Por Guillermo Fatás
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza
Asesor editorial de Heraldo de Aragón
Los miembros de la coalición Bildu gobiernan en Anoeta (Guipúzcoa), que se quejaban en público de la ‘injusta’ detención de su convecino Aitor Esnaola por el mero hecho de guardar en casa ochocientos cincuenta kilos de explosivo.
¿Ya hemos olvidado que los tribunales, en septiembre, condenaron a Otegi y a Díaz Usabiaga como receptores directos de las órdenes de ETA? Fue un pronunciamiento terminante, sobre hechos probados. Desde entonces, Martín Garitano, el retador diputado general de Guipúzcoa (un presidente de Diputación provincial, pero con mucha más capacidad económica), sale a la calle con un nuevo complemento añadido a su cuida ´mosca’ y su brillante en la oreja: la insignia de solapa con el número 8719600510, asignado administrativamente a Otegi, tras su último encarcelamiento por actividades conexas con el terrorismo.
De ETA y su trama surgen coaliciones políticas, ajustadas a la ley, y listas electorales ‘limpias’, a base de nombres irrelevantes. Logrados los votos, se procede a instalar en docenas de cargos institucionales a los batasunos veteranos.
UPyD no acertó con su moción para ilegalizar Bildu y Amaiur, pues solo obtuvo 5 votos de 350 posibles e impidió que Amaiur quedase en solitaria evidencia. Pero eso no impide que haya recordado una colección de hechos concretos, significativos y verificables.
Entre ellos, que Garitano ha nombrado jefe de gabinete a un exalcalde de Azpeitia opuesto a condenar el asesinato de Ignacio Uría, de 71 años, que trabajaba en el AVE vasco; que ha llamado a su vera a un exalcalde batasuno de Pasajes; a una exconcejal batasuna de Usurbil; a la exalcaldesa de Hermani que pidió para los etarras acusados del atentado de la terminal de Barajas; a un ex’borroka’ arrestado por terrorismo urbano; a tres candidatos en listas municipales y europeas anuladas por su manifiesta vinculación con ETA-Batasuna. Y para, dirigir la Hacienda, a un miembro de Euskal Herritarrok (uno de los sosias de Batasuna); etc.
En el Ayuntamiento de San Sebastián, el alcalde Izagirre, un tipo que suspende las actuaciones de los artistas ‘maketos’ en la Semana Grande para reforzar la ‘cultura vasca’, como da mucho de sí una nómina de once asesores y dos delegados, ha fichado a un puñado de correligionarios, conocidos por haber militado en formaciones ilegales. La lista es ampliable a voluntad: muchos que gritaban o son ahora gobernantes a cargo del erario y sin pasar por listas electorales.
Lo que viene a decir UPyD en los diez folios de su moción, fallida, pero veraz, es que la conducta de Bildu-Amaiur prueba que ha recurrido a quienes no podían figurar en listas legales para ocupar las instituciones. Eso, dice UPyD, es un fraude de ley que requiere un proceso de ilegalización ‘a posteriori’, según prevén nuestras leyes, respaldadas expresamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2009: en el contexto español, no condenar el terrorismo es ayudarle; eso y la negación de la condición terrorista de los ‘presos vascos’ son parte de un plan .
Bildu y Amaiur ni condenan a ETA ni piden su final. Lo que UPyD ha solicitado en solitario al legislativo nacional es que se proceda ya con ellos como se procedió con Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, porque son la misma gente que ha formado las dos coaliciones.
La posición de UPyD fue tachada de insensata, anacrónica, cobarde, oportunista, insidiosa y demagógica.
La moción mayoritaria aprobada finalmente insta al Gobierno a . Ojalá. Pero, hoy por hoy, Bildu y Amaiur, versiones últimas de Herri Batasuna, viven impunes su constante ‘compresión’ con ETA y sus victimarios.
