Por Kenneth Roth
Director ejecutivo
España denegó la entrada a inmigrantes y solicitantes de asilo en sus fronteras, mientras cientos de ellos morían en el mar intentando llegar a las Islas Canarias.
A medida que la pandemia de Covid-19 agravaba la pobreza, las personas enfrentaron obstáculos para acceder a un nuevo plan de ayudas de la seguridad social. El gobierno anunció reformas legislativas para contrarrestar la violencia de género y permitir el autorreconocimiento de género de las personas trans. El gobierno concedió indultos parciales a nueve políticos y activistas condenados por sus acciones durante el disputado referéndum de 2017 sobre la independencia de Cataluña.
Covid-19
La Organización Mundial de la Salud estima que, hasta el 4 de noviembre, 32.902 personas habían muerto a causa del Covid-19, con lo que el número total de víctimas mortales asciende a 87.462. Un programa de vacunación nacional garantizó que para el 4 de noviembre el 88,7% de la población había recibido una dosis completa de la vacuna Covid-19.
En julio, el Tribunal Supremo dictaminó que el decreto del gobierno de marzo de 2020 por el que se imponía el “estado de alarma” para hacer frente a la pandemia de Covid-19 había restringido inconstitucionalmente los derechos fundamentales y que en su lugar el gobierno debería haber solicitado la aprobación parlamentaria para declarar el estado de emergencia. El “estado de alarma” expiró en mayo.
Migración y asilo
Según la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, hasta el 31 de octubre, al menos 33.706 personas habían llegado de forma irregular por mar a la península, a las Islas Canarias, en el océano Atlántico, y a las islas Ceuta y Melilla, enclaves del país en el norte de África, mientras que 1.068 lo hicieron por tierra. Estas cifras no incluyen los datos relativos a las llegadas a partir del 17 de mayo a Ceuta (véase más adelante). Hasta mediados de septiembre, se estimaba que 1.025 personas habían muerto o desaparecido en el mar durante el año en ruta hacia España, la mayoría de ellas en el Atlántico, según la Organización Internacional para las Migraciones.
En abril, cuatro relatores especiales de la ONU escribieron al gobierno español sobre las devoluciones abusivas desde sus enclaves a Marruecos, tras nuevas denuncias de malos tratos por parte de guardias fronterizos españoles en enero. No obstante, se denunciaron devoluciones sumarias a lo largo del año, y la coalición gobernante no respaldó la reforma de la ley vigente que permite esta práctica.
Entre el 17 y el 19 de mayo, se calcula que unas 10.000 personas entraron en Ceuta, a nado o vadeando la frontera de la playa, después de que las autoridades marroquíes dejaran, al parecer, de aplicar los controles fronterizos tras una disputa diplomática con España. El grupo, del que se calcula que entre 1.500 y 3.000 eran menores de edad, se enfrentó a devoluciones sumarias y denegación de entrada a su llegada, así como a devoluciones masivas “voluntarias” a los pocos días, lo que suscitó la preocupación de que las autoridades españolas bloquearan el acceso al asilo, devolvieran a nacionales de terceros países a Marruecos y no determinaran el interés superior de los niños antes de devolverlos. Las instalaciones de acogida de Ceuta, ya saturadas, se vieron desbordadas por aquellos a los que las autoridades españolas no expulsaron inmediatamente, y las autoridades locales crearon refugios improvisados, incluso para los más de 700 niños y niñas que permanecieron allí. Otros miles de inmigrantes se quedaron durmiendo a la intemperie en condiciones precarias.
El 13 de agosto, el gobierno español comenzó a devolver a algunos de los niños y niñas a Marruecos en virtud de un acuerdo de readmisión; el Defensor del Pueblo nacional dijo inmediatamente al gobierno que pusiera fin a lo que consideraba una práctica ilegal. Los medios de comunicación documentaron que se devolvieron más menores no acompañados a pesar de la decisión del Defensor del Pueblo, durante los dos días siguientes, hasta que un tribunal local ordenó que se detuvieran las devoluciones el 16 de agosto.
En septiembre, las fuerzas armadas españolas destacadas en otro puesto militar del norte de África, el Peñón de Vélez de la Gomera, devolvieron sumariamente a unas 125 personas, entre ellas ocho menores, que habían atravesado a pie una pequeña franja de arena que lo conectaba con territorio marroquí.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU expuso su preocupación en dos casos, hechos públicos en febrero y agosto, sobre la inadecuación de los procesos utilizados por las autoridades españolas para determinar la edad de los niños y jóvenes migrantes y solicitantes de asilo no acompañados.
En junio, el Defensor del Pueblo nacional instó al gobierno a mejorar el acceso a los permisos de residencia para los jóvenes que habían recibido autorización temporal para trabajar en el sector agrícola durante la pandemia. En octubre, el gobierno aprobó un decreto presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que establecía una vía legal clara para que unos 15.000 jóvenes migrantes obtuvieran permisos de residencia tras cumplir los 18 años.
Las autoridades españolas trasladaron por vía aérea a 2.206 afganos a España en agosto, tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán, y crearon un centro de acogida por el que pasaron unos 3.000 evacuados más a otros Estados miembros de la Unión Europea y la OTAN. A pesar de estos esfuerzos, varias decenas de intérpretes afganos y otros colaboradores que habían ayudado a las fuerzas españolas se quedaron atrapados en el país después de que concluyeran los esfuerzos formales de evacuación.
Pobreza y desigualdad
Una destacada ONG de lucha contra la pobreza calculó que 620.000 personas se sumaron a los 12,5 millones de personas que ya estaban “en riesgo de pobreza o exclusión social” en el país, con el primer aumento anual después de cinco años de descenso constante, y descubrió que, a finales de 2020, 4,5 millones de personas en España vivían en situación de pobreza severa (definida como inferior al 40% de la renta nacional media, o menos de 6.417,30 euros (7.423 dólares) por hogar y año).
Aunque el programa de Ingreso Mínimo Vital (IMV) del país, establecido en mayo de 2020 para proporcionar apoyo financiero a las personas que viven en la pobreza, ayudó a mitigar el aumento, las personas que presentaron solicitudes enfrentaron retrasos burocráticos y criterios de exclusión. Algunos asesores sociales estimaron en febrero que dos de cada tres solicitudes de ayuda del IMV fueron desestimadas. La principal red de bancos de alimentos de España calculó en febrero que estaba proporcionando hasta un 60% más de ayuda que en 2020.
Derecho a la vivienda
A pesar de un decreto del Gobierno que permite a los inquilinos con “vulnerabilidad económica” documentada solicitar una ayuda temporal contra los desahucios y los cortes de suministro, los datos oficiales mostraron que se llevaron a cabo 22.532 desahucios durante los primeros ocho meses del año, la mayoría por impago del alquiler.
En dos casos distintos comunicados en marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU consideró que España había vulnerado el derecho a la vivienda de las familias que vivían en la pobreza, con un hijo o hijos con discapacidad, y que se enfrentaban a un desahucio.
En julio, un tribunal de Barcelona absolvió a tres activistas del derecho a la vivienda de los cargos relacionados con las protestas contra un desahucio en 2018. La fiscalía había solicitado penas de tres años de cárcel, que fueron ampliamente criticadas como respuesta punitiva a una protesta legítima, incluso en una carta conjunta de cuatro relatores especiales de la ONU.
En el momento de redactar este informe, se calcula que 4.000 personas, entre ellas más de 1.500 niños, que viven en partes de la Cañada Real, un asentamiento informal en la comunidad de Madrid, se habían quedado sin electricidad después de que las autoridades y los proveedores de energía cortaran el suministro en octubre de 2020, alegando un uso ilegal. Como consecuencia, se enfrentan a un segundo invierno consecutivo sin calefacción ni electricidad.
Violencia de género
En el momento de redactar este informe, el Parlamento tenía ante sí un proyecto de ley presentado por el gobierno en julio en el que se establecía una definición más clara del consentimiento y el derecho a la reparación para las víctimas de la violencia de género, entre otras medidas.
En septiembre, el Tribunal Supremo emitió importantes directrices, con 27 reglas claras para los tribunales, sobre el maltrato habitual en el hogar y las conductas amenazantes, a partir de un caso que le llegó desde Galicia.
Aborto
Según las estadísticas oficiales, seis de las 19 comunidades autónomas y ciudades de España no contaban con centros sanitarios públicos que practicaran el aborto. La objeción de conciencia del personal sanitario seguía siendo un obstáculo para las mujeres que necesitaban asistencia para abortar.
Derecho a la educación
En abril, España había conseguido garantizar un mayor acceso a la educación presencial durante la pandemia de Covid-19 que cualquier otro país comparable de la OCDE.
En septiembre, las autoridades locales de Melilla permitieron que unos 160 niños y niñas de familias sin estatus migratorio regular, o que no podían aportar pruebas documentales de residencia, se matricularan en la escuela. Esta medida se adoptó tras años de campaña por parte de activistas locales de los derechos de la infancia sobre las dificultades que tenían los menores de familias de nacionalidad marroquí o de origen marroquí para ser escolarizados, tras repetidas recomendaciones del Defensor del Pueblo de los derechos humanos y tras un dictamen del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en junio.
Derechos de las personas con discapacidad
En junio, el Parlamento aprobó una ley de reforma de la capacidad jurídica, que provee mecanismos de apoyo a las personas con discapacidad para que puedan tomar decisiones por sí mismas, como casarse o firmar un contrato. Sin embargo, la ley no ha abolido por completo la toma de decisiones por sustitución y los tribunales pueden seguir designando a otra persona para que tome decisiones en nombre de una persona con discapacidad.
Discriminación e intolerancia
En febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), órgano de control del Consejo de Europa contra el racismo, instó al gobierno español a tomar medidas concretas para acabar con la segregación de los niños gitanos (romaníes) en las escuelas.
En marzo, el Ministerio de Igualdad publicó el primer informe oficial de España sobre la experiencia de las personas africanas y afrodescendientes, que muestra fuertes indicios de discriminación estructural contra la población negra en el país.
En mayo, la Cámara Baja del Parlamento rechazó un proyecto de ley que habría permitido el reconocimiento legal del género basado en la autoidentificación para las personas transgénero y no binarias, incluidos los menores de edad. En el momento de redactar este informe, el gobierno estaba preparando un nuevo proyecto de ley para abordar el actual procedimiento de reconocimiento de género patológico de España y ampliar la protección de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).
El controvertido referéndum catalán de 2017
En junio, el gobierno concedió indultos condicionales a nueve políticos y activistas catalanes independentistas encarcelados por su papel relacionado con el disputado referéndum de la región de 2017.
Libertad de expresión
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en casos no relacionados, en marzo y junio respectivamente, que España había violado el derecho a la libertad de expresión de tres activistas. El primer caso se refería a dos activistas medioambientales de Aragón condenados por insultar a un juez en una carta de 2010 al director de un periódico, y el segundo a un activista vasco condenado por enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio y la violencia durante un discurso de 2008.
Cumplimiento de la ley y abuso policial
En noviembre, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa publicó un informe en el que se documentaban los malos tratos físicos, como bofetadas, puñetazos y golpes de porra, y la ausencia sistemática de documentación, notificación e investigación de las denuncias de malos tratos en la custodia policial y las prisiones. El Comité también constató que en las cárceles se seguía utilizando la falaka, un método de tortura que consiste en golpear con una porra las plantas de los pies, y pidió a España que aboliera el uso de la detención incomunicada.
Ese mismo mes, los medios de comunicación indicaron que la coalición gobernante había llegado a un acuerdo para modificar una problemática ley de seguridad pública de 2015, levantando o mitigando las restricciones a la libertad de expresión y de reunión y reduciendo los poderes policiales relacionados con la detención y el uso de balas de goma.
