y los caminos, apenas hay carreteras,  un lugar de sálvese quien pueda. Y esto todos los días.

    Ante el debate en  el primer mundo de vida o economía la respuesta se cae por si sola en Haití; son sinónimos. Qué importan las estadísticas de muertos o contagiados en un lugar abandonado por todos, donde la palabra UCI ni siquiera debe de estar en el diccionario crioll.

   Por si alguien tiene curiosidad a la fecha que esto se escribe en Haití las cifras oficiales hablan de 6 muertos en las últimas veinticuatro horas, van cuarenta y uno desde que comenzó la pandemia, mil quinientos contagiados y cinco mil casos sospechosos. El material comprado por el gobierno en el exterior llegó el quince de mayo y sólo hay cinco hospitales especializados, por supuesto con grandes carencias de medios en un país de más de once millones de habitantes.

   Kate Brown ensayista e investigadora norteamericana, que sobre todo ha seguido muy de cerca la tragedia de Chernobil,  argumenta que las catástrofes de Chernobil y Fukushima se podían haber evitado con una mayor inversión en seguridad. Los informes de los ingenieros fueron contrargumentados por los economistas y los empresarios, era demasiado caro y no salían las cuentas. En Rusia ocultaron información y mezclaron carne contaminada ucraniana con otra sin contaminar para hacer salchichas y la distribuyeron por todo el país. Había ganado la economía.

   Avisa en su libro Manual de Supervivencia: Cheronobil, una Guía para el Futuro, que las posibilidades de sufrir desastres nucleares son muy altas, que se oculta información y que no es casualidad que las zonas más afectadas en Europa por la covid-19 sean zonas muy industrializadas.

    Algunos medios de comunicación reiteran casi hasta el aburrimiento desde hace años los déficits democráticos de países como Venezuela, Brasil, Cuba, Nicaragua, Sudán del Sur etc , pero escasamente dan noticias del mismo déficit en países como Haití, El Salvador, Guatemala u Honduras.

    En éste último ha trabajado la ONG ARAPAZ desde el huracán Mitch en 1998 en proyectos de cooperación relacionados con la agricultura, con el mejoramiento de la calidad del agua y la prevención de catástrofes financiados por instituciones aragonesas.

     Voy a transcribir los que me envían los compañeros desde allí y que valdría para todos los países del entorno:

   “La mara es una familia que nos cuida porque no tenemos otra familia.

    Así de contundente y convencido se muestra un miembro cualquiera de las maras (bandas organizadas de delincuentes violentos) que operan en Honduras desde los años 80. Son responsables de que Honduras haya sido considerado el país más violento del mundo fuera de zona de guerra, con violentos asesinatos relacionados con sus turbios negocios de tráfico de personas, narcotráfico, extorsión a pequeños negocios y a los habitantes de los barrios que ocupan a cambio de protección de ellos mismos.  Para ello no dudan en secuestrar, torturar y asesinar a cualquiera que esté en contra de sus intereses.

   Además de controlar el país a través de sus actividades delictivas y del miedo, están avanzando en el control de la parte política y comercial.

    Tienen conexiones y control sobre numerosos políticos, con los que forman un peligroso triángulo que incluye a distintos cárteles de la droga del país por el que transitan las dos terceras partes de la droga a nivel mundial.

    Las maras tienen  además una red de blanqueo de dinero a través de microcréditos que funcionan sin aval, a pie de calle, con mareros ofreciendo préstamos a intereses superiores al 50% y con cobro diario para aquellos negocios que ya financian la mara a través del pago de extorsión para no tener problemas con ella. Es decir, a través de esa vasta red de microfinanciación a pie de calle, los pequeños negocios están financiando también su pago de la extorsión a la mara y lavando el dinero para ésta. Es tan eficaz el sistema de cobro de las cuotas diarias que basta una ficha con apuntes a mano para realizar toda la operación de crédito, con duración mensual y renovable indefinidamente.

    El miedo hace que el primer dinero que se saca a diario en los pequeños negocios sea para la mara.

   Es imposible entender la historia reciente de Honduras sin mirar detenidamente hacia noviembre de dos mil diecisiete.

   Once meses separan las elecciones presidenciales de Honduras en 2017 y la primera caravana de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos.

    En la fecha del 26 de Noviembre de 2017, los hondureños fueron víctimas de unas elecciones catalogadas de fraudulentas por las tres empresas auditoras de los comicios, por la Organización de Estados Americanos y por los Observadores Internacionales de la UE. No sólo el actual presidente Juan Orlando Hernández (Partido Nacional) concurría a los comicios sin que la Constitución de Honduras reflejase la posibilidad de un segundo mandato, sino que además con casi un 60% de los votos escrutados, la ventaja del opositor Salvador Nasralla (fundador del Partido Anticorrupción) era tal que nunca antes en la historia de América el candidato con menor número de votos había terminado ganando los comicios en esa situación.

    En ese momento del escrutinio se detuvo el recuento de votos por 36 horas argumentando problemas técnicos, y se anunció que los resultados electorales estarían listos cuatro días después. Durante ese período de tiempo el Tribunal Supremo Electoral fue anunciando en su página web un paulatino recorte en la diferencia de ambos pretendientes, hasta que ya el día anterior al  anunciado para conocer el resultado definitivo, Hernández aventajó a Nasralla haciendo posible lo hasta entonces imposible.

   Los días siguientes se sucedieron la toma de carreteras, la quema de ruedas en multitud de puntos de la escasa red vial del país, y otras formas habituales de protesta que el pueblo hondureño ha venido efectuando impotente y que siempre se han quedado en un pataleo más o menos duradero. Los comercios de las ciudades, sobre todo de San Pedro Sula y Tegucigalpa, cerraron sus puertas y blindaron sus escaparates con láminas metálicas para protegerse del vandalismo que imperaba en las calles.

     Era la gota que colmaba el vaso de la desesperanza de uno de los países con sus muchas riquezas tan mal repartidas que se sitúa como el tercero más pobre de América después de Haití y Nicaragua.

   Era el inicio de la organización de la primera de tantas caravanas de migrantes rumbo a Estados Unidos, de las declaraciones de Donald Trump acerca de la construcción de un muro fronterizo por todo el territorio compartido con México, de la declaración de Guatemala como Tercer País Seguro[1] sólo para hondureños y salvadoreños, con tres recursos de amparo por Inconstitucionalidad antes de ser aprobada esta declaración de forma más que sospechosa.

    Era la continuación de la aplicación de la Tasa de Seguridad[2] con la que el Estado hondureño, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad maneja un fondo ciego de más de 500 millones de dólares, gravando las transacciones bancarias y al sector cooperativista entre otros. La creación de este fondo opaco no ha disminuido en absoluto la presencia del crimen organizado en forma de maras en la vida de los hondureños.

    La relación del crimen organizado con los efectivos y mandos de la Policía Nacional era tal que se diseñó un plan de limpieza interna en el que fueron suspendidos –depurados era el término utilizado por el gobierno hondureño- más de 2500 miembros del cuerpo policial por su relación con actividades delictivas, en su mayoría relacionadas con las actividades con las que las maras han asesinado, torturado y secuestrado a personas en el país, además del resto de actividades delictivas desarrolladas por estas bandas callejeras.

     A estos miembros de la policía retirados del cuerpo por su demostrada relación con organizaciones criminales se les hizo un pago en concepto de prestaciones por desempleo que le supuso al estado el desembolso de 40 millones dólares.

     Es tal la contaminación del cuerpo de policía que el estado creó una fuerza de élite para dar seguimiento a las actividades de los policías depurados, asociados en una organización proscrita llamada Organización de Policías Retirados. Nada menos.

    En la actualidad la pandemia del Covid-19 tiene a Honduras interrumpida desde el mes de marzo. En la fecha de esta publicación acumulan más de 200 fallecidos desde el primer caso detectado en el país el día 11 de marzo. Se decretó el toque de queda absoluto en el país, con ciudades como San Pedro Sula, El Progreso y algunos barrios de Tegucigalpa cerrados y vigilados para no permitir el tránsito de personas. En la actualidad los casos diagnosticados ya superan los 3000,  y se ha establecido un sistema de circulación vinculado al último dígito del documento de identidad para permitir un mínimo de la actividad vital necesaria.

   Por otro lado  una de las enfermedades endémicas de esta región, el dengue, está incrementando su incidencia por el confinamiento y la mayor tasa de contagio asociada a éste. En lo que va de año el número de  contagios por dengue supera a los contagios por covid-19 y es muy superior al número de contagios contabilizados en el mismo período del año anterior.

    Esto sucede en un país al que la Organización Mundial de la Salud sacó los colores cuando en el inicio de la pandemia acudió a buscar fondos paliativos y la OMS le recordó los enormes recortes sanitarios ejecutados por el gobierno de Juan Orlando Hernández  -a nivel país sólo cuentan con 45 respiradores- y el desfalco ocurrido durante su mandato al Instituto Hondureño de Seguridad Social[3], cifrado como el mayor desfalco de la historia de Honduras.

 Honduras es un país con miedo.

   Con miedo a la mara, a la policía, a los políticos, al hambre, a la falta de salud, a la falta de porvenir. Con miedo a que nada cambie.

   Lo más peligroso de todo es haber normalizado lo que no se puede normalizar.

   Ése es el verdadero peligro que enfrentan los hondureños a diario y que les ha llevado a emigrar hasta Estados Unidos a pie, en caravanas buscando la protección de la manada, con niños pequeños y familias enteras caminando dos mil ochocientos kilómetros de peligros. Otros peligros distintos, porque con cada paso que les hace avanzar están dejando atrás el peligro de que nada cambie para ellos.

    Honduras, además de ser un país precioso con muchas riquezas naturales, es su hogar. Nadie tiene que ser obligado a dejar atrás su hogar, su familia, su historia.

Su identidad.

    Nadie tiene que vivir con miedo.

    Podríamos reivindicar a Galeano diciendo en  su Derecho de soñar que Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas, reivindicando además el derecho a no tener miedo. Acaso vayan de la mano.

   Así como las familias caminan de la mano en las caravanas.”

[1] Mecanismo internacional mediante el cual se posibilita a un país para acoger a solicitantes de asilo de otro país.

[2] Fondo exento de supervisión creado en diciembre de 2011 por el presidente Porfirio Lobo Sosa (Partido Nacional), electo tras el Golpe de Estado perpetrado por Roberto Micheletti el 28 de Junio de 2009. En esta elección el Partido Liberal llamó a sus votantes a no acudir a la urnas, por lo que el Partido Nacional obtuvo mayoría absoluta en todo el país.

[3] En septiembre de 2018 se dio a conocer el desfalco de más de 300 millones de dólares, perpetrado al IHSS a través de la sobrevaloración de más de un 1000% en compra de medicinas y equipo médico.

Artículos relacionados :