Por Jorge Moreno
El Fondo Social de Vivienda ya cuenta con 156 pisos para desahuciados repartidos por 31 localidades de todo Aragón, aunque solo siete ayuntamientos de los más de 700 que hay en la Comunidad se han adherido a este convenio firmado por el Gobierno, el Banco de España, entidades financieras, oenegés y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Estos consistorios, a través de sus servicios sociales, serán los encargados de valorar la situación y el riesgo de exclusión de los solicitantes que residan en su localidad. El objetivo es establecer prioridades a la hora de adjudicarlos, ya que el número de viviendas no se corresponde con la cantidad de desahuciados que hay en todo Aragón, donde se podrían haber producido entre 2.000 y 3.000 desalojos en domicilios principales desde 2008, según estimaciones de Stop Desahucios.
Aunque son las propias entidades bancarias las encargadas de gestionar su propio parque de viviendas sociales, recoger las solicitudes de los afectados por los desahucios -cada uno debe dirigirse a la titular del préstamo hipotecario que haya originado el desalojo- y comprobar que estos cumplen los requisitos del convenio, deberían ser las entidades locales o diputaciones quienes evaluaran, de forma objetiva y a través de sus correspondientes servicios sociales, la necesidad de estas personas o familias de obtener uno de estos pisos.
Sin embargo, tan solo Huesca, Jaca, Calatayud, Pedrola, Torrellas, Velilla de Ebro y Villamayor de Gállego se han unido -de momento- a esta iniciativa para poder valorar la situación de los residentes en sus municipios que quieran recurrir a uno de estos alquileres sociales. Dos localidades de la provincia de Huesca y cinco de la de Zaragoza -no hay ninguna en Teruel- sobre el total de 232 que se han adherido en toda España, la mayoría de ellas en Cataluña (57), la Comunidad Valenciana (39) y Madrid (29), aunque desde la FEMP esperan que esta lista siga aumentando.
Otras no aparecen en este primer documento facilitado por el Gobierno, aunque han manifestado su intención de colaborar con esta iniciativa. El Ayuntamiento de la capital aragonesa, por ejemplo, ya se dirigió a las entidades bancarias con propiedades inmobiliarias en la ciudad para ofrecer su intermediación, a través de la sociedad Zaragoza Vivienda, como ente gestor de estos pisos de arrendamiento social.
¿Cómo funciona el Fondo Social?
El Fondo Social de Viviendas es una iniciativa puesta en marcha para ofrecer pisos de alquiler reducido -entre 150 y 400 euros– a familias desahuciadas que, según los primeros listados ofrecidos por el Ministerio de Economía, cuenta con 156 pisos repartidos en 32 localidades aragonesas. Aunque la gran mayoría se encuentran entre 23 municipios de la provincia de Zaragoza -casi todas en la capital-, las entidades financieras también han aportado pisos en cinco de Huesca y cuatro de Teruel. En toda España, la banca ha cedido 5.047 inmuebles procedentes de embargos, casi un millar menos de los previstos el pasado mes de enero.
A este fondo pueden acceder aquellas personas que hayan sido desahuciadas a partir de el 1 de enero de 2008, quienes deberán acudir al banco o caja que les concedió la hipoteca y presentar allí la solicitud para acceder a uno de estos pisos, que proceden de embargos. Aquellos que aspiren a conseguir una de estas viviendas tampoco pueden tener unos ingresos familiares superiores al triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -en la actualidad serían 1.597 euros mensuales- o no superar una renta de poco más de 19.000 euros al año, no poseer otra vivienda y estar en una situación de especial vulnerabilidad.
