Por Salil Shetty
Secretario general de Amnistía Internacional
A los gobiernos se les llena la boca hablando de la importancia de proteger a la población civil. Y, sin embargo, los políticos del mundo han fracasado lamentablemente a la hora de proteger a las personas que más lo necesitan. Amnistía Internacional considera que se puede y se debe cambiar esto de una vez por todas.
El derecho internacional humanitario, que regula la conducta de las partes en los conflictos armados, no puede ser más claro al respecto. Los ataques no deben dirigirse nunca contra civiles. El principio de distinción entre civiles y combatientes es una salvaguardia fundamental para las personas atrapadas en los horrores de la guerra.
Sin embargo, una vez más, la población civil volvió a llevarse la peor parte del conflicto. En el año en que se conmemora el vigésimo aniversario del genocidio de Ruanda, los políticos pisotearon reiteradamente las normas que protegen a los civiles o miraron hacia otro lado ante quienes infringían estas normas con consecuencias letales.
Inacción de la communidad internacional
El Consejo de Seguridad de la ONU había eludido reiteradamente abordar la crisis de Siria en años anteriores, cuando aún se podrían haber salvado innumerables vidas. Esa inacción continuó en 2014. Durante los últimos cuatro años han muerto más de 200.000 personas, en su gran mayoría civiles, principalmente en ataques de las fuerzas gubernamentales. Alrededor de 4 millones de personas procedentes de Siria son ahora refugiados en otros países, y más de 7,6 millones se encuentran desplazadas dentro de Siria.
La crisis de Siria está muy ligada a la de su vecino Irak. El grupo armado autodenominado Estado Islámico (anteriormente Estado Islámico de Irak y el Levante), responsable de crímenes de guerra en Siria, ha llevado a cabo secuestros, homicidios a modo de ejecuciones y una limpieza étnica a gran escala en el norte de Irak. En paralelo, las milicias chiíes de Irak han perpetrado decenas de secuestros y homicidios de civiles suníes con el apoyo tácito del gobierno iraquí.
El ataque contra Gaza perpetrado en julio por las fuerzas israelíes se cobró la vida de 2.000 palestinos. Y, de nuevo, la mayoría –al menos 1.500– eran civiles. Tal como Amnistía Internacional expuso en un análisis detallado, se aplicó una política marcada por una cruel indiferencia y que implicó crímenes de guerra. Hamás también cometió crímenes de guerra, disparando cohetes indiscriminadamente contra Israel en acciones que causaron seis muertos.
Los horrores de la guerra
En Nigeria, el conflicto del norte entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado Boko Haram saltó a las portadas de la prensa mundial con uno de los innumerables crímenes cometidos por el grupo: el secuestro de 276 niñas en una escuela de la ciudad de Chibok. Más desapercibidos pasaron los crímenes espantosos —algunos grabados en vídeo— perpetrados por las fuerzas de seguridad nigerianas y sus colaboradores contra presuntos miembros o partidarios de Boko Haram y que Amnistía Internacional reveló en agosto. Los cadáveres de las personas asesinadas fueron arrojados a una fosa común.
En la República Centroafricana, más de 5.000 personas murieron a causa de la violencia sectaria, pese a la presencia de las fuerzas internacionales. La tortura, las violaciones y los asesinatos en masa apenas aparecieron en las portadas de la prensa mundial. Aunque, de nuevo, la mayoría de las víctimas mortales eran civiles.
Y en Sudán del Sur, el Estado más joven del mundo, decenas de miles de civiles fueron víctimas de homicidio, y dos millones huyeron de sus hogares durante el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y las de oposición. Ambas partes cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Más que palabras
Los gobiernos que con más insistencia han alzado la voz para denunciar la inacción de otros gobiernos se han mostrado después reticentes a dar un paso adelante y proporcionar la ayuda esencial que esos refugiados requieren, tanto en términos de ayuda económica como en lo que se refiere a su reasentamiento. Al concluir 2014, menos del dos por ciento de las personas refugiadas sirias habían sido reasentadas, una cifra que como mínimo debe triplicarse en 2015.
Entre tanto, un gran número de personas refugiadas y migrantes están perdiendo la vida en el Mediterráneo, tratando desesperadamente de alcanzar las costas europeas. La falta de apoyo de algunos Estados miembros de la Unión Europea a las operaciones de búsqueda y salvamento ha contribuido al alarmante número de víctimas mortales.
Una medida que se podría tomar para proteger a la población civil durante los conflictos sería restringir más el uso de armas explosivas en las zonas pobladas. Esto habría salvado muchas vidas en Ucrania, donde tanto los separatistas respaldados por Rusia (pese a los poco convincentes desmentidos de Moscú sobre su participación) como las fuerzas favorables a Kiev efectuaron ataques selectivos contra barrios civiles.
La importancia de las normas sobre protección de la población civil estriba en garantizar que, en caso de que esas normas se incumplan, la rendición de cuentas y la justicia sean reales. En este contexto, Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, de iniciar una investigación internacional sobre las denuncias de violaciones y abusos contra los derechos humanos perpetrados durante el conflicto de Sri Lanka, donde en los últimos meses de 2009 decenas de miles de civiles fueron víctimas de homicidio. Amnistía Internacional lleva cinco años haciendo campaña en favor de esa investigación. Sin una rendición de cuentas así, no podemos avanzar.
Agredir al mensajero
En otros ámbitos de los derechos humanos siguió haciendo falta mejorar. En México, la desaparición forzada de 43 estudiantes en septiembre vino a incrementar trágicamente la cifra de más de 22.000 personas que se encuentran desaparecidas o en paradero desconocido en el país desde 2006. Se cree que la mayoría han sido secuestradas por bandas delictivas, pero, según informes, muchas han sido sometidas a desaparición forzada por la policía y el ejército, que a veces actúan en connivencia con esas bandas. Las pocas víctimas cuyos restos se han hallado mostraban señales de haber sufrido tortura y otros malos tratos. Las autoridades federales y estatales no han llevado a cabo investigaciones sobre esos delitos para establecer la posible participación en ellos de agentes estatales y garantizar recurso judicial efectivo a las víctimas y sus familias. Además de esta falta de respuesta, el gobierno ha intentado encubrir la crisis de derechos humanos, y los índices de impunidad, corrupción y militarización han aumentado.
En 2014, gobiernos de muchas partes del mundo continuaron reprimiendo a las ONG y la sociedad civil, lo que en cierto modo suponía un perverso cumplido a la importancia de su papel. La Federación Rusa aumentó su poder represor con la escalofriante “ley de agentes extranjeros”, en la que resuenan ecos de la Guerra Fría. Las ONG fueron víctimas de una dura campaña de represión en Egipto, donde se usó la Ley de Asociaciones de la era Mubarak para transmitir enérgicamente el mensaje de que el gobierno no toleraría ningún tipo de disidencia. Organizaciones de derechos humanos destacadas tuvieron que retirarse del examen periódico universal del historial de derechos humanos de Egipto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por miedo a sufrir represalias.
Hay esperanza
En 2014 se cumplieron 30 años de la adopción de la Convención de la ONU contra la Tortura, otra convención en favor de la cual Amnistía Internacional hizo campaña durante muchos años, y uno de los motivos por los que en 1977 la organización recibió el premio Nobel de la Paz.
Este aniversario fue, por un lado, algo que celebrar, pero fue también una ocasión para señalar que la tortura sigue estando muy extendida en todo el mundo, motivo por el cual Amnistía Internacional lanzó este año su campaña mundial Stop Tortura.
Este mensaje contra la tortura adquirió especial resonancia tras la publicación en diciembre de un informe del Senado de Estados Unidos que demostraba que, durante los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el país, existió una disposición a justificar la tortura. Asombrosamente, algunas de las personas responsables de los actos criminales de tortura aún parecían seguir creyendo que no tenían nada de qué avergonzarse.
Desde Washington a Damasco y desde Abuja a Colombo, los líderes gubernamentales han justificado terribles violaciones de derechos humanos arguyendo la necesidad de mantener la «seguridad» en el país. En realidad, ocurre lo contrario. Esas violaciones de derechos humanos son un motivo importante por el que hoy en día vivimos en un mundo tan peligroso. Sin derechos humanos no puede haber seguridad.
Hemos visto una y otra vez que, aun en épocas que parecen funestas para los derechos humanos —y quizá especialmente en esas épocas—, es posible generar un cambio extraordinario.
Debemos esperar que, cuando en años venideros miremos hacia 2014, lo que hemos vivido este año se considere un nadir —el punto más bajo alcanzable— a partir del cual nos hayamos alzado y creado un futuro mejor.
Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/research/2015/02/annual-report-201415/
