Por Javier Puy
Es hora ya de que los responsables, de que todos los aragoneses perdamos dinero para compensar las indemnizaciones por nepotismo y por abuso de poder, paguen de su bolsillo en lugar de con el bolsillo de los ciudadanos
UPyD Aragón informa de la presentación, ante el Gobierno de Aragón y la Mesa de las Cortes de Aragón, con fecha 14 de octubre del presente, de una propuesta de reordenación del Sector Público-Empresarial dependiente del Gobierno de Aragón y de la necesidad de la adopción por el Ejecutivo de medidas urgentes y adicionales de eficacia público-empresarial, a implementar en las empresas propias y participadas por el Gobierno de Aragón.
En este sentido UPyD considera imprescindible trasladar al Gobierno de Aragón que lo excepcional no puede convertirse en regla general en la gestión de los servicios públicos en nuestra Comunidad Autónoma, dado que el Sector Público-Empresarial dependiente del Ejecutivo del Gobierno de Aragón no puede recibir casi el 14% del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Por ello se propone la urgente reorganización del Sector Público-Empresarial del Gobierno de Aragón, limitándolo a lo imprescindible, mediante la adopción con carácter urgente de las siguientes medidas:
1. La presentación por parte del Consejero de Hacienda y Administración Pública del Informe Global de Auditoria de la situación financiera de todas las empresas públicas integradas en el Consorcio de Empresas Públicas del Gobierno de Aragón, antes de la presentación del proyecto de Ley de presupuestos para 2012 ante las Cortes de Aragón.
2. Ante el alto nivel de endeudamiento del Sector Público-Empresarial del Gobierno de Aragón adquirido en la anterior legislatura, se considera necesario reforzar los mecanismos de control interno y auditoría de los entes público-empresariales dependientes del Gobierno de Aragón.
3. La reducción en un 50% de los vocales integrantes de los Consejos de Administración de las corporaciones y empresas públicas del Gobierno de Aragón, con la total supresión de injustificadas indemnizaciones por dietas y asistencia a Juntas y desplazamientos en los supuestos de ausencia de dedicación exclusiva de sus miembros o vocales.
4. Las empresas públicas o entes público-empresariales que se financien en más de un 50% con transferencias, subvenciones o aportaciones de capital público y presupuestos de la Comunidad Autónoma, deberán integrarse en la estructura administrativa de la Diputación General de Aragón. Las empresas que desempeñen funciones administrativas o potestades públicas al margen del control del gasto por parte de la Intervención General, también deben integrarse en la estructura administrativa de la Diputación General de Aragón. El mantenimiento de empresas instrumentales como SIRASA, SODEMASA y SVA, encarece un 6% los costes y evade los controles.
5. Aquellas empresas que no presten servicios públicos básicos o asistenciales, que incurran en posibles prácticas de competencia desleal contra las restantes empresas privadas -impidiendo con ello la libre iniciativa empresarial en nuestra Comunidad Autónoma-, deberán privatizarse y ponerse a la venta por parte del Gobierno de Aragón en el plazo de un año.
6. La publicación en la página web y medios digitales del Gobierno de Aragón de los sueldos, retribuciones fijas y variables, de los Staff Directivos de las empresas públicas del Gobierno de Aragón. En el actual contexto socio-económico se considera ética y moralmente ineludible limitar los exorbitantes sueldos y remuneraciones de los Directores Generales/Gerentes de dichas empresas, los cuales en ocasiones llegan a superar el sueldo de la Presidenta del Gobierno de Aragón.
7. Voluntad política del Gobierno de Aragón para exigir Responsabilidad Patrimonial Personal a los cargos directivos de sus entes públicos-empresariales en los términos que permite la Ley, exigiendo el reintegro a las arcas públicas del dinero y fondos públicos mermados por dolo, culpa o negligencia grave en la gestión, tanto en el sector administración de los que dependen o están adscritos, como de los propios entes, organismos autónomos, consorcios, fundaciones o sector público empresarial. Como concreción de esta voluntad, UPyD ha solicitado al Gobierno de Aragón que exija responsabilidad patrimonial personal a PLAZA Plataforma Logística de Zaragoza y a los responsables de la adjudicación irregular del contrato de las ambulancias del 061.
Repetimos:
Es hora ya de que los responsables, de que todos los aragoneses perdamos dinero para compensar las indemnizaciones por nepotismo y por abuso de poder, paguen de su bolsillo en lugar de con el bolsillo de los ciudadanos.
