Por Jorge Moreno
Esta ley que entró en vigor el 1 de enero de 2007 atraviesa momentos críticos: y es que la falta de financiación ahoga un servicio llamado en inicio a convertirse en el cuarto pilar del Estado del bienestar.
Según un estudio, en el año 2010, un millón y medio de personas habían solicitado la ayuda por dependencia y un año más tarde, apenas la mitad, la están recibiendo. La normativa establece que la aportación económica correrá a cargo de tres partes: el Estado, las Comunidades Autónomas y el usuario. En base a un complejo sistema de financiación transitorio vigente hasta 2015, la ley introdujo el derecho universal de acceso a atención para las personas en situación de dependencia, al margen del nivel de rentas de los usuarios,, lo que supone un aumento del gasto público y debería compensarse por las vías de superávit del Estado.
Este modelo de financiación condena al sistema a la inestabilidad permanente y además la realidad arroja una progresiva disminución de la aportación de recursos por parte del Estado junto al endeudamiento actual de las Comunidades, lo que plantea un signo de interrogación sobre la viabilidad del sistema.
La intención inicial de dar prioridad a los servicios por encima de las prestaciones económicas parece haberse desvanecido…la falta de financiación implica, a su vez, la imposibilidad de crear un red de servicios, tanto profesionales como materiales, que puedan hacer frente a la nueva demanda.
El problema económico se agrava, en muchos casos por la deficiente colaboración entre las administraciones central y autonómica.
