Por Jorge Moreno
El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, un proyecto de ley cuyo objetivo es garantizar los derechos de este colectivo y promover una «sociedad inclusiva», según ha dicho la coordinadora…
….de la Ponencia, la socialista Pilimar Zamora.
En su turno como coordinadora, Zamora ha dicho que esta ley «es de todos y responde a las necesidades de las personas», además de que «no solo nos equipara a otras comunidades, sino que su regulación es pionera y avanzada». La parlamentaria del PP, Marian Orós, ha asegurado que esta ley ha llegado «tarde y mal», sin ninguna de las aportaciones de las entidades sociales y sin memoria económica», criticando la «negligencia o falta de diligencia por parte del Gobierno», tras lo que ha subrayado que esta ley «es de todas las personas con discapacidad» y responde al «enorme esfuerzo» de todos los grupos parlamentarios. Orós ha destacado que se han modificado 84 disposiciones de casi centenar de que consta el proyecto de ley, agradeciendo el trabajo de los ponentes. También ha resaltado «el impulso y la lealtad» de las entidades que representan al colectivo de discapacitados.
La diputada del PP ha comentado que esta ley «huye de paternalismos» y apuesta por la garantía de derechos, entendiendo que la discapacidad es una «falta de adecuación al entorno» y que las personas discapacitadas «se enfrentan a un entorno discapacitante», emplazando a todos a «remover esos obstáculos». Ha defendido la educación inclusiva, el deporte adaptado y el derecho a participar en la vida pública. Desde Podemos, Raúl Gay ha considerado que «hemos logrado una buena ley» y ha recordado que esta regulación comenzó en Andalucía con «un texto bastante plano» que apostaba por promover los derechos de este colectivo, puntualizando que «los derechos no se promueven, se defienden con uñas y dientes». A su juicio «hemos logrado menos de lo deseado y más de lo esperado al inicio», opinando que PP y PSOE «tienen miedo a ciertos avances», aunque ha destacado algunos aspectos de la ley como el impulso a la empleabilidad. Las personas con o sin discapacidad «tenemos los mismos derechos», ha proclamado. Gay ha mencionado algunas enmiendas introducidas por su grupo. Entre los «avances» ha aludido a la atención al parto, ya que a partir de ahora las familias contarán con asesoramiento de atención temprana. En cuanto al empleo público, se establecerán turnos separados para acceder a la función pública y respecto a la ortopedia, ha dicho que «cuando la discapacidad entra por la puerta, el dinero salta por la ventana», apuntando que la Administración financiará las prótesis. El diputado de Podemos ha advertido de que «falta mucho trabajo por delante», pero «hemos dado un paso muy importante». VOLUNTAD DE ACUERDO. En su turno como portavoz del PSOE, Pilimar Zamora ha manifestado que «cuando hay voluntad de acuerdo se alcanzan acuerdos» y que el Gobierno de Aragón se ha implicado en la aprobación de esta ley, de forma que es «el broche de oro» al «compromiso con la discapacidad». También ha hecho notar que esta ley recoge medidas contra la discriminación de género. Zamora ha elogiado el trabajo de CERMI para aprobar esta «ley ambiciosa» que impulsa las políticas de igualdad para las personas con discapacidad. Para la diputada del PAR, Elena Allué, esta ley «está hecha para que permanezca en el tiempo» y que «no solamente es derechos, sino también de garantías» y que apuesta por una sociedad «inclusiva y accesible». La ley es transversal y establece un régimen sancionador, «algo fundamental», ha continuado Allué, quien ha indicado que la discapacidad «afecta a la familia», sobre todo a las mujeres, de ahí el «protagonismo importante» de la familia en esta nueva norma. Ha celebrado que se garantice la reserva del ocho por ciento del empleo público. La parlamentaria del PAR ha apostado por extender las becas de comedor y transporte a todos los centros de educación especial, subrayando que no son colegios privados.
También ha llamado la atención sobre la «enorme» discriminación que sufren las mujeres discapacitadas. En representación de Cs, Desirée Pescador, ha dejado claro que esta ley es «un logro» del colectivo de discapacitados para «garantizar» sus derechos. Ha destacado algunos aspectos, como la inclusión de las familias, a la hora de desarrollar la ley o de los menores extranjeros para asegurar sus derechos como discapacitados. Ha reconocido la «sensibilidad especial» hacia mujeres y niñas con discapacidad, en especial las medidas para prevenir y combatir la violencia de género, y también la alusión en la ley a la discapacidad en el medio rural. Otras aportaciones de la ley atañen al acceso a la universidad y las becas de estudios, también la promoción del trabajo por cuenta propia.
La diputada de IU, Patricia Luquin, ha puesto de relieve que esta ley se ha aprobado por unanimidad y ha expresado que «es fundamental legislar para garantizar derechos», añadiendo que esta es una ley «muy demandada», tras lo que ha confiado en que no haya «ningún tipo de problema» durante la próxima legislatura para desarrollar la nueva norma. Esta ley «permite ir avanzando en cuestiones que no tienen marcha atrás», pasando de un carácter «asistencial» de las prestaciones a uno de garantía de derechos, lo que exige «compromiso político, medios y recursos». Ha apostado por impulsar la empleabilidad de este colectivo para conseguir la independencia económica