El origen de la corrupción: diagnosis y profilaxis / Manuel Medrano

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Por Manuel Medrano
http://manuelmedrano.wordpress.com

    Si en cuestiones de salud, educación o aprendizaje del comportamiento se está continuamente insistiendo en la necesidad de prevenir, ¿por qué no se hace lo mismo cuando se trata de atajar o corregir los hábitos que acaban produciendo corruptelas y corruptos, y generando putrefacción en la Democracia? Misterio, misterio…    Líbrenme los Dioses y Diosas de pontificar al respecto, pero permítanme exponer muy resumidamente mis tesis sobre dónde está el origen de las malformaciones, y sugerir qué podría corregirse o sustituirse. Vamos a las raíces y les incluyo mis opiniones, ‘gratis et amore’:

– Los dineros: es imprescindible establecer mecanismos de transparencia y participación en los partidos políticos y en los grupos institucionales de los partidos. En especial, deben ser transparentes los criterios de ejecución de las partidas de gastos de funcionamiento y realizarse auditorías y evaluaciones económicas (efectuadas por entidades independientes) de los presupuestos y contabilidad, haciendo especial hincapié en presupuestos y contabilidad de los procesos electorales celebrados.

– Los militantes: debe realizarse una propuesta concreta de limitación de mandatos y legislaturas para todos los cargos públicos, de confianza, y orgánicos con responsabilidad ejecutiva, así como del personal empleado por cuenta ajena con retribución a cargo de los partidos, a fin de evitar la profesionalización y continuidad ilimitada en la vida política, que sólo favorecen la aparición de corruptelas y malas prácticas y los intereses personalistas de algunos/as en detrimento del interés general de los propios partidos y de la ciudadanía en su conjunto, en todos sus niveles. La permanencia durante décadas en cargos remunerados públicos o internos (“funcionarios de partido” con responsabilidad ejecutiva) es una auténtica aberración, el origen de los cargos hereditarios, de las designaciones digitales de sucesores y de la muerte de la Democracia real en las organizaciones, así como de la peor picaresca y del mayor fraude en los procesos orgánicos.

– Los responsables políticos: aplicar siempre el principio irrenunciable de una persona = un cargo = una retribución, evitando discriminación y opacidad y favoreciendo la transparencia total de cada euro de dinero público gestionado, garantizando la eficacia y dedicación total en el ejercicio de las responsabilidades públicas. Aplicación estricta de incompatibilidades para ocupar dos o más puestos públicos remunerados, así como por conexiones con empresas licitadoras de las administraciones públicas. Y eliminación total de los sobresueldos, aunque una de las fuentes de ingresos personales sea el propio partido político.

– Erradicación de la “simonía política”: la coincidencia entre donantes de dinero a un partido político y su posterior aparición en sus listas electorales, personalmente o mediante familiares y/o socios de negocios interpuestos, práctica muy comprobable por cierto, debe acabar ya mismo. O no nos vamos a creer nada de lo que nos cuenten quienes sigan con estas costumbres puesto que nos están diciendo que, en su opinión, quienes mejor pueden gestionar lo público son aquéllos que les dan pasta a ellos particularmente.

– Congresos abiertos, totalmente: un militante = un voto. Sin ponderaciones ni engaños. Y organización de estos eventos sin intervención de los “profesionales” del partido político que sea.

– Revisión del sistema de avales: quienes controlan el aparato pueden comenzar a recogerlos, especialmente entre indecisos o poco informados, antes que nadie e, incluso, antes de las fechas establecidas oficialmente para su recopilación. Y, evidentemente, están en posición de presionar gracias al poder del que disfrutan, que así se perpetúa indefinidamente.

– Estructuras orgánicas electas de abajo hacia arriba: si se quiere auténtica Democracia, los cónclaves políticos no deben celebrarse “en cascada”, sino “en surtidor”. Es decir: desde la circunscripción más básica (ciudad y/o provincia), pasando por la comunidad autónoma, hasta llegar, pero después y no antes, al ámbito nacional. ¿Cuál es el problema para hacer esto? Creo que, objetivamente, ninguno, pero nunca se hace así. ¿Se imaginan la razón?

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