Por Jorge Moreno
El Gobierno podrá detener un desahucio en un plazo de diez días si se estima que el afectado tiene riesgo de exclusión. El Ejecutivo autonómico suscribió ayer un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para coordinar el procedimiento. El mecanismo se aplicará tanto a ejecuciones hipotecarias como en impagos de alquileres.
En el primer trimestre del 2013 se registraron en Aragón 521 desahucios. El convenio aprobado permitirá que el juez que deba encargarse del procedimiento de desahucio comunique las situaciones de posible vulnerabilidad que detecte para que los servicios sociales del Gobierno propongan la solución al problema antes de que se ejecute. Las soluciones variarán en función de cada caso. El Ejecutivo podrá ofrecer una vivienda a los afectados o, si son personas mayores, darles la posibilidad de ocupar una plaza pública en una residencia. Aragón es la tercera comunidad que firma un convenio de estas características tras Galicia y el País Vasco.
El sistema quiere dar fluidez a la comunicación entre los jueces y el Gobierno con el fin de paralizar los desahucios siempre que exista riesgo de exclusión. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) analizará cada caso para determinar si la persona que va a ser desahuciada está en situación de vulnerabilidad. El convenio se aplicará a partir de ahora en toda la comunidad. Pero el Ejecutivo está estudiando fórmulas para que tenga efectos retroactivos. Es decir, que tenga efectos en casos acontecidos con anterioridad. Ya se ha pedido una reunión urgente de la Comisión Mixta Gobierno de Aragón-CGPJ para encontrar soluciones, entre ellas la cesión de viviendas.
El consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, reconoció que este convenio no soluciona el problema de quien se ha visto ya afectado por un desahucio, aunque «se da un paso adelante». El portavoz del Gobierno agradeció la colaboración de los ayuntamientos, especialmente de las grandes ciudades, donde el problema es más grave, para poner a disposición viviendas vacías, y auguró que el volumen de estas será, a corto plazo, «suficiente».
Antonio Dorado, vocal del CGPJ, explicó que este convenio puede «paliar» los efectos devastadores de la crisis para algunos ciudadanos.
Desde Stop Desahucios dicen: ”no conocemos ni el texto ni el convenio, pero si que se oye algo, no sabemos cuántas viviendas hay ni quien las va a gestionar y se esa gestión conlleva a la privatización del servicio” Para la plataforma la mayor parte de la gente no tienen dinero para pagar el uno y medio del IPREM, ya que pagarlo y sobrevivir con el subsidio del paro(426 euros) es muy difícil o casi imposible. En Zaragoza, sólo 900 familias están esperando el alquiler social de Zaragoza Vivienda, y según el gobierno aragonés son 400 en Aragón. Para Stop Desahucios tiene que cambiar el modelo de acceso a la vivienda, se prime el uso antes que la propiedad y se promocione el alquiler a través de ayudas del Estado, como mayor tiempo de los contratos de alquiler, actualmente tres meses y no limitar los derechos. Un ejemplo, Austria tiene el 78% de los pisos en alquiler.