Por José Luís Bermejo Latre
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza
Como uno de los principales elementos del pacto de gobernabilidad suscrito entre el PP y el PAR, asoma en escena la reordenación de las competencias de los entes locales. El gobierno estatal ya anunció en campaña su intención de mantener el statu quo, salvo alguna referencia genérica a la reforma de la Administración, que no parecía apuntar a una desaparición de las provincias como entes locales.
Bastó que la propuesta proviniera del PSOE para que el PP la rechazase, una vez instalado en dichas instituciones desde las que, además de apoyo al municipalismo no capitalino, se “hace partido”.
Pero en Comunidades como la aragonesa, en la que se vive una situación de minifundismo municipal solapado con una competencia imperfecta supramunicipal, el statu quo resulta insostenible en su presentación actual, y toca retocarlo hasta el límite de las posibilidades aragonesas. El actual Gobierno de Aragón, reconocidas las limitaciones de la Comunidad para eliminar niveles de gobierno local ajenos a su disponibilidad, apuesta por la tan cacareada “reordenación de competencias” entre ellos, tarea no fácil dado el complejo marco regulatorio de que nos hemos dotado entre todos (Estado y Comunidad Autónoma). No parece posible renunciar a una comarcalización definida por unanimidad de los partidos aragoneses, de modo que la gran apuesta pasa por despojar a las comarcas de su carácter político, reduciendo el número de consejeros comarcales para disminuir costes. Pero temo que esa medida se pueda quedar corta, y me gustaría que se explorasen todas las aristas del complejo problema del gobierno local, incluso para formular propuestas al Estado desde nuestra discreta posición de Comunidad Autónoma de escaso peso institucional nacional.
En primer lugar, Aragón debería proponer una reforma a escala estatal en pos de la interiorización autonómica de los niveles supramunicipales de gobierno local, de modo que cada Comunidad Autónoma pudiera elegir su modelo de organización en lo que realmente importa: disponer las instituciones al servicio de los ciudadanos, y no al servicio de otras instituciones. Así se podrían refundir, de alguna manera reflexiva e inteligente, provincias y comarcas en Aragón, alcanzando un número de entes supramunicipales que responda a las capacidades y necesidades de un territorio modesto como el aragonés. En este sentido, hay dos grandes alternativas para la reforma de la planta supralocal aragonesa: o bien se reduce el número de comarcas a una decena o docena -que es el resultado que un repaso a las principales ciudades intermedias y los ejes de comunicación regionales arroja-, o bien se mantiene el número actual de comarcas, o aun se aumenta, pero sacrificando directamente el nivel de administración –que no de gobierno micromunicipal. En todo caso, lo que se haga con las comarcas debe tener un reflejo directo sobre los municipios, grandes y pequeños, pero sobre todo con estos últimos.
Así pues, si la reforma aragonesa se reduce a la despolitización de las comarcas para disminuirlas a la condición de entes prestadores de servicios, se perderá la oportunidad de que éstas puedan ejemplificar el legítimo ejercicio de la autonomía aragonesa. Tampoco podrán ser considerados entes locales, como las configura la ley de comarcalización (hay que recordar que ya ahora incumplen los postulados de la Carta Europea de Autonomía Local, al faltarles, como a las Diputaciones provinciales, un respaldo electivo directo). Y, en estas coordenadas, difícilmente podrán reemplazar a los pequeños municipios, a quienes la legislación básica estatal les asigna competencias y servicios difícilmente reasignables a otros entes.
La presente situación financiera exige, en todo caso, una reforma decidida y osada, acaso también a escala estatal y seguramente en el plano fiscal, del mundo local. Pero es el déficit democrático, antes que el económico, el que justifica este necesario ajuste. Pero para acometer una reforma de tanto alcance es preciso adoptar posturas mentales muy alejadas de las acostumbradas por nuestros gobernantes: no será sólo preciso distinguir municipios, provincias y comarcas de ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales, sino también distintguir instituciones de personas… y de partidos políticos.
