Por Raimundo M. Soriano
La democracia en España vino tras la muerte del dictador Franco.
Un señor que murió en la cama. No hubo revolución como en Portugal. Aquí las fuerzas políticas de izquierdas acataron una “transición” modélica, porque veníamos de un periodo largo de dictadura y represión en todos los aspectos. Nos prepararon y nos embaucaron en la idea de que el español es de sangre caliente y en cualquier momento se podía repetir una segunda guerra civil.
Las Cortes franquistas se convirtieron de la noche a la mañana en Cortes democráticas. Como si un tal Fraga cambiara la camisa azul por la blanca en un santiamén. Ya era un señor respetable y demócrata.
El poder ejecutivo pasó de un dictador a un Gobierno elegido por los españoles en una convocatoria electoral. Otros poderes permanecieron inalterables. Principalmente el poder judicial. Los jueces perdieron el bigotillo, se lo afeitaron y ya fueron demócratas. Todo un cambio de cara que sorprendió hasta a ellos mismos.
Los militares estaban preparados con el sable y el mosquetón. Advertían de que las esencias rancias se debían respetar y no dejaron de dar mal hasta el sainete de Tejero entrando en el Congreso de los Diputados un 23 F de 1981.
Felipe González, poco después, accedió al poder. Les subió el sueldo, nos metió en la OTAN, los mandó a misiones “humanitarias” y parece que se acabaron las andanadas autoritarias y golpistas de una clase militar que tenía la fuerza del fusil.
La jerarquía eclesiástica que tanto ayudó al golpe contra la II República, no perdió el tino de los privilegios representativos y económicos. Sobre todo, cuando la vicepresidenta del Gobierno socialista, María Teresa Fernández de la Vega, en una renovación del Concordato con la Santa Sede, se le ocurrió darles del 0,7% de la recaudación del IRPF que todos los españoles pagamos a Hacienda.
Los obispos dieron un brinco de alegría porque pensaban obtener mucho menos. Con esta pasta pagan sueldos de curas, monjas, frailes, obispos, cardenales y adjuntos. No obstante, no han dejado de dar mal cuando el Ejecutivo ha promulgado leyes como la del aborto, la del matrimonio igualitario, la eutanasia y la educación concertada. Manifestaciones y concentraciones que la derecha en bloque apoyó.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que incluyen a Policía Nacional, Guardia Civil y otras policías autonómicas, se encargan de mantener el orden establecido. El mando lo ostenta el ministro de Interior. En la actualidad Grande-Marlasca, que ya debería tener experiencia porque lleva en él ocho años.
El Estado democrático cojea cuando ciertos poderes intentan suplantar al Ejecutivo elegido democráticamente. Son varios: el más evidente es el económico con los bancos, las energéticas y las grandes empresas a la cabeza. El capitalismo, desde la época de Reagan y Thatcher, ha derivado en un neoliberalismo cada vez más salvaje.
Otros poderes que están asomando la patita, son el poder judicial y el policial. Poderes que deberían haber sido adaptados a un sistema democrático. Ciertas actuaciones de los jueces y de la policía recuerdan más a tiempos pasados que actuales.
Con los procesos judiciales a miembros del Partido Socialista, al fiscal general del Estado, a la familia de Pedro Sánchez y al expresidente Zapatero nos hemos vuelto expertos en autos y en informes policiales de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) en legos como es mi caso. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) aporta su granito de arena en la policía.
Estos informes de la UCO y la UDEF deberían ser los complementos para las investigaciones judiciales, pero algunos jueces los admiten como pruebas en sus autos y esto es gasolina para los juicios de los telediarios y confrontación entre tertulianos.
La policía patriótica, creada por el PP, fue un estercolero para defenderse de Bárcenas, idear dosieres contra Podemos y los nacionalistas catalanes, y proteger a un tal M. Rajoy o Cospedal. Ahora se les está juzgando en la Audiencia Nacional al beato exministro del Interior del PP, amigo del ángel de la guarda Marcelo, y a su nº 2 en el asunto de la Kitchen.
La conducta de una policía democrática debería ser exquisita. No obstante, depende de dónde actúan. Si es en una manifestación a favor de la enseñanza pública en Valencia, en el aeropuerto de Bilbao o en concentraciones izquierdosas los miembros de estas policías pueden actuar con extrema violencia, con empujones y porrazos. Si la concentración, como en Ferraz, es de extrema derecha, se les trata con “mimos”.
El ministro de Interior, Grande-Marlasca, ha tenido tiempo -más de siete años- para adecuar los cuerpos de seguridad al siglo XXI. Proponer la reforma de la Ley Mordaza y desterrar la idea de que los miembros de la policía y la Guardia Civil tienen una ideología muy clara: la extrema derecha.
La reforma de la justicia es una cuestión más peliaguda. El Poder Judicial es fundamental en el Estado y su tarea es aplicar las leyes con independencia. Otra cuestión son los jueces. Mejor dicho, ciertos jueces con sus autos y sus resoluciones.
Casos como el de Begoña Gómez, el hermano del presidente Sánchez y el fiscal general del Estado no tienen un pase. El de Rodríguez Zapatero ya veremos cómo termina. Estar imputado no es sinónimo de condenado, pero los medios o pseudomedios periodísticos de la derecha y las televisiones privadas en sus informativos y tertulias ya han dictado sentencia.
El Consejo General del Poder Judicial, un ente autónomo, debería velar por la claridad y limpieza de la justicia. Atar corto a ciertos jueces estrambóticos que admiten querellas de organizaciones ultras basadas en recortes de prensa o en infundios.
Hay muchos que pensamos que la justicia no es igual para todos y que la velocidad es lenta o rápida según el caso que se juzgue. Algunas togas, desde la Ley de Amnistía para los políticos catalanes, parece que siguen el consejo de “quien pueda hacer que haga” de un expresidente que nos metió en la guerra de Irak.
También un Rasputín canoso, creador de bulos, consejero áulico de la presidenta de Madrid, con “buena” información en los juzgados de la capital, ha establecido una frase “p´alante” con un significado chungo y despreciativo para ciertas personas allegadas al presidente Sánchez.
Un Gobierno progresista que se precie, en su mesa de actuación, no puede tener dos patas que cojeen: la justicia y la policía. El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior tienen tarea por delante.
Pedro Pacheco, cuando era alcalde de Jerez, se enfrentó a Bertín Osborne por la construcción de un chalet. A raíz de la sentencia contraria a la demolición, el entonces regidor pronunció la frase lapidaria: “La justicia es un cachondeo”. ¿Esta idea está vigente a día de hoy?
