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Por Eduardo Jiménez Marqués
http://aitoaragon.blogspot.com
Es de todos conocidas las ayudas que por diferentes conceptos España y sus CCAA han recibido y reciben de los Fondos Europeos.
Durante el periodo 1994 al 1999 algunas CCAA no justificaron cometieron diferentes irregularidades-
Las irregularidades fueron detectadas por la Comisión durante las auditorías aleatorias realizadas para verificar cómo se habían gastado los fondos del periodo 1994-1999,
Los errores constituían principalmente infracciones de la normativa de la UE en materia de contratación pública, tales como la modificación de contratos iniciales y la adjudicación directa de las obras complementarias sin realizar una nueva licitación; la adjudicación de contratos utilizando criterios supuestamente irregulares (como el criterio del precio medio y la implantación local y la experiencia de la empresa) y la no publicación de anuncios de licitación en el Diario Oficial de la UE.
La Comisión también señaló la infracción de las normas aplicables en el ámbito de los fondos estructurales, como la ejecución de compromisos después de la fecha límite fijada, los pagos de los gastos con posterioridad al plazo de elegibilidad, o bien la falta de pistas de auditoría y de comprobantes de pago en proyectos de ayuda de Estado.
Por todo ello España fue sancionada a devolver los fondos “sospechosos” de fraude. Lógicamente España recurrió la medida.
En sus recursos, España no negó la existencia de irregularidades en los diferentes proyectos concretos auditados por la Comisión, pero alegó que el Ejecutivo comunitario no puede realizar las correcciones financieras mediante extrapolación.
El Tribunal de justicia de la Unión Europea rechazó este argumento, recordando que la jurisprudencia ha establecido ya que errores sistemáticos comunes a varios proyectos de un mismo programa operativo pueden justificar una corrección financiera aplicable al conjunto del programa.
La consecuencia es que ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este febrero de 2013 la decisión de Bruselas de reducir en 363 millones de euros las ayudas comunitarias a Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco tras constatar «irregularidades sistémicas» en la adjudicación de contratos y el pago de los fondos.
La sentencia desestima todos los argumentos presentados por España y rechaza sus recursos contra la decisión del Ejecutivo comunitario.
De esta forma, los fondos estructurales para Andalucía se reducen en 219 millones de euros, los destinados a la Comunidad Valenciana en 116 millones y los del País Vasco en 28 millones. «A raíz del examen de dichas muestras, la Comisión apreció numerosas irregularidades, algunas de ellas recurrentes», destaca el fallo.
En el momento de realizarse estas acciones de irregularidad, que ahora debemos pagar los españoles, recordemos quien estaba en cada CCAA de las sancionadas
La Junta de Andalucía estaba presidida por Manuel Cháves y gobernada por su mano derecha Gaspar Zarrías.
País Vasco estaba presidida por D José Antonio Ardanza Garró
La CCAA Valencianas la presidían en el periodo de referencia Joan Lerma y Eduardo Zaplana.
Me pregunto
¿A quién ha financiado estas irregularidades?
¿Habrá algún juez, fiscal o tribunal que averigüe y juzgue esta pérdida de 363 millones de euros)
O simplemente los políticos y demás agentes sociales echaran tierra al asunto
