Por José Luis Bermejo Latre
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza
En el mes de septiembre de 2014 se abría el proceso de elección del nuevo Justicia de Aragón, con la declaración de cese del vigente -García Vicente-, quien ha cumplido su tercer mandato, sumando más de quince años en el cargo. Para su reemplazo, la coalición parlamentaria que sustenta al gobierno (PP-PAR) propuso a Julio Arenere, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en tanto que el PSOE apostó por Fernando Zubiri, presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, hallándose ambos candidatos muy próximos a su jubilación en la magistratura.
Ante la falta de acuerdo, PP y PAR terminaron registrando en las Cortes de Aragón a principios de enero de 2015 su propuesta originaria, antes de que expirase el plazo legal para formalizarla. Todo el proceso se ha conducido a través de conversaciones informales que han resultado infructuosas, sin que hayan tenido lugar negociaciones formales y sin la participación de CHA ni IU. Por ello, ante la indignación de la oposición parlamentaria y la inconveniencia –y acaso imposibilidad temporal- de un nombramiento sin el consenso apropiado al caso, parece que García Vicente continuará vigente como Justicia dada la falta de tiempo material para el debate y su posterior nombramiento. El Justicia debe ser elegido “en primera vuelta” con los tres quintos de la Cámara (40 diputados) pero la mayoría PP-PAR suma solo 37, de modo que para su elección “en segunda vuelta”, que solo exige mayoría simple, debería abrirse un nuevo plazo por un lapso mínimo tres meses.
No habrá nuevo Justicia de Aragón antes del final de la legislatura y, me atrevo a augurar que será difícil que lo haya en los inicios de la siguiente. Puede suceder que Fernando García Vicente se suceda a sí mismo, aun involuntariamente. El actual panorama parlamentario de partidos políticos va previsiblemente a ampliarse, dando cabida a nuevos entrantes y dificultando aún más la toma de acuerdos en general y, cómo no, en cuanto a la designación de personas.
El próximo Justicia debería ser pugnaz con la Administración, y preferiblemente no estar formalmente alineado con ningún partido ni ideología políticos. No se debería descartar ningún nombre de renombre, pero tampoco obsesionarse con el nombramiento de un líder carismático o mediático. Bastaría con elevar al Justiciazgo a algún ex alto funcionario, buen conocedor de la Administración pública y de sus inercias y miserias, y con “poco que perder”. Y, de cara a su reemplazo futuro, probablemente habría que aprender la lección del presente y modificar la Ley 4/1985 para disponer que las propuestas de cada partido se hicieran por dúos o hasta ternas, para facilitar las negociaciones y proteger la dignidad de los candidatos, hoy tan vilipendiada.
Sería conveniente asumir que la figura de El Justicia de Aragón no es la que fue, y dejar de cifrar nuestras señas de identidad en el simbolismo para hacerlo en la eficacia. Legalmente, la labor del Justicia tiene poco recorrido, aunque puede actuar como auxiliar de la fiscalía denunciando ilícitos (como cualquier peatón), del Defensor del Pueblo (valga la redundancia orgánica) y de la propia Diputación General de Aragón en la detección de violaciones del Estatuto (valga la redundancia funcional). Para reforzar la institución, otra posible reforma legal debería apuntar a la necesidad de que sus “advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios” sean obligatoriamente consideradas por las autoridades y organismos sujetos a su control, de modo que éstas deban revisar de oficio, revocar o modificar sus actos o resoluciones viciados.
Dicho lo cual, me atrevo a apostar por que el próximo Justicia de Aragón será, si él mismo quiere, José Angel Biel. Porque, como él mismo dijo de sí mismo en la antesala de los pasados comicios, “un marine no se jubila en intendencia”, pero nada dijo de la banda de música militar.
