 Por E.T. Queridos lectores: terminamos con esta última entrega el relato de esta singular estafa que denuncia con pelos y señales el ingeniero industrial Antonio Moreno Alfaro y a quien las turbios intereses de las eléctricas han querido poner contra las cuerdas. |
Capítulo V
IMPLICADOS: LAS PRUEBAS (y IV)
5.2.2.2.- Escrito de 12.11.1993 de Mycesa a Landis & Gyr
El escrito de 12.11.1993 de Mycesa a Landis & Gyr fue requisado por inspectores de la Comisión Europea durante los registros efectuados los días 12 y 13 de mayo de 1998 en las sedes de Landis & Gyr Española (Sevilla), Siemens (Madrid) y Schlumberger (Barcelona) y en las oficinas de los principales distribuidores de dichos fabricantes. En la fecha del escrito, Mycesa era DIRE (DIstribuidor REgional) de Landis & Gyr
En el escrito, dirigido a Manuel Vilela, de Landis & Gyr, responsable de la red DIRE; a Francisco Javier Jiménez Tato, actual director general y consejero de Landis & Gyr, y al resto de los DIREs, el responsable de Mycesa, Antonio Méndez, afirma que
“no será Mycesa quien entre en una lucha suicida por vender en condiciones fuera de las pactadas en cada momento con el resto de la organización DIRE”.
5.3.- Pruebas de la urgente necesidad de establecer el control metrológico del Estado
El gravísimo problema de la inexistencia de control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos (25.8 millones de unidades, a finales de 2007) está detallado en la entrega 3.- 7.500 millones de euros por un servicio inexistente.
Entre los documentos incluidos en dicha entrega en los que se advierte de la urgente necesidad de establecer el citado control metrológico, sin el cual no es posible realizar la verificación periódica de los contadores ni fijar cuál es la vida útil máxima de éstos, están el borrador del informe de mayo de 1988 del Centro Español de Metrología (CEM)y el Informe de 20.09.2001 de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
5.3.1.- Borrador del informe de mayo de 1988 del Centro Español de Metrología
En el borrador del informe de mayo de 1988, el CEM, máxima autoridad nacional en Metrología legal, hace, entre otras, las dos siguientes afirmaciones:
– Se estima urgente y prioritaria la regulación e implantación de la verificación periódica para todo el parque de contadores de energía eléctrica.
– Todo el parque de contadores deberá quedar totalmente regularizado antes de final de 1995″.
5.3.2.- Informe de 20.09.2001 de la Comisión Nacional de Energía
En el Informe de 20.09.2001, la CNE hace, entre otras, las siguientes afirmaciones respecto al estado del parque de contadores:
Páginas 38 y 39: «CONSIDERACIÓN DECIMOSÉPTIMA.- De acuerdo con la información disponible, tanto en la contenida en la documentación aportada por el denunciante D. Antonio Moreno como en la remitida por las empresas distribuidoras a instancias de esta Comisión, existiría un elevadísimo número de contadores que no garantizan la fiabilidad de la medición, y ello con independencia de si los errores de dicha mediciones pueden ir a favos o en contra de los usuarios.
Así, de acuerdo con la información remitida por las empresas distribuidoras, se denota que, sin duda favorecido por la ausencia de regulación antes apuntada, existe un buen número de equipos de medida en régimen de alquiler de los que las empresas distribuidoras carecen incluso de información acerca de su antigüedad.sobre un total de equipos de medida en régimen de alquiler de unos 19 millones, de más de 3.1 millones, es decir, de más del 16.4% del total, se desconoce su antigüedad. Alguna de las empresas llega a declarar que del 24.4% del total de sus equipos de medida en régimen de alquiler desconoce su antigüedad.
«Igualmente, de acuerdo con esa misma información, más de 7.4 millones de equipos de medida, es decir, más del 39% del total, superan los 15 años de vida sin que los mismos hayan sido objeto de una verificación periódica. Con carácter general, se acepta internacionalmente que superados los primeros 15 años de vida, la fiabilidad de la medida no queda garantizada sin más».
Página 38: «CONSIDERACIÓN DECIMOSEXTA.- (…) Con independencia de lo anterior, ya sea el error a favor o en contra de los usuarios, lo verdaderamente destacable es que no existe una suficiente garantía en la medición, algo que desde el punto de vista regulatorio debe ser corregido. En este sentido, sería conveniente que a través de una auditoría técnica pudiesen contrastarse los errores de medición que presentan los equipos de medida y control según la antigüedad de los mismos.
Por otra parte, se considera imprescindible que por parte de la Administración se proceda de manera urgente a completar, para la generalidad de los tipos de medida y control, la regulación de las diferentes fases que comprende el control metrológico, fundamentalmente las relativas a la verificación periódica de los aparatos, y ello con independencia de que en un futuro más o menos cercano pueda llegarse a establecer la obligación de sustituir paulatinamente los equipos de medida de inducción (electromecánicos) por equipos de medida estáticos (electrónicos)».
5.4.- Pruebas de que el Gobierno se niega a establecer el control metrológico del Estado
El control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos, sin el cual no es posible verificar periódicamente dichos contadores ni fijar su vida útil máxima, aún no existe a pesar de que
– los primeros contadores electromecánicos comenzaron a instalarse en España en 1881
– la Orden de 20.12.1984 del Ministerio de Industria incrementó los precios de alquiler entre el2.081,10 y el 3.123,30% con la única y exclusiva finalidad de «cubrir la función económica de permitir a las empresas alquiladoras la adecuada renovación y actualización del parque de contadores con objeto de evitar los perjuicios que de la falta de dichas renovación y actualización se derivan para la calidad y fiabilidad de la medida»
– la Ley 3/1985, de Metrología, estableció la obligatoriedad del control metrológico por parte del Estado«con el fin de velar por la corrección y exactitud de las medidas y evitar los fraudes en perjuicio de los consumidores”
– el Centro Español de Metrología (CEM) y la Comisión Nacional de Energía CNE) han advertido reiteradamente de la urgente necesidad de establecer dicho control metrológico (la primera advertencia del CEM es de julio de 1986)
El motivo de que aún no exista el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos es el servilismo del Gobierno hacia las compañías eléctricas, las cuales llevan cobrados más de 8.500 millones de euros, que se incrementa cada día en 600.000 euros, por un servicio (la «adecuada renovación y actualización»de sus parques de contadores) que no es posible dar en tanto el Gobierno no establezca dicho control.
La negativa del Gobierno a establecer el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos la pone de manifiesto el hecho de que el citado control no exista a pesar de que el Gobierno es plenamente consciente de la urgente necesidad de establecerlo y llenar el vacío legal existente desde, como mínimo, 1984.
Entre los documentos que prueban que el Gobierno es plenamente consciente de la urgente necesidad de establecer el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos están, entre otros, la Proposición no de ley de 20.12.2001 del Grupo Parlamentario Socialista y la respuesta de 24.07.2006 del Gobierno al escrito de 21.03.2006 de la diputada Dña. Isaura Navarro Casillas.
5.4.1.- Proposición no de ley de 20.12.2001 del Grupo Parlamentario Socialista
En el punto 1 de la Proposición no de Ley de 20.12.2001, María Teresa Fernández de la Vega, entonces portavoz del GPS y actual vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno insta al Gobierno de José María Aznar (04.05.1996/17.04.2004) a
«regular, de manera urgente, para la generalidad de los tipos de equipos de medida y control, las diferentes partes que comprende el control metrológico, fundamentalmente las relativas a la verificación periódica de los aparatos».
5.4.2.- Respuesta de 24.07.2006 del Gobierno a la diputada Dña. Isaura Navarro Casillas
En su respuesta de 24.07.2006 al escrito de 21.03.2006 de la diputada Dña. Isaura Navarro Casillas, el Gobierno sólo responde a una de las siete preguntas planteadas en dicho escrito.
La pregunta a la que responde el Gobierno es:
«¿Cuándo tiene previsto el Gobierno publicar en el BOE la normativa oficial sobre verificación periódica de contadores?».
Y la respuesta a dicha pregunta es:
«El Gobierno es consciente de la necesidad de elaborar una reglamentación que elimine el vacío legal actual y garantice los derechos de los agentes-consumidores y suministradores- implicados. (…) se estima que la Orden Ministerial requerirá aún al menos un año más para su publicación».
Esta respuesta, como todas las dadas por el Gobierno a preguntas de la diputada Dña. Isaura Navarro Casillas relacionadas con los contadores de la luz, es falsa, ya que, a día de hoy, 28.05.2010, en que han transcurrido casi cuatro años desde la fecha de dicha respuesta (24.07.2006), la Orden ministerial sobre verificación periódica de contadores de la luz sigue sin ser publicada en el BOE.
5.5.- Pruebas de que el Gobierno utiliza el Boletín Oficial del Estado para cometer una estafa
Como expuse en la entrega 11.- La estafa, paso a paso: Ejecución/ Gobierno PSOE (II), desde el 29.12.1984 hasta el 25.02.1987, el Gobierno utilizó el Boletín Oficial del Estado para encubrir que los precios de alquiler habían sido calculados partiendo de datos falsos, y desde el 25.02.87, lo utiliza como instrumento directo de la estafa, ya que desde dicha fecha es el propio Boletín Oficial del Estado el que miente.
El Gobierno, por tanto, es autor de un delito de estafa continuada, pues desde hace veintiséis años «utiliza, con ánimo de lucro, engaño bastante para producir error en otro (el abonado que tiene alquilado el contador), induciéndolo a realizar un acto de disposición (el pago del precio de alquiler publicado en el BOE)en perjuicio propio».
Entre los documentos que demuestran que el Gobierno lleva desde el 25.02.1987 utilizando el Boletín Oficial del Estado como instrumento directo de la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz están los cinco incluidos en la mencionada entrega (punto 11.2.- El Boletín Oficial del Estado miente: Prueba documental 1 a punto 11.6.- El Boletín Oficial del Estado miente: Prueba documental 5)
A pesar de que cualquiera de los cinco documentos basta para demostrar la existencia de la estafa, hay uno que destaca, debido a que fue emitido por los fabricantes de contadores, que son quienes facilitaron al Ministerio de Industria los datos falsos que hicieron posible la estafa en su primera etapa (del 29.12.1984 al 25.02.1987), y va dirigido al Ministerio de Industria, que es quien comete la estafa desde su inicio.
Dicho documento es el escrito de 26.05.1996 de Gustavo Eisenberg, director de la Asociación nacional de bienes de equipo, en la que están integrados los fabricantes de contadores de la luz, a María Luisa Huidobro, directora general de la Energía.
Como expuse en el punto 11.3.- El Boletín Oficial del Estado miente: Prueba documental 2 y en el punto16.8.1.- Falsedades en la respuesta de Pedro Marín Uribe al Congreso, la tabla y el gráfico adjuntos al citado escrito son dos pruebas fehacientes e irrefutables de que el Boletín Oficial del Estado está siendo utilizado para cometer una estafa, pues si, como afirma dicho Boletín, los precios de alquiler hubieran sido calculados aplicando el 1.25% al precio medio de mercado del contador, que es lo establecido en la condición 16 de la póliza de abono aprobada por el Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, los valores de la última fila de la tabla coincidirían con los de la penúltima fila y la curva II coincidiría con la curva III.
Dado que para detectar que tras las dos últimas filas de la tabla y las curvas II y III se oculta una estafa bastan los conocimientos matemáticos de un alumno de primero de bachiller, el escrito de 26.05.1996 es una prueba irrefutable de la ignorancia y/o la corrupción de los políticos y funcionarios, incluidos jueces y fiscales, responsables de que la estafa en los precios de alquiler de los contadores continúe cometiéndose.
Por cierto, el escrito fue remitido al Ministerio de Industria veinte días después de que el Gobierno pasara de las manos (¿manos o garras?) del PSOE a las del PP, lo cual demuestra la ingenuidad de los fabricantes de contadores, ya que el PP, como buen lacayo de las compañías eléctricas, hizo caso omiso del escrito y no estableció el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos (lo estableció, mediante la Orden FOM 1100/2002, pero fue obligado a retirar ésta antes de que entrara en vigor, como explico en la entrega 3.- 7.500 millones de euros por un servicio inexistente).
6.- Conclusión
Los documentos incluidos en la presente entrega, que son sólo una pequeña parte de los obrantes en los tribunales, prueban de forma fehaciente e irrebatible que existen claros indicios de que la respuesta a las cuatro preguntas planteadas en el punto 3 es, sin la más mínima duda, un rotundo SÍ.
A pesar de ello, resultan inútiles todos mis intentos de que los tribunales investiguen la estafa en los precios de alquiler de los contadores y los delitos conexos a ella y me permitan demostrar que los motivos alegados por la multinacional suiza Landis & Gyr para despedirme son falsos, lo cual me tiene desde el 07.11.1994 en la más completa indefensión jurídica.
En consecuencia, a partir de la próxima entrega publicaré los nombres de las empresas y personas implicadas, por colaboración activa u omisiva, en la trama mafiosa responsable de que los clientes de las compañías eléctricas llevemos pagados desde 1984 más de 8.500 millones de euros por un servicio que no recibimos porque el Gobierno aún no ha definido en qué consiste dicho servicio; de que más de la mitad de esos 8.500 millones de euros nos haya sido estafada a través del Boletín Oficial del Estado y de que el resultado de mi negativa a colaborar con la citada trama haya sido, hasta ahora, la destrucción de mi buen nombre profesional, mi ruina económica y la impunidad de los delincuentes.
Confío en que entre los lectores de las próximas entregas haya un juez que tenga la valentía e independencia necesarias para investigar a la mafia del kilowatio y me llame a declarar.
PRÓXIMA ENTREGA
La próxima entrega estará dedicada a las compañías eléctricas, las grandes corruptoras y depredadoras, de cuyo inmenso poder sobre los partidos políticos da idea el hecho de que el Gobierno les regalara 10.000 millones de euros de dinero público mes y medio antes de aprobar los recortes sociales más duros desde 1975, con los que el Gobierno pretende ahorrar 15.000 millones de euros a costa de, entre otras partidas, las jubilaciones y los cheques-bebé. Con dicho regalo, que tiene la garantía del Estado, el Gobierno institucionaliza el fraude contable descrito en las entregas La tarifa de la corrupción y La tarifa eléctrica, en manos de un peón de la mafia del kilowatio.
La corrupción nos afecta a todos. Combátala difundiendo www.estafaluz.com
