Por Guillermo Fatás.
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza
Asesor editorial del Heraldo de Aragón
(Publicado en Heraldo de Aragón)
Al término de la Guerra Civil de 1936, la Causa General (CG) pretendió recoger la totalidad de los delitos contra personas y bienes imputados al bando republicano.
Por su naturaleza misma y por el clima político imperante durante su confección, es una fuente que exige maestría profesional para su manejo con fines científicos, pues contiene de todo. Básicamente, el acopio de datos se encomendó a fiscales y al contacto de estos con personas de todas las localidades afectadas, que fueron muchas y diversas. En el Archivo Histórico Nacional, la CG ocupa unas cuatro mil cajas llenas de documentos, accesibles por internet.
Su impulsor fue Eduardo Aunós, ilerdense que, antes de ser ministro de Franco, fue secretario de Francisco Cambó, el máximo exponente del catalanismo conservador. Aunós se hizo falangista en 1937 (Garzón lo quiso encausar… una vez muerto).
Comarca asolada
En la CG, Julio Zapater atestigua que el 21 de julio de 1936 “fuerzas de Asalto llegadas de Barcelona” profanan la iglesia de Ballobar y la de Loreto. Eduardo Estadera da fe de que ese día llegaron a Chalamera “siete individuos armados desconocidos” que obligaron a los vecinos a desalojar la iglesia, a cuyos muebles prendieron fuego. Isidro Barber afirma que el 23 de julio “llegaron a Alcolea de Cinca dos camiones de milicianos de Cataluña los cuales entraron en la iglesia quemando el archivo parroquial y profanando imágenes”. Melchor Meler Sender dice que, ese 23, avanzadillas de la columna Durruti llegadas a Abalate de Cinca “incendiaron la iglesia que quedó completamente destruida”. José Sanz Villas consigna que el 22 de julio llegaron “dos camiones de individuos desconocidos y armados” que quemaron la estatuaria religiosa. Enrique Pinedo, sargento de la Guardia Civil de Castejón de Monegros, atestigua que el 25 o 26 de julio “llegaron las fuerzas de Durruti las cuales profanaron la iglesia sacando fuera las imágenes y ornamentos (…) siendo quemados sin que pudiera hacer nada para evitarlo dado el gran número de milicianos armados”.
Todo ello compone un paisaje general de la comarca –Ballobar, Chalamera, Alcolea de Cinca, Albalate de Cinca, Castejón de Monegros- del que, según algunos supuestos expertos vinculados a Esquerra Republicana, debe sorprendentemente quedar exceptuada Villanueva de Sijena.
Y hay que recordar el caso de Antonio Lerín Villas –Vallas, en alguna fuente-, militante anarquista afiliado a la CNT y nacido en Villanueva de Sijena en 1911. Acabó condenado a muerte, inculpado de varios delitos, en 1943, pero no fue ejecutado. Ello le procuró ocasión de evadirse de la prisión de Huesca en junio del año siguiente. Fue a esconderse a Barcelona, por temor a la vigilancia severa que el régimen de Franco había establecido en los controles fronterizos. No le duró mucho aquel remedo de libertad: descubierto en febrero de 1945, fue devuelto a presido, pero con una pena mucho menor, que una fuente cifra en dos años.
Con razón escribe Jorge Español que el suyo, hecho ante el fiscal de la CG, es el testimonio “más sobrecogedor y verídico” acerca de lo sucedido en el Real Monasterio de Santa María de Villanueva de Sijena. “Que sobre el día 20 0 21 de julio de 1936 llegaron varios camiones con milicianos de Cataluña, habiéndose formado el Comité Local un día antes (…) y que al día siguiente en unión de Julio Arribas, secretario del Ayuntamiento de Sijena fue al monasterio para decirle a las monjas “que los milicianos se proponían quemar el monasterio. Les pidieron que fueran al pueblo para ponerlas a salvo. “El monasterio a los dos o tres días se vio arder, ignorando quién intervino en este hecho”.
En fin, un nuevo dato, exhumado por M. Menjón es el de Antoni Gudiol (‘Memóries. 1939-1945’ archivo obispal de Vich), hermano de José, el arquitecto que arrancó y llevó los frescos quemados a Barcelona. Dice (traducido): “Mi hermano Josep Mª, acompañado por [Antoni] Robert, con un auto salieron Barcelona y durante tres días visitaron las poblaciones de Igualada, Vallbona de las Monjas, Lérida, Alquézar , Sijena, Barbastro, Alquézar, Benabarre, Siétamo, Liesa y Monzón (…) Pudieron ver las destrucciones que en todos aquellos pueblos aragoneses había hecho la columna de milicianos de la FAI de Barcelona, que capitaneado por García Oliver , llevaba el nombre de ‘Aguiluchos’. Sobre todo en el monasterio de Sigena, el vandalismo de aquellos pistoleros había convertido en un montón de ruinas y paredes calcinadas la famosa sala capitular”.
El conjunto de los testimonios apunta, pues, en una misma dirección: gentes ajenas a la comarca impulsaron aquellas barbaridades. De ahí que sea forzado e inverosímil basarse en una atribución por “sospechas” para convertir el caso de Sijena en la anómala y llamativa excepción a una pauta tan bien acreditada.
