Por Jorge Moreno
La Comisión de Sanidad de las Cortes ha aprobado la Proposición no de Ley de Izquierda Unida relativa al desarrollo de la Ley de Derechos y Garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte, más conocida como Ley de Muerte Digna.
La iniciativa ha salido adelante con el voto en contra del PP y tras aceptar una enmienda in voce del grupo parlamentario del PAR y por la que modifica el texto en lo relativo a los plazos. Así, a través de la PNL de IU, las Cortes exigen al Gobierno de Aragón que presente a la mayor brevedad posible un estudio relativo a la forma en la que ciudadanía aragonesa afronta y vive el proceso de su muerte, tal y como recoge la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Derechos y Garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte
IU ha aceptado esta enmienda porque considera fundamental que se apruebe esta iniciativa y se desarrolle esta ley cuanto antes, “porque el PP, que ha votado en contra, no se atreve a derogarla pero la está vaciando de contenido”, señala la portavoz de Sanidad de IU en las Cortes, Patricia Luquin, que ha defendido esta iniciativa.
Izquierda Unida presentó esta iniciativa porque que, a día de hoy, no se ha presentado ningún estudio que permita valorar ni evaluar el grado de aplicación de la Ley, los efectos que está teniendo en la ciudadanía aragonesa y tampoco se ha elaborado nada que haga referencia a cómo afronta y vive la ciudadanía aragonesa el proceso de su muerte.
“El estudio que pedimos está considerado por la propia ley como “necesario” e incluso establece el plazo de un año para su redacción”, ha explicado Luquin para advertir que, a pesar de que la norma entró en vigor hace más de dos años, no se ha redactado este informe que, además, se debería actualizar de forma periódica “con el fin de permitir evaluar con regularidad la aplicación y efectos de la presente ley”.
Por esto, para que la ley de desarrolle con plenas garantías, “es un paso importante contar con el estudio que hoy ha solicitado la Comisión de Sanidad en la iniciativa aprobada”.
“En una sociedad democrática, el respeto a la libertad y a la autonomía de la voluntad de la persona ha de mantenerse durante la enfermedad y alcanzar plenamente al proceso de morir y de la muerte y en Aragón está legislado solo falta que el Gobierno de Aragón desarrolle la ley” concluye.
Parece ser que el gobierno de Luisa Fernanda Rudi, ha nombrado un comité de bioética y no ha contado para nada con la opinión de la asociación de Muerte Digna.
La ley aragonesa que se aprobó en marzo del 2011, establece que “el derecho del paciente a ser informado de sus derechos, la esencial protección del denominado ”consentimiento informado” y el derecho a expresar la voluntad (incluso anticipadamente) sobre las intervenciones y los tratamientos que desee recibir.
En España existe esta ley en Andalucía y Navarra.
