Por Jorge Moreno
En España, el término jurídico desahucio se utiliza cuando se procede a privar al inquilino de la posesión (uso del inmueble) mediante una resolución judicial por un incumplimiento del contrato de arrendamiento (falta de pago de la renta o cualquier otro incumplimiento contractual).
En ocasiones desahucio se utiliza como sinónimo de desalojo o de la indemnización por despido, dado que una orden judicial de desahucio tiene como finalidad el desalojo de los arrendatarios de una vivienda. En España, el término desahucio se utiliza para hacer referencia en exclusiva al desalojo de los inquilinos de una vivienda o local comercial por orden judicial.
El acto que consiste en desalojar físicamente a los ocupantes de la vivienda o local, se llama lanzamiento. A él acuden: el propietario junto con una representación del Juzgado y un cerrajero, para volver a tomar posesión del inmueble, procediendo a entrar en el inmueble (si es necesario por la fuerza y cambiar la cerradura o el candado).
En España existe La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ha logrado un triunfo histórico al conseguir que el Congreso de los Diputados vaya a tomar en consideración la iniciativa popular para aprobar una ley que limite los desahucios y promocione la entrega de la vivienda para cancelar la hipoteca.
¿Qué es una iniciativa legislativa popular (ILP)?
Es un mecanismo de democracia participativa, amparado por el artículo 83 de la Constitución, que permite que un grupo de ciudadanos pueda recoger firmas para proponer al Congreso de los Diputados la aprobación de una nueva legislación. En concreto, se requiere la presentación de 500.000 firmas. En el caso de la ILP aprobada, consiguió el apoyo de 1.402.854 ciudadanos.
¿Qué propone la ILP cuya toma en consideración fue aprobada?
Defiende varios cambios en la normativa hipotecaria para aliviar la situación de miles de personas que no pueden afrontar el pago de la letra mensual. En concreto, reclama que se cambie la ley de enjuiciamiento civil para que la entrega de la vivienda al banco suponga la cancelación del crédito (la figura conocida como dación en pago).
También pide que se paralicen los deshaucios de personas que no han pagado la hipoteca, «cuando se trate de la vivienda habitual del ejecutado y el impago del préstamo sea debido a motivos ajenos a su voluntad». A cambio, la persona podrá seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler «que no podrá ser superior al 30% de sus ingresos mensuales».
¿Quién está detrás de la ILP de la dación en pago?
El principal promotor es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAF), cuya cara más visible es la de Ada Colau. También la han secundado las secciones sindicales de UGT y Comisiones Obreras en Cataluña, así como otros colectivos y asociaciones.
Cuatro años para arrancar un debate contra las hipotecas abusivas y un millón de firmas ha abierto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca un hueco político. Desde 2008 han paralizado más de 500 desahucios. Miles de asambleas y mesas en la calle están detrás de su victoria en el Congreso
Haría bien el Gobierno en estudiar detenidamente la iniciativa popular presentada en el Congreso solicitando la dación en pago para los impagos hipotecarios. Y no solo por hacer justicia y evitar la destrucción de personas, que ya me parece una razón más que suficiente, sino porque es todo el futuro económico del país lo que puede estar en juego. Cuando a una familia la desahucian de su casa, se queda en la calle y tiene que empezar de cero, si se queda endeudada para toda la vida no podrá pagar un alquiler. No podrá hacer consumo alguno, ni podrá recuperarse nunca para volver a comprar otra vivienda, ni podrá pagar estudios a sus hijos, ni tampoco podrá pagar impuestos. Está claro que esa familia, además de quedar sentenciada a una larga miseria, también queda anulada para contribuir a cualquier movimiento de incentivación económica del país. Hablamos de cientos de miles de familias. Ahora mismo, muchas hipotecas las están pagando padres, abuelos o hermanos con sus ahorros para evitar el desahucio de sus familiares, o se están ocupando de su manutención para que puedan sobrevivir. Eso significa que también las posibilidades y recursos de todas esas personas quedan paralizados a largo plazo. Tanto EE UU como otros muchos países democráticos del mundo tienen muy claro las consecuencias de una ley hipotecaria tan injusta como la española, por eso, ellos sí aplican la dación en pago, y es evidente que les va mucho mejor que a nosotros.
¿Acabará aprobándose la dación en pago?
La mayoría de los expertos consultados considera que la aplicación de una dación en pago retroactiva, como propone la ILP, desestabilizaría enormemente el sector financiero español. De acuerdo con diversos cálculos, en España hay más de 250.000 viviendas cuyo valor de mercado es inferior al crédito hipotecario al que están vinculadas. De aprobarse una iniciativa similar, miles de clientes podrían entregar las llaves de sus casas al banco, con lo que el sector financiero debería realizar nuevos saneamientos para provisionar las pérdidas provocadas por la cancelación de estas hipotecas.
La cuestión de frenar los desahucios a cambio de establecer un alquiler social es más fácil que prospere, aunque muy matizada. En el proyecto de ley presentado por el Gobierno, se contempla algo similar, pero limitado a personas con un nivel de ingresos muy bajo.
Ha ce poco la justicia europea ha considerado ilegal y abusiva la legislación española de desahucios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que la actual ley no es compatible con los derechos de los consumidores .Consideran que la ley que se aplica en España no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
Su decisión implica el cambio de la actual Ley Hipotecaria española. El PP retrasó la tramitación de la Ley Antidesahucios hasta ese fallo. Rajoy se prepara para cambiar la ley “con la mayor celeridad posible”
El presidente, en una muestra más de su gran capacidad para adaptar su mensaje a las circunstancias sin alterar un músculo, respondió rápidamente al varapalo. Con tono calmado, como si nada hubiera pasado, aseguró que cumplirá la sentencia e incluso admitió que la propia ley, tan criticada por diversos colectivos sociales, es ya muy antigua, algo que hasta ahora nadie del Ejecutivo destacaba. Mientras, la patronal bancaria presionaba para no variarla y concentrarse en moratorias sobre los desahucios y ayudas a las familias con más problemas El Gobierno trata de reconducir el varapalo y promete cumplir el fallo.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió también con claridad que habrá que reformar la ley. “Asumimos ya el compromiso de que todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos”, declaró
Sin embargo la PAH, vivió la sentencia de ayer como un gran éxito de la presión social.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
Alrededor de 2.000 aragoneses recibieron en el 2012 una orden de desahucio. Cada semana acuden 15 nuevos casos a la plataforma Stop Desahucios en busca de ayuda
El Ejecutivo ha anunciado, que tendrá en cuenta la sentencia europea para modificar la normativa hipotecaria española en algunos aspectos citados por la sentencia.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo, en la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley hipotecaria, planteará los tipos de interés de demora que se aplican en estos préstamos estén limitados, y no ilimitados como ahora. Este aspecto fue citado por la sentencia como posible cláusula abusiva, si bien no determinó que lo fuese.
Lo mismo sucede con el hecho de que un impago desencadene la ejecución hipotecaria y el desahucio. La sentencia contraponía el hecho de que el contrato de préstamo tuviese una vigencia de 33 años con el que se pudiese resolver por un impago puntual. Según la vicepresidenta, a partir de ahora serán necesarios tres impagos de la letra de la hipoteca para el desahucio de la vivienda.
En paralelo, el Ejecutivo ha descartado otras opciones planteadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, como aplicar la dación en pago retroactiva. Además, reforzará la supervisión para detectar y eliminar las cláusulas de las hipotecas que se firman.
Los desahucios, acordados por los juzgados de primera instancia al cierre de 2012 ascendieron a 101.034, según la estadística elaborada por e Consejo General del Poder Judicial.
¿Qué es lo que debe de hacer una persona que recibe un desahucio?
Cuando le llega el informe del banco,lo primero es pedir justicia gratita , ponerse en contacto con la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH), analizar las cláusulas abusivas… además en Aragón se puede visitar la página web donde se podrá informar con mayor profundidad y asesoramiento en www.stopdesahucioszaragoza.es, además la información es gratuita y el teléfono el 669065423.
