Es muy desequilibrada porque concede excesivas prerrogativas al empresario y les retira buena parte de las posibilidades de defensa a los trabajadores dentro de la distribución de la renta y las condiciones de trabajo en el proceso productivo. Además, limita severamente la acción de los agentes económicos y sociales dentro de la negociación colectiva, especialmente para los sindicatos.
Parece que busca acabar con la negociación colectiva, ya que la suma de poder despedir fácil y muy barato es una coacción por parte del empresario para poder imponer la inaplicación del convenio, con modificaciones significativas dentro del convenio colectivo, tanto en los salarios como en jornada laboral y en movilidad funcional o geográfica, de manera que deja en una posición de poca capacidad de defensa a los trabajadores, ello conlleva un campo de actuación limitada severamente de los sindicatos.
Por otra parte, el legislador atribuye al empresario plena racionalidad en sus actos y una benevolencia o bondad en el uso de las prerrogativas que le da que tristemente no concuerda con la experiencia española.
