Por José Luis Bermejo Latre
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza
En el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza del 26 de febrero de 2014 se discutieron diversas cuestiones, entre las cuales el hoy manido Acuerdo de financiación suscrito con el Gobierno de Aragón en 2011 y presuntamente incumplido.
Los representantes de Plataforma (vulgo “la oposición al Rector”) expusieron su reparo porque no constaban en el proyecto de presupuestos de la Universidad de Zaragoza sometido a debate (febrero de 2014) las acciones para reclamar jurídicamente el incumplimiento del Acuerdo, acciones que, a su juicio, debían partir del hecho de que las cuantías figurasen en los presupuestos como ingresos.
En respuesta a esta denuncia de Plataforma, el vicerrector de Economía, hoy candidato del PSOE a la concejalía zaragozana del mismo ramo (es de suponer), opuso vagas razones de “técnica presupuestaria” para rechazar la “oportunidad” de consignar las cantidades presuntamente debidas por el Gobierno de Aragón en los presupuestos de la Universidad.
Los representantes de Plataforma mantuvieron su requerimiento de información al Rectorado acerca de la base legal para la reclamación jurídica por el incumplimiento del Acuerdo de financiación, proponiendo que se siguiera la senda marcada por una sentencia recientemente dictada a favor de la Universidad Complutense de Madrid en un asunto similar. El entonces decano de la Facultad de Derecho y asesor del Rector, terció en el debate afirmando que sería irresponsable que el convenio fuera objeto de litigio porque no era conveniente, que ya se había estudiado la viabilidad de la reclamación jurídica y que se había considerado que sería una temeridad.
En ese momento tomó la palabra el Rector (procede recordar que lo viene siendo desde 2008, si bien entre 2001 y 2003 ocupó el cargo –político- de director general de Enseñanza Superior en un Departamento “PSOE” del entonces Gobierno de Aragón de coalición PSOE-PAR) para relatar que cuando se publicó la sentencia dictada a favor de la Universidad Complutense de Madrid él mismo consultó a cuatro juristas, cuyas repuestas fueron unánimes y disuasorias debido a que el Acuerdo de la Universidad Complutense recogía cuantías concretas a reclamar y el de la de Zaragoza sólo criterios acompañados de la coletilla «de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria». El Rector aclaró entonces que cuando hablaba de las cantidades que el Gobierno de Aragón adeuda a la Universidad de Zaragoza era “para recordar al Gobierno de Aragón una obligación moral que no legal”. Con esta intervención se zanjó la cuestión y la moción de Plataforma en pos de la adopción de acciones para garantizar el cumplimiento del Acuerdo presuntamente incumplido (según el Rectorado) fue finalmente rechazada por el Consejo de Gobierno (o sea, por el Rectorado).
Algunos meses después, la Abogacía del Estado (con quien la Universidad de Zaragoza tiene suscrito un convenio de auxilio jurídico) evacuó un informe favorable a la viabilidad de una eventual reclamación por vía judicial de las cantidades presuntamente adeudadas por el Gobierno de Aragón. Agotando los plazos legales de reclamación administrativa y posteriormente judicial, en las postrimerías del mes de abril y en la antesala de las elecciones autonómicas, tras una intensa campaña mediática orquestada por la Universidad de Zaragoza contra el Gobierno de Aragón, aquélla acaba de deducir el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón reclamando al Gobierno de Aragón el pago de los aproximadamente 51 millones de euros que la institución académica sostiene le son debidos en cumplimiento del Acuerdo de financiación firmado en 2011.
Mis conclusiones al respecto son:
- La oposición animó al Rector a que, si estaba tan seguro de que el Gobierno de Aragón había incumplido el Acuerdo de financiación, luchase por su cumplimiento con todas las de la ley.
- Pero el Rector nunca estuvo tan seguro de que el se hubiera incumplido el Acuerdo, nunca anotó como ingreso indebido lo presuntamente adeudado. El rector había estudiado el tema y sabía lo que firmaba cuando lo firmó: contrajo un crédito moral, que no legal.
- El decano de Derecho consideró que la reclamación jurídica era inviable y temeraria, irresponsable y no conveniente.
- Cuatro juristas (ignotos) consultados por el Rector opinaron unánimemente lo contrario que opinó luego por escrito un Abogado del Estado (Ignacio Salvo, para más señas). Este fía el éxito de la reclamación –entre otras cosas- a la extrapolación de la sentencia favorable a la Universidad Complutense de Madrid, y aquéllos temen el fracaso de la reclamación ya que los pagos estaban sometidos a la «disponibilidad presupuestaria» (que, todos sabemos, ha sido decreciente desde 2011 hasta ahora).
- El Rector es un político del PSOE que ha tenido “mando en plaza”. Su adjunto el vicerrector también es del PSOE, y aspira a tenerlo. Se avecinan las elecciones y entre ambos han encendido y avivado un fuego (más, si cabe) que puede quemar (más, si cabe) a sus contrincantes ahora en el Gobierno de Aragón.
Seguiremos informando.
