Por Jorge Moreno
El anterior gobierno del Partido Popular firmó a comienzos de este año un convenio con la Sared (Banco malo) por el que este cedía 80 viviendas para incorporarlas a la bolsa de alquiler, pero hasta ahora no han servido para satisfacer la demanda existente de 4.000 personas, ni para dar una solución a familias desahuciadas.
Según el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro ”no han servido de nada porque hay que hacer reparaciones que no podemos hacer, y si no hay presupuesto suficiente , seremos incapaces de resolverlo”.
De todo modo de los 63 lanzamientos judiciales 34 familias han podido ser realojadas, mientras que otras 4 renunciaron a la viviendas que se les ofrecieron y quedan 25 casos pendientes de hallar una solución. Además, los 10 desalojos fueron por ejecución hipotecaria y los 53 restantes por impago del arriendo.
Actualmente el problema se encuentra en el alquiler,” para ello es necesario incrementar las partidas para ayudas al alquiler, el Estado y la DGA han aportado 4,7 millones de euros, con lo que sólo se ha podido conceder 3.364 y se han quedado fuera 4.603 solicitantes”, según el Consejero.
Además de los casos de desahucios comunicados por los jueces al detectar situaciones de vulnerabilidad, el Departamento ha intervenido en otros cuatro procesos, tres de ellos trasladados por las plataformas antidesahucios y otro a través de un correo electrónico, diciendo que con el banco
El retraso en la aprobación del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda para atender la emergencia social, todavía no se ha realizado según denuncia Podemos, pero el consejero lo justificó porque el problema pertenece también a la consejería de Derechos Sociales, pero avanzo que el borrador, pendiente de informe jurídico, recogerá la creación de un registro de viviendas desocupadas y una bolsa única de vivienda social, si bien serán los ayuntamientos la que lo gestionen.
La DGA obligará por ley a los bancos a entregar sus pisos desocupados
Exigirá la cesión de aquellos que proceden de desahucios para destinarlos a vivienda social. El decreto ley de Soro eliminará el requisito de no tener deudas tributarias para facilitar el acceso. Además prepara un decreto que prevé suspender el desalojo hasta que el afectado tenga alternativa y también se plantea que en algunos casos se destinen fondos públicos a pagar alquileres y evitar las los lanzamientos.
La nueva ley de vivienda de Aragón se prevé que se desarrolle en el 2016 y se apruebe después de un amplio proceso de participación, en marzo de 2017.
