Por Jorge Moreno
Asegurar una ubicación par los cien ancianos que viven en las seis residencias cuya orden de cierre definitivo ha firmado el Gobierno de Aragón. Esta es la principal preocupación de autoridades, organizaciones y entidades relacionadas con el mundo de la tercera edad en Aragón.
Estos seis centros forman parte de los 25, quince con deficiencias muy graves, que tenían expedientes de cierre pendientes desde hace años y que el Ejecutivo anterior no había ejecutado. El actual Gobierno de Aragón ha decidido que había que cerrar nueve. Desde la DGA se informa que el más pequeño de los centros atendía a cuatro mayores y el más grande se ocupaba de cuarenta.
Desde el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se está trabajando para ver que plazas públicas y privadas hay disponibles para poder acoger a los residentes, en el caso de que las familias no pudieran llevar a cabo el traslado a otro centro.
Por otro lado, el procedimiento sancionador puesto en marcha para estos seis centros conlleva la inhabilitación de los propietarios para ejercer actividades sociales y multas que pueden llegar hasta los 30.000 euros. Así mismo, los propietarios tienen quince días para recurrir la decisión de la DGA desde que se les informa del cierre, si el sancionado no presenta alegaciones, será el consejero el que firme el inicio de los trámites de cierre; en el caso de uno de los centros la clausura es inminente.
Desde el sector se está hablando con la DGA para acomodar en residencias suyas a las personas necesitadas
