Por José Luis Bermejo Latre.
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza
El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2018, a instancias del grupo municipal del PSOE pero con el rechazo expreso de ZeC…
…, recogió una partida de 800.000 euros en concepto de ayuda nominativa al Real Zaragoza SAD.
Semejante subvención directa es acorde con la Ley de Subvenciones, pero exige la concreción de los términos del apoyo económico (fundamentalmente el destino de la subvención, la individualización de los beneficiarios, la compatibilidad o no con otras ayudas públicas o privadas, los plazos y modos de pago y las garantías a aportar por parte de los beneficiarios). Para ello se debe articular un convenio entre el Ayuntamiento y la SAD o, alternativamente, el Ayuntamiento puede conceder la subvención con las condiciones (previa audiencia a la SAD, necesariamente) que estime oportunas, de modo que el acto unilateral de concesión se convierte en la norma reguladora de la misma. En otras palabras: la subvención municipal al Real Zaragoza es legal, sus condiciones pueden ser negociadas o impuestas, y pueden ser leves (a modo de “cheque en blanco”) o graves (como un “contrato leonino”).
Mientras la SAD acreedora se erige en distribuidora cualificada de la “marca Zaragoza”, el Gobierno deudor se propone como prestamista intransigente. ZeC no quiere ver dinero público fluyendo hacia la SAD para ser libremente aplicado a sus propósitos, en una manifestación de lo que se entiende por “capitalismo clientelar” o “de amiguetes” (crony capitalism), término que describe un sistema económico perverso en el cual los empresarios patrimonializan beneficios y socializan pérdidas, cimentando sus negocios sobre una estrecha relación con los gobiernos que diseñan políticas públicas a su medida.
La Ley de Subvenciones prohíbe conceder y/o abonar subvenciones a quienes no estén al corriente con Hacienda o con la Seguridad Social, a quienes se hallen en concurso de acreedores, o a los condenados por delito fiscal durante el período de tres a seis años posterior a la sentencia. No obstante, la SAD tiene su deuda tributaria aplazada en virtud de un convenio con la AEAT, de modo que según el reglamento de la Ley precisa esa deuda no cuenta como demérito para ser subvencionado; además, la SAD obtuvo a finales de 2016 una modificación judicial del convenio de acreedores evitando la liquidación para las dos próximas temporadas, de modo que se le aplica una excepción legal a la prohibición de percibir ayudas públicas; por último, la condena recibida por el asunto del finiquito del jugador Peter Luccin está pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial. De este modo, aunque la SAD mantiene deudas con Hacienda, se halla en concurso de acreedores y está procesada por fraude fiscal, nada impide que la SAD reciba la subvención municipal.
Lo cierto es que entidades públicas de toda España apoyan a clubes deportivos y a SADs con varias soluciones de ingeniería financiera subvencional: clemencia tributaria, tenencia de acciones, cesiones de espacios públicos, contratos “a dedo” de patrocinio deportivo o de promoción turística, subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, convenios con clubes profesionales para fomento del deporte de base… Nuestras instituciones regionales y locales no se hurtan a esta realidad.
El Gobierno de Aragón subvenciona al SD Huesca (también SAD) con 213.000 euros, que ha competido con (y superado a) el Real Zaragoza en la misma Liga 1-2-3 de segunda división (dicho sea de paso, este apoyo económico podría estar afectando a la libre competencia, ya que la SD Huesca y el Real Zaragoza son competidores naturales en el mismo mercado, de modo que el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón o la CNMC podrían tomar cartas en el asunto). También apoya el Gobierno de Aragón a otra SAD (Tecnyconta Zaragoza) con 430.000 euros, aparte de subvencionar a muchos otros clubes de otras modalidades deportivas con un total de 3 millones. El Real Zaragoza no recibe dinero público de manos de la DGA, porque hace años dejó de abonar las cuotas de un préstamo bancario de más de cinco millones avalado por el Gobierno de Aragón, lo que hizo que éste debiera pagar la deuda en su lugar.
La DPZ, aun con dudosas competencias materiales para ello, sí subvenciona a al Real Zaragoza con unos 723.000 euros anuales, sobre la base de la vinculación emocional que mantiene la provincia con el club. Esta institución también aporta unos 250.000 euros para los clubs de élite de la ciudad de varias modalidades, entre los que se cuenta otra SAD (Tecnyconta Zaragoza). Esta última SAD recibe además unos 350.000 euros del Ayuntamiento de Zaragoza, si bien parece que estaría abonando los 865 euros por partido que cuesta el uso del Pabellón Príncipe Felipe (una vez superada la judicialización de la denominación, que comentaremos en otra ocasión). No es el caso del Real Zaragoza, que utiliza en exclusiva La Romareda sin abonar, también al parecer, la renta de 40.000 euros anuales debida desde la suscripción del vigente contrato de alquiler firmado en 2013.
Me resisto a calificar esta situación como demostrativa del “capitalismo de amiguetes”, sino que más bien la contemplo como sintomática –otra más- del sistema político y económico que practicamos, que va más allá del concepto de “Estado social” o “prestacional” (Welfare State) inventado por alemanes e ingleses en la inflexión del siglo XX. Nuestro Estado es subvencional y, en lo que se refiere al deporte de élite, sádico (por lo de SAD). De modo que, ¿por qué se resiste ZeC a pagar los 800.000 del ala? ¿Quién ganará el pulso, ZeC o SAD?
